Unas mujeres okupan una sala de conciertos en pleno centro de Sevilla y acusan al dueño de no estar

Un grupo de mujeres han okupado una sala de conciertos bajo el pretexto de que el dueño del mismo estaba desaparecido. Tras llamar éste a la Policía, los agentes han procedido al desalojo del local, situado en plena ronda histórica de Sevilla. El colectivo de mujeres quería hacer de él un centro social «okupado y autogestionado». Según han dicho las activistas, intentaron localizar al dueño, sin éxito, por lo que procedieron a okupar la sala.

Las citadas activistas han informado de que se trata de una antigua sala de conciertos «abandonada» y deteriorada, y alegan que desde unas dos semanas atrás estaba siendo adecuada por el colectivo para su uso como nuevo espacio social, con el nombre de Centro Social Okupado y Autogestionado La Leona. Además, las activistas defienden sus esfuerzos por localizar a la persona o entidad propietaria del local, insistiendo en que el mismo estaba «abandonado».

Sobre las 19:00 de este pasado jueves, el colectivo hacía pública la okupación del local, destinado a acoger un proyecto «comunitario, cultural y artístico» en el que «tejer redes de apoyo y solidaridad, compartir experiencias y aprendizajes y, al mismo tiempo, atender las necesidades de la juventud y del barrio».

Pero tras hacer público tal extremo, según las activistas, a partir de las 20,00 horas habrían comenzado a llegar agentes de la Policía Nacional, cuerpo que finalmente desalojó el local sin acometer detenciones ni identificaciones, según han detallado a Europa Press fuentes policiales, señalando que el dueño del recinto solicitó la actuación de los agentes tras ser informado por un vecino de la zona de la ocupación de la sala.

El colectivo de activistas, que habría ocupado el local sin la aquiescencia del dueño, expone que la Policía Nacional acometió el desalojo «sin contar con ninguna orden judicial». «Varias personas que ejercían de mediadoras del colectivo informaron a los agentes policiales de la situación y les aportaron pruebas de que varias personas residían en el interior del edificio desde hacía al menos dos semanas», alegan, considerando «ilegal» el desalojo y criticando que los agentes actuasen «por la fuerza».

Según el colectivo, «cada vez más edificios se abandonan y quedan a merced de la especulación y, en paralelo, van quedando cada día menos lugares que representen las identidades culturales de nuestros barrios, a la par que desaparecen espacios que den cabida a un arte libre del yugo económico».