Unas 300 narcolanchas se apilan en el puerto de Algeciras por el colapso judicial: «Es tercermundista»

Las lanchas incautadas a los narcos del Estrecho se amontonan por docenas en el puerto de Algeciras (Cádiz). Semirrígidas, motos acuáticas, embarcaciones de recreo… Todas perfectamente acondicionadas para una única función: llegar desde Marruecos con la máxima cantidad de droga y en el menor tiempo posible. Algunas alcanzan los 70 nudos, unos 130 kilómetros por hora (40 más que las patrulleras de la Guardia Civil), y se plantan en la costa andaluza en menos de 30 minutos.

El panorama en el puerto algecireño es «tercermundista» y las condiciones en las que trabajan los agentes, dignas de una «república bananera», denuncia a OKDIARIO Andalucía Paco Mena, presidente de la coordinadora antidroga Alternativas del Campo de Gibraltar. Según la Fiscalía General del Estado, a principios de 2024 se apilaban casi 300 narcolanchas en Algeciras y 80 más en El Puerto de Santa María por el colapso en las órdenes de destrucción. Allí se quedan hasta que el juzgado decida su desguace, pero el atasco llega en el paso de la competencia policial a la judicial.

Sobre el depósito y decomiso de estas embarcaciones, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha advertido este miércoles del «problema» que supone «habilitar espacios» para almacenarlas. Antes se subastaban, pero volvían a manos del narco. Es «muy difícil» reutilizar las narcolanchas «para interés público» porque primero habría que «adaptarlas», ha indicado, ya que están fabricadas «de forma totalmente ilegal».

La Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2023 recogió su preocupación por la «proliferación escandalosa» de narcolanchas en esta suerte de cementerios provisionales. También lamentaba la «lentitud» en el enjuiciamiento de este tipo de delitos.

En los últimos seis meses se han producido «más de 230 avistamientos» de narcolanchas en el litoral andaluz. El ciclo es siempre el mismo: las autoridades las incautan, se trasladan a un depósito, se tasan y aguardan allí hasta que un auto judicial dicte su destrucción. Entretanto, como si acudieran a un desguace, las mafias aprovechan para adentrarse y robar distintas piezas útiles para su logística: GPS, pantallas, direcciones, motores…

En el puerto de Algeciras las narcolanchas se acumulan en la base de las patrulleras de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. Para destruirlas, explica Mena, primero hay que descontaminarlas y separar sus piezas (aceite, plásticos, madera, metal). «El proceso es bastante farragoso ya que lo tiene que ordenar el juez que lleva la instrucción del caso. Es tercermundista. En esas condiciones tienen que trabajar los agentes. Es de república bananera», sentencia.

La Memoria de la Fiscalía recalcó que los juzgados de la provincia de Cádiz, especialmente los mixtos y los del Campo de Gibraltar, Barbate y Chiclana de la Frontera, están «desbordados por volumen de trabajo, macrocausas vinculadas con el narcotráfico y notorias deficiencias de medios personales», lo que junto a lo «anacrónico» del sistema procesal «origina grandes dilaciones que dan lugar a la paralización de las causas, llegando en ocasiones a la prescripción, o por vía de las atenuantes, con frecuencia muy cualificadas, a importantes rebajas de las penas».

Cada vez más «violentos»

En su Memoria, la Fiscalía puso el foco en el «atrevimiento» de los narcos a la hora de «exhibir» sus embarcaciones y la «violencia» contra las fuerzas de seguridad del Estado, que hacen frente a estos grupos criminales sin «medios y capacidad suficientes». Las narcolanchas suelen llevar varios motores de 350 cv de potencia, además de sistemas de navegación y comunicación altamente sofisticados. Las gomas «se esconden o encuentran abrigo en aguas internacionales, en Marruecos y también en Portugal», donde no están catalogadas como ilegales, lo que aprovechan para el montaje de los motores y de sistemas de comunicación para su posterior traslado a España.

La Fiscalía también alertó de la «menor presión policial tras el desmantelamiento de OCON Sur», la unidad antidroga de la Guardia Civil que luchaba contra los narcos del Estrecho y que el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ordenó echar el cierre sin razón aparente.

Este mismo miércoles, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil) para abordar la «preocupante situación» de seguridad en el litoral gaditano, con especial enfoque en la lucha contra el narcotráfico.

Los agentes consideran que el día a día se ha vuelto «insostenible debido a la creciente actividad delictiva» en la zona y han hecho hincapié en la necesidad de «modernizar» su equipamiento, ya que algunos de los medios actuales «no se ajustan a las exigencias operativas en una zona tan conflictiva» como la costa gaditana.

En Barbate tuvo lugar en febrero el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil que fueron arrollados por una narcolancha en el puerto. El presunto piloto de la embarcación, el marroquí Karim El Baqqali, fue detenido el pasado jueves y se encuentra en prisión provisional sin fianza acusado de dos delitos de asesinato, cuatro de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado, uno contrabando y otro de pertenencia a organización criminal.