Sánchez abandona a los guardias civiles que vigilan la frontera con Marruecos: «No sabemos qué hacer»

Los agentes de la Guardia Civil que vigilan las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos llevan años reclamando un protocolo claro de actuación en caso de invasión masiva de inmigrantes ilegales. El objetivo es claro: evitar nuevas tragedias. Sin embargo, la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez les obliga a improvisar en el caso de que se produzca un nuevo salto masivo a la valla. Desde la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) recuerdan que, diez años después de la tragedia del Tarajal (Ceuta), continúan sin tener un protocolo «claro de cómo deberán actuar en el caso de nuevos intentos masivos de tocar tierra española por parte de migrantes sin permiso».

«Jucil pretende abordar la falta de protocolos claros y específicos de actuación para los guardias civiles en contextos migratorios masivos, con el objetivo de prevenir nuevas tragedias y también de garantizar tanto la seguridad como los derechos de todos los involucrados en esta situación», afirma el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño.

El 6 de febrero de 2014, según rememora Jucil, 16 guardias civiles de servicio se vieron completamente superados por los acontecimientos, en los que llegó a intervenir el Ejército, lo que puso de manifiesto la complicada controversia a la que se enfrentan los guardias civiles cuando deben gestionar situaciones migratorias.

«La falta de unos protocolos concretos y la incertidumbre jurídica sobre cómo se deben de abordar estas situaciones contribuye a un escenario problemático donde se observan soluciones inadecuadas, tanto para la atención y el cuidado personal de los migrantes como para la tranquilidad sobre su intervención de los propios agentes», precisa el secretario general.

En este sentido, recuerda que el caso, sobreseído en los tribunales en varias ocasiones, aún es motivo de controversia judicial. Por ello, recalcan que es importante la elaboración de los protocolos. «No tenemos la menor duda de que esos protocolos deben de ser el resultado de una cuidadosa consideración del respeto a los derechos humanos, la seguridad de los migrantes y los procedimientos adecuados para asegurar el orden en las fronteras», afirma Vilariño.