Piden prisión para un ex alcalde del PP en Granada por agresión sexual a su concejal de Igualdad
Ambos compartían despacho y, según la edil, el regidor le propuso mantener relaciones en "varias ocasiones"
La Fiscalía reclama cuatro años y nueve meses de cárcel y una indemnización de 25.000 euros
La Fiscalía ha solicitado una condena de cuatro años y nueve meses de prisión para el ex alcalde de El Pinar (Granada) Francisco Titos Martos (PP) por un delito de acoso sexual y otro continuado de agresión sexual que durante meses cometió presuntamente contra su concejal de Igualdad, también del PP. Tras la denuncia de la edil, presentada el pasado noviembre, el juez acordó medidas cautelares y Titos Martos presentó su dimisión alegando «motivos de salud».
Según la denuncia de la concejal, el ex alcalde le insistió en mantener relaciones sexuales pese a su negativa, llegando a agredirla sexualmente en «varias ocasiones». La edil aportó vídeos y audios en una declaración que el juez instructor catalogó de «coherente y verosímil», señalando un «peligro actual y real». El ex alcalde se acogió a su derecho a no declarar.
Además de la pena de cárcel, el Ministerio Fiscal solicita en su escrito de acusación provisional que también sea condenado a 20 meses de inhabilitación especial para ejercer como alcalde o cualquier otro cargo de índole política. A ello suma otros cuatro años de inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto regular y directo con menores. Además de varios años de libertad vigilada y las correspondientes órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación con la edil, la fiscal solicita que el ex alcalde la indemnice en 25.000 euros por los «perjuicios psicológicos y el daño moral» sufrido.
Trato «denigrante» y «sometimientos»
Según su relato, esta concejal del PP y el entonces alcalde «compartían despacho y por su desempeño laboral habían de acudir juntos a determinados actos». Sus respectivos domicilios estaban situados a escasos 150 metros. En principio, entre 2021 y 2022, su relación «era estrictamente laboral». No obstante, a partir de agosto de 2022 y hasta noviembre de 2023, la edil «se vio sometida por parte del investigado a un trato absolutamente denigrante» que, según precisa la fiscal del caso, incluyó en varias ocasiones «sometimientos que atacaron su libertad sexual».
La Fiscalía alude a «proposiciones intimidantes» y «comportamientos desairados» cuando la presunta víctima se negaba a ello, además de comentarios «fuera de lugar» relativos a su físico. Todo ello provocó que la concejal de Igualdad tuviera que solicitar la baja laboral por las repercusiones psicológicas que le provocó el comportamiento «gravemente intimidatorio, hostil y humillante» del entonces alcalde.
A partir de este momento, la Fiscalía alude a un «plan sistemático» del investigado para «atentar contra la libertad sexual» de la edil, incluyendo diversas agresiones sexuales que presuntamente perpetró aprovechando momentos en los que, por motivos de trabajo, se encontraban juntos y a solas. El Ministerio Público recalca las reiteradas negativas de la víctima, y la «ansiedad», el «miedo» y los «daños psicológicos» que toda esta situación le generó, por lo que acabó denunciando los hechos.
La acusación particular que ejerce la concejal ha elevado su petición a siete años de cárcel por un delito de acoso sexual y otro continuado de agresión sexual. También reclama que Titos Martos la indemnice en 35.000 euros por los perjuicios psicológicos sufridos y los daños morales causados, según consta en su escrito de conclusiones provisionales.
Titos Martos, reelegido en las pasadas elecciones municipales por mayoría absoluta, fue procesado el pasado abril por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Órgiva (Granada), competente en Violencia Sobre la Mujer. Ya el pasado noviembre presentó su dimisión y fuentes del PP confirmaron entonces que también había formalizado su baja en el partido.