La ley ecologista de Moreno salva el bloqueo parlamentario y Andalucía esquiva el adelanto electoral

La Ley de Economía Circular ha superado este jueves el primer obstáculo en el Pleno del Parlamento andaluz con el apoyo de la izquierda y el rechazo de Vox. El proyecto de ley, aprobado el pasado 14 de diciembre en el Consejo de Gobierno de PP y Cs, es la principal iniciativa parlamentaria de la Junta en este tramo final de legislatura.

Superado así este primer escollo, el presidente de los andaluces Juanma Moreno aleja el fantasma del adelanto electoral y sortea el bloqueo parlamentario que habría desencadenado en la convocatoria de elecciones este mismo mes de febrero, tal y como advirtió la Junta.

El Pleno del Parlamento ha rechazado la enmienda a la totalidad registrada por Vox con el voto en contra del resto de la Cámara -es decir, de los diputados de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), Unidas Podemos por Andalucía (UPporA) y los no adscritos procedentes de Adelante Andalucía-.

A pesar de ello, los socialistas y Unidas Podemos han criticado a la Junta por las «prisas» en los plazos de tramitación de esta ley ecologista que afianza la revolución verde de la comunidad y que continuará ahora en la comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. El proyecto de ley situará a Andalucía «a la vanguardia de un modelo económico dirigido a la sostenibilidad y al aprovechamiento responsable de los recursos naturales».

El texto articula medidas para afrontar los nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales. Entre ellas, desde la Junta destacan las enfocadas al aumento de la vida útil de los productos y el favorecimiento de un uso racional de las materias primas, la reducción del desperdicio alimentario, el ‘pago por uso’, la lucha contra la obsolescencia programada y el desarrollo del ‘derecho a reparar’.

Entre las principales novedades incluidas en la normativa, desde la Junta destacan la creación de un registro público de análisis del ciclo de vida de productos, obras y servicios; el fomento de un uso y consumo responsable, o la reducción de residuos desde la simbiosis industrial y la consideración de subproductos o fin de condición de residuos.

Andalucía, «alineada con Europa»

En defensa de la ley ha intervenido en el Pleno la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, quien ha argumentado que «estamos alineados con Europa», y aún cuando ha considerado que «la directiva está ahí», ha abogado por que «tenemos que ir más allá, Andalucía tiene que tener esa revolución para tener esa economía circular, referente a la vanguardia», y demandar entonces de los grupos parlamentarios que «tenemos que apoyar una norma que apoyan los agricultores y empresarios».

La consejera de Agricultura ha defendido que «es una ley muy completa», cuya estructura de 87 artículos ha comparado con los siete artículos de la ley de Castilla La Mancha para situar su contribución en que «permite tener un modelo nuevo productivo a todos los sectores productivos», y aventurar que «si la ley sigue adelante Andalucía se va a poner a la cabeza de la economía circular en Europa».

Crespo, tras indicar que los grupos cuentan con la ley desde el 16 de diciembre de 2021, ha subrayado que Andalucía trabaja por adelantado en comparación con el resto de España, por cuanto aún no se ha hecho la transposición de la directiva comunitaria, que tendría que haberse efectuado en julio de 2020, ha considerado que se trata de «una ley redonda» porque es «una oportunidad de cambiar las cosas, de mejorar el medio ambiente, de hacer de un nicho un negocio, de permitir usar los fondos europeos y que viene a transformar una Andalucía circular para ser pioneros».

Vox defiende la Agenda España

Frente al posicionamiento de la Junta, el portavoz adjunto de Vox, Rodrigo Alonso, ha señalado que el proyecto legal impulsado por el Gobierno andaluz «cumple al dedillo la estrategia de economía circular de Pedro Sánchez, la Agenda 2030», mientras que ha situado la posición de su grupo, el único que ha reclamado la devolución de la ley con la presentación de una enmienda a la totalidad, como un ejercicio donde «venimos a defender nuestra soberanía», por cuanto ha situado a su partido como «alternativa» para presentar «la Agenda de España» frente a la Agenda 2030, que ha descrito como producto de «las élites globalistas que ha diseñado el Foro de Davos».

Alonso se ha lamentado de que la Agenda 2030 «despoja de soberanía a las naciones marcando políticas, una agenda diseñada al margen de la soberanía haciendo pinza de izquierda a derecha, una herramienta para favorecer el globalismo progresista», por lo que ha considerado que es una amenaza para «una agricultura y ganadería heridas de muertes, se les desmoniza porque contaminan», y ha augurado que «los trabajadores de España están sometidos a un futuro negro de paro y miseria».

Críticas de PSOE-A y Podemos

Por parte del PSOE-A, su diputada Mercedes Gámez ha opinado que el proyecto de ley arranca con el «vicio» de que es «muy poco ambiciosa», lo que provoca que «nazca coja», sin que aborde cuestiones relativas al
cambio climático, según ha añadido.

Además, ha acusado al Gobierno andaluz de intentar «tapar su nula gestión medioambiental con este proyecto de ley», y de haber traído «una gran estafa verde», y tras subrayar que PP-A y Cs están «condenados a entenderse con la izquierda cuando les falla la ultraderecha» de Vox, Gámez ha señalado que en la Junta «tienen una suerte inmensa», porque el PSOE-A «quiere hacer la verdadera ley de economía circular que necesita Andalucía» y que sea «ambiciosa», por lo que presentarán enmiendas.

Con todo, la parlamentaria socialista ha comenzado su intervención criticando las «prisas» del Gobierno de la Junta con la tramitación «inminente» de esta ley, y en esa línea ha censurado que se celebre el debate de totalidad de la misma «nueve horas después de que acabe el plazo para presentar enmiendas a la totalidad», y que la única que se ha presentado se ha admitido a trámite «media hora antes de empezar el debate».

El diputado de Unidas Podemos Ismael Sánchez también ha puesto el acento en el arranque de su intervención en «la tropelía parlamentaria» de que la Mesa del Parlamento se haya reunido a las 8:34 horas de este jueves para informar a las 8:44 horas de la calificación favorable de la enmienda a la totalidad de Vox, y advertir de que el Reglamento del Parlamento precisa que las mesas de las comisiones y del Parlamento no pueden celebrarse con el Pleno en marcha.

Sánchez ha apuntado que «mi formación, que es seria, no va a votar a favor de la enmienda a la totalidad» de Vox y «sí vamos a trabajar para que nuestra tierra tenga buena ley», momento en que ha planteado demandas como que la ley no aborde la obsolescencia programada y lamentar «la declaración de utilidad pública de los vertederos, que es casi una provocación».

Alegato de PP y Cs

Entre los grupos que sustentan el Gobierno andaluz, el parlamentario del PP-A José Ramón Carmona ha defendido que esta ley es «una de las más importantes» que se podía debatir en el Parlamento, con la que «se ha hecho un gran esfuerzo» porque es un texto trabajado durante «más de tres años», que será «pionera en Andalucía y España», además de «una referencia», y es «una apuesta por la economía verde» y para demostrar que la comunidad autónoma puede «liderar la economía del futuro».

En respuesta al diputado de Unidas Podemos Ismael Sánchez, ha defendido que en la tramitación de este proyecto «se ha cumplido escrupulosamente la ley», y a Vox le ha preguntado si «siempre va a estar hablando de la Agenda 2030» cada vez que el Gobierno andaluz remita una ley al Parlamento, al tiempo que le ha reprochado su enmienda a la totalidad de tan sólo «dos folios».

Finalmente, la parlamentaria de Cs Ana Llopis ha defendido que «esta ley nace del consenso, de la capacidad de llegar a acuerdos», para esgrimir entre sus avales los de la FAMP o el Consejo Económico Social y considerar que «es una ley municipalista, porque los municipios son el motor que van a propiciar el cambio», además de situar su contribución en que «el tejido productivo está desamparado, y esta ley les protege», y advertir de que «el residuo siempre ha sido un problema.