El juez impulsa la investigación al ex alcalde de Mijas por el caso de la urbanización de Aída Nízar

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella ha dictado una providencia en la que da un fuerte impulso al caso de presunta «administración desleal» en las cuentas de la urbanización de lujo de Cabopino, célebre porque ahí es propietaria la estrella televisiva Aída Nízar y porque en la gestión salpica al ex alcalde de Mijas Ángel Nozal y su mujer, Michelle van Gaalen. Tal como ha podido saber OKDIARIO, el letrado, «visto el estado de las presentes actuaciones», acuerda «la práctica de las siguientes diligencias»: prueba pericial caligráfica del presidente de la comunidad de propietarios, Gianni Fieno, así como nuevo cotejo del investigado Ángel Nozal; requerimiento a la actual administradora de Cabopino, Michelle van Gaalen, para que aporte el Libro Mayor de cobros recibidos y declarados; copia de las actas de las Juntas Ordinarias; y las declaraciones tributarias correspondientes al IVA.

Por otra parte, el juez requiere a una empresa de cajeros automáticos que aporte los justificantes de haber ingresado en la Agencia Tributaria las retenciones practicadas; así como aporte a las actuaciones copia de los correos electrónicos intercambiados con Michelle van Gaalen o cualquier otra persona que actuara en nombre de la Comunidad Cabopino en relación con la formalización y suscripción del contrato. Cabe recordar que los vecinos denunciaron que el ex alcalde Nozal «actuando en supuesta representación de la comunidad de propietarios de Cabopino, firma un contrato de alquiler de cajero automático cuando no figuraba como administrador de la comunidad».

En una providencia contra la que cabe recurso de reforma, el juez también oficia a dos bancos para que remitan los extractos de los movimientos de las cuentas corrientes de la Comunidad de Propietarios Cabopino. También requiere a la administradora de la Comunidad de Propietarios Cabopino, Michelle Van Gaalen, para que aporte la siguiente documentación: correos electrónicos enviados y recibidos con la empresa de cajeros automáticos en relación con la formalización y suscripción del contrato de arrendamiento del espacio para la colocación del cajero a 1 de diciembre de 2017, copia de las actas de Juntas de Propietarios en las que se aprobase la cesión de un espacio comunitario a la empresa de cajeros con indicación de las condiciones que habrían de exigirse, copia de las cuentas aprobadas en Juntas Generales de Propietarios correspondientes a las anualidades entre 2017 y 2023, en las que se incluyan los ingresos recibidos por el arrendamiento del cajero.

El caso abierto a instancias de la televisiva Aída Nízar arrancó en 2023 tras una denuncia de los propietarios en octubre de 2022. El Juzgado ya citó a Ángel Nozal para declarar como imputado, primero, y para cotejar su firma, después. Sin embargo, con fecha de 4 de julio de 2024 ordena nuevas diligencias. El ex alcalde niega los hechos y sostiene que nunca firmó ese documento controvertido y apunta a un corta y pega de un contrato de 2022 y al presidente de la comunidad, Gianni Fieno, que también fue llamado a declarar, en su caso, como testigo.

Por el contrario, los vecinos, con la citada celebrity citada a la cabeza, sostienen que son «hechos que pueden suponer presuntos actos de estafa, apropiación indebida y administración desleal», calificándolos como «presuntos delitos contra el patrimonio de la comunidad de propietarios». En lugar de que el contrato para instalar el cajero automático lo firmara Michelle van Gaalen, designada como administradora, lo suscribe misteriosamente su marido.

La denuncia vecinal afirmaba que el alquiler se fijó en 400 euros mensuales, y que los resúmenes contables de 2017 a 2022 muestran una supuesta «pérdida de 12.311,43 euros» en ingresos por arrendamiento.

Por tanto, el también conocido como caso cajero por las supuestas irregularidades en la instalación de un cajero automático en la urbanización de lujo de Cabopino da un paso más. Se trata de una comunidad de propietarios que maneja cientos de miles de euros anuales en contratos, alquileres y cuotas. Aída Nízar y los vecinos denuncian discrepancias contables entre el dinero que la comunidad debió recibir por el alquiler y lo que realmente se ingresó. La Fiscalía detectó indicios de delito y el juzgado comenzó la investigación. Acudió a declarar una recepcionista de la urbanización, cuyo testimonio se consideraba crucial para obtener más información sobre el caso.