Investigados por fraude la esposa, el hermano y dos cuñadas del ex número dos del PSOE de Andalucía

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, investiga a cuatro parientes del que fuera vicesecretario del PSOE de Andalucía, Rafael Velasco, por su relación con Aulacen 5 S.L., empresa vinculada al socialista y que hacía las veces de negocio familiar.

El juez incorpora así como investigados al hermano de Velasco, a la esposa del mismo y a dos hermanas de ésta y cuñadas del socialista a la pieza separada de la macrocausa de los cursos de formación relativa al «entramado empresarial» de Velasco.

Cabe recordar que el ex número dos del PSOE-A dimitió en 2010 como diputado autonómico tras conocerse las ayudas irregulares de la Junta socialista de Andalucía a la academia que su esposa tenía en Córdoba. Las subvenciones para impartir cursos de formación alcanzaron los 730.000 euros.

Ahora, tras destaparse este presunto fraude, se mantiene abierta una causa judicial contra Velasco después de que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla reabriese el caso, cerrado en 2017 de modo «precipitado» por la juez María Núñez Bolaños, que ni siquiera llamó al socialista declarar.

Vilaplana, que ordenó la reapertura de las actuaciones y la práctica de diligencias en junio de 2021, recuerda que este procedimiento versa sobre supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la «presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen 5», vinculada a Rafael Velasco.

Así, la citada entidad «habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular», en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE, según detalla el juez instructor, desgranando una primera ayuda de 28.752,30 euros, otra de 41.296,50 euros, una tercera de 82.593 euros y una última de 41.296,50 euros, para un total de casi 200.000 euros.

«Según se deduciría de lo actuado, podría no haberse cumplido con la disciplina de concesión, control y justificación de tales subvenciones (…) gracias al deliberado concierto de los beneficiarios con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención», considera el juez, tras atribuir la aprobación y tramitación de las ayudas a los que fueran directores generales de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes, María José Lara y Manuel Brenes y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández como presidente del SAE.

Nuevos investigados

Por ello, y «a la vista del resultado» de diversas diligencias ya practicadas, el juez ordena incorporar como investigados a la causa a Antonia M.L., Rafaela M.L., Inmaculada M.L., Pedro V.S. y Alonso S.F., tal y como recoge el auto emitido el pasado 28 de diciembre, adelantado por ABC y recogido por Europa Press.

Antonia M.L., esposa de Velasco, «era la administradora única» de la empresa Aulacen 5; mientras Rafaela M.L., hermana de la anterior y cuñada de Velasco, «podría haber cooperado en la comisión de los hechos delictivos, por cuanto aparecería como evaluadora en los cursos de formación subvencionados a pesar de tener relación de consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad en segundo grado» con su hermana y su cuñado, «administrador de hecho» de Aulacen 5, extremo prohibido por la ley y el reglamento de subvenciones.

Inmaculada M.L., también cuñada de Velasco, figura según el juez como «docente en los cursos de formación subvencionados a pesar de que tiene relación de consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad en segundo grado» con Velasco y su esposa, extremo prohibido por la ley y el reglamento de subvenciones según insiste el juez Vilaplana.

Un miembro del SAE

Pedro V.S., hermano de Velasco y por ende cuñado de Antonia M.L., administradora de Aulacen 5, figuraría igualmente como docente en tales cursos, pesando sobre él los mismos extremos, mientras que Alfonso S.F., «sin ostentar cargo que le habilitara para ello, habría intervenido en los procedimientos y expedientes administrativos objeto de la presente causa, suscribiendo comunicaciones dirigidas a los beneficiarios de subvenciones, recibiendo comunicaciones a su nombre, emitiendo certificados y participando en la toma de decisiones en la Jefatura de Servicio de la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo».

Por ejemplo, se le atribuye haber emitido un «certificado» sobre la homologación de Aulacen 5 en abril de 2005, una «certificación que se reputa mendaz dada la fecha de constitución de la sociedad el 12 de diciembre de 2005 y que la solicitud de la subvención se formuló el 15 de diciembre de 2005».

Así, el juez resuelve que todos ellos «sean llamados al presente proceso en calidad de investigados», atribuyéndoles tal condición y acordando ampliar el plazo de instrucción de la causa otros seis meses, hasta el 28 de junio de 2022.