La ex alcaldesa de IU en Campillo (Jaén), a juicio por prevaricación, malversación y falsedad

Lourdes Chica, exalcaldesa de Campillo de Arenas (Jaén) por Izquierda Unida (IU), será juzgada este jueves por presuntos delitos continuados de prevaricación, de malversación de caudales públicos y de delito de falsedad. Ha sido el Ministerio Fiscal quien ha acusado a la exedil de IU de estos delitos.

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén analizará si, como recoge el Ministerio Público en su escrito de calificación, Lourdes Chica, que fue alcaldesa de Campillo de Arenas por IU entre 2011 y 2015, «movida por un ánimo de beneficio ilícito y al margen del procedimiento legalmente establecido» ordenó que se le entregara a ella personalmente la recaudación semanal de la tasa del mercadillo.

«Lo hizo prescindiendo de cualquier procedimiento administrativo, sin soporte de informe de interventor, secretario municipal o de técnico alguno». La orden de la alcaldesa conllevó que el dinero recaudado con estas tasas no se ingresara en la cuenta municipal y que no estuviera sometido a control.

De esta forma, «dispuso de la totalidad de la recaudación, incorporando parte a su propio patrimonio y usándolos para fines ajenos al municipio». Fiscalía subraya en su escrito que «tales disposiciones del efectivo recaudado se hacían sin control de la intervención municipal o del secretario del Ayuntamiento».

Los peritos judiciales han comprobado que en 2013, de los 2.986,74 recaudados por la tasa de mercadillo, sólo hay justificado conforme a las normas tributarias una factura de cerca de 60 euros. Faltan 744,5 euros y el resto del dinero aparece como gastado pero justificado con simples tiques o anotaciones que «no se ajustan a las exigencias legales derivadas de la legislación tributaria».

En el año 2014 se recaudó con la tasa de mercadillo 3.560,70 euros, de los que solo aparecen debidamente justificados 170 euros. Fiscalía hace constar que la entonces alcaldesa «deliberadamente simuló la firma en un recibo» para justificar la entrega de 20 euros a una persona para que se desplazara al médico. Sin embargo, el análisis de la firma determinó que «la firma fue realizada realmente por la acusada y no por la persona que supuestamente recibió los 20 euros».

En 2015 se recaudaron por la tasa 1.029 euros que también se gastaron pero que se justificaron con soporte documental «no conforme a normas tributarias». Además, faltan de ese ejercicio 162,28 euros que «no se justificaron de ninguna manera».

El Ministerio Público reclama para la exalcaldesa que se le impongan dos años de cárcel por el delito continuado de malversación de caudales públicos y otros cuatro años de prisión por el delito de falsedad. Además, por el delito continuado de prevaricación, Fiscalía pide 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público en el ámbito municipal y para ejercicio del derecho de sufrago pasivo por el mismo periodo de tiempo. También pide que se le condene al pago de multas por un montante global de 1.800 euros.

En lo que respecta a la responsabilidad civil, Fiscalía señala que deberá ser el Tribunal de Cuentas el encargado de «dirimir y reclamar» la cantidad en la que se haya podido ver afectado el Ayuntamiento de Campillo de Arenas, que está personado en la causa.