Los empresarios andaluces, contra la obligación de atender al cliente en catalán: «¿Quién lo paga?»

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha criticado este miércoles el acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con Junts, partido que dirige Carles Puigdemont en el exilio, que obligará a las grandes compañías de España a atender al cliente en catalán y en las demás lenguas cooficiales del Estado a los consumidores que así lo requieran, independientemente de dónde esté radicada la empresa.

La formación independentista catalana ha explicado que la previsión es que esta medida se aplique en empresas de más de 250 trabajadores, que facturen más de 50 millones de euros al año o que presten servicios básicos de interés general.

González de Lara considera que esta reforma legal no sería «una buena noticia» para las empresas por el «coste» económico que les acarrearía, además de ir «en detrimento» de sus trabajadores, y se ha preguntado irónicamente quién acaba pagando todo esto.

El también vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de España (CEOE) se ha pronunciado así en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que ha afirmado que «últimamente la política es un págalo tú, porque eso tiene un coste, y al final si obligas a las empresas a tener que utilizar lenguas distintas del castellano, pues es una medida estupenda de cara a la galería, difícil de cuantificar económicamente, pero que va a tener un coste real para las empresas».

Aunque ha reconocido que aún no saben «el alcance de la medida», sí admite que «no es una buena noticia» porque el Ejecutivo está «gobernando permanentemente con más y más cargas para las empresas, en línea contraria a lo que marca la propia Unión Europea, que es agilizar, simplificar». En esa línea, González de Lara ha lamentado que «en este país todo se hace a costa de las empresas».

El presidente de la CEA ha puntualizado que «puede tener su razón de ser» que una medida así se aplique, como de hecho ya ocurre en empresas «de servicios financieros que tengan su sede social en Cataluña», pero entiende que «no tiene demasiada comprensión» en otros casos.

González de Lara ha apuntado que una iniciativa como ésta, o la de la reducción de jornada laboral a un máximo de 37,5 horas semanales, como plantea la ministra Yolanda Díaz, «se hace a costa de las empresas», aunque «quedas muy bien de cara a la galería». «¿Quién no quiere trabajar menos ganando lo mismo?», ha deslizado, si bien la «pregunta» que hay que hacerse es «quién lo paga».

Al respecto, el representante de los empresarios andaluces ha detallado que esta reducción de jornada tendría «un coste superior a los 32.000 millones de euros, que no es moco de pavo» (PP, Vox y Junts tumbaron la propuesta en el Congreso la semana pasada). «Todo esto lo pagan las empresas y eso al final va en detrimento de los propios trabajadores y de la competitividad del país, porque las empresas son las que crean empleo», ha rematado.

Por su parte, la consejera portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha sostenido que en el Gobierno de Sánchez «están más preocupados en obligar a las empresas a que atiendan en catalán que en ayudar a los jóvenes andaluces a que puedan mejorar su inglés, su francés o su chino». «Parece que el país va a terminar siendo un chiste, porque es increíble lo que estamos viendo en los últimos tiempos», ha sentenciado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta.