Andalucía presenta el recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía y pide recusar a Conde-Pumpido

La amenaza de Juanma Moreno se ha llevado a cabo. La Junta de Andalucía, en su consejo de Gobierno, ha aprobado este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra la denominada Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 30 de mayo de 2024. Además, la Junta da luz verde a que su gabinete jurídico formalice la recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional ante dicho recurso de inconstitucionalidad. Se trata, en concreto, del presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido Turón; y de los magistrados Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díaz Bueso.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha anunciado dicha actuación del Gobierno andaluz durante su intervención en el acto de inauguración de la nueva sede judicial del municipio cordobés de Lucena, y ha justificado la interposición de ese recurso de inconstitucionalidad al entender que la Ley de Amnistía constituye «un atropello a un derecho fundamental ante el que Andalucía no puede, no debe y no va a mirar hacia otro lado».

Juanma Moreno ha manifestado que «la igualdad y la solidaridad son dos de los principios inspiradores de la Constitución Española, que es el marco normativo más importante que tenemos en nuestra vida legal, social y de convivencia», y ha defendido que «una democracia plena sólo puede construirse sobre la base de la igualdad, y la igualdad sólo está garantizada bajo el paraguas de la democracia».

Tras subrayar que «la justicia es, sin lugar a dudas, uno de los pilares básicos de nuestra democracia, porque la justicia garantiza la igualdad de los ciudadanos ante la ley», y «eso no lo pueden disfrutar en otros países donde no existe democracia y hay regímenes autócratas», el presidente de la Junta ha aseverado que «desde Andalucía vamos a utilizar todos los recursos que están a nuestro alcance para que ningún ciudadano sea más que otro».

Se trata de que «un ciudadano, independientemente de donde nazca, tenga los mismos derechos y las mismas obligaciones dentro de nuestro país, porque en democracia la ley está por encima de todo y nadie puede estar por encima de la ley», ha continuado defendiendo Juanma Moreno para anunciar a renglón seguido que la Junta va a presentar este lunes «un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, que bajo nuestro punto de vista, y el punto de vista de nuestro servicio jurídico, es un atropello a un derecho fundamental ante el que Andalucía no puede, no debe y no va a mirar hacia otro lado», ha enfatizado.

El presidente andaluz ha añadido que «los responsables públicos tenemos la obligación y el deber moral de actuar para proteger el interés general», y ha enfatizado que «Andalucía se dejará la piel en la defensa de la igualdad de todos los españoles, piensen como piensen y vivan donde vivan». «Lucharemos por la igualdad ante la ley como también estamos luchando por la equidad en la financiación», ha añadido Juanma Moreno para concluir.

Consejo de Gobierno

Tras estas declaraciones del presidente andaluz, la Junta ha informado en un comunicado de la decisión que ha acordado el Consejo de Gobierno en la sesión extraordinaria que ha celebrado este lunes.

Así, desde la Junta han explicado que el Gobierno andaluz «reconoce que las Cortes Generales tienen atribuido el ejercicio de la potestad legislativa, pero recalca que dicha potestad está sujeta a límites, debiendo ejercerse de manera que no vulnere la Constitución Española ni suponga una reforma encubierta de la misma».

El Gobierno andaluz considera que la ley de amnistía aprobada «vulnera normas y principios constitucionales», y sobre las recusaciones de Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díaz Bueso que solicita la Junta, argumenta que el presidente del TC «debe ser recusado para garantizar preventivamente el derecho con todas las garantías para quienes son parte o se ven afectados por el contenido de las resoluciones y para reforzar la apariencia y confianza en la imparcialidad del Tribunal en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas en defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos».

En los casos de los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díaz Bueso, la Junta de Andalucía señala que «ambos han ocupado cargos públicos del actual Gobierno e intervinieron en la formación de criterio para la deliberación y aprobación de los argumentos que motivaron los indultos parciales y en la fijación de criterio del Ministerio sobre la constitucionalidad tanto de estos indultos como de la propia ley».