La asociación de jueces afín al Gobierno perdería el control del 40% del CGPJ con la reforma del PP

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene bloqueada la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los socialistas no quieren modificar la Ley Orgánica, tal y como ha solicitado el PP, para que los 12 vocales judiciales sean elegidos «por jueces y entre jueces» y los otros ocho juristas de reconocida competencia por las Cortes (Congreso y Senado). La razón, según explican a OKDIARIO, es sencilla: el PSOE pretende controlar el Poder Judicial nombrando a magistrados que considera «afines».

Un ejemplo de ello es el número de sillones que ocupan los jueces que pertenecen a la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia: el 40% de los 12 magistrados –excluyendo a los ocho juristas– que componen este órgano judicial. Pero esto no refleja, ni mucho menos, la realidad. De todos los jueces que hay en España, sólo el 8,5% son afiliados a la asociación de JJpD. Sin embargo, tienen una representación «desproporcionada» en el órgano de gobierno de los jueces, según explican a OKDIARIO fuentes judiciales.

En España hay actualmente 5.400 jueces aproximadamente y casi la mitad de ellos no están afiliados a ninguna asociación judicial. Según las bases de datos que obran en poder del CGPJ y que han sido adelantadas por OKDIARIO, un total de 2.987 profesionales están afiliados a alguna asociación, es decir, algo más de la mitad de toda la carrera judicial. Los jueces españoles tienen prohibido pertenecer a sindicatos y estas asociaciones profesionales han adoptado el papel tradicional de proteger los derechos y condiciones laborales de los jueces y magistrados.

Según estos datos, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) cuenta con 1.349 afiliados, lo que supone un 25% de todos los jueces de España. Esta asociación, que es la que tiene más representación en la carrera, está considerada ideológicamente como conservadora. Su función es, según explican en su página web, «defender a ultranza el concepto de juez jurídicamente técnico, imparcial, políticamente neutral, económicamente suficiente, y servidor público por su condición de miembro de uno de los tres Poderes del Estado, el Poder Judicial (…) Comprometidos con la Constitución, con la legalidad del ordenamiento jurídico y con los ciudadanos, a los que nos debemos con vocación de servicio”.

Sin embargo, pese a ser la que tiene mayor número de afiliados en toda España y triplicar en número a los asociados a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, que sólo cuenta con 463 afiliados, sorprendentemente la APM tiene una representación menor en el Consejo General del Poder Judicial. De los 12 jueces y magistrados del CGPJ sólo cuatro pertenecen a la APM. Son los vocales Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, José Antonio Ballesteros y Carmen Llombart.

Por el contrario, cinco pertenecen a la asociación progresista, pese a tener una representación tres veces menor en la carrera judicial. Los vocales del órgano de gobierno de los jueces que pertenecen a la asociación JJpD son: Roser Bach, Victoria Cinto, Mar Cabrejas, Clara Martínez y Rafael Mozo.

Los otros tres jueces miembros del CGPJ, el magistrado Gerardo Martínez Tristán, Wenceslao Francisco Olea y Rafael Fernández Valverde, representan a ese 44,72% de la carrera judicial que no está afiliado a ninguna asociación. La Asociación Francisco de Vitoria está integrada por 839 jueces y magistrados. Es la segunda asociación con mayor representación y no tiene ni un solo vocal en el CGPJ.

Con los datos sobre la mesa, fuentes judiciales consultadas por este periódico comentan con un tono irónico: «Lo ventajoso es pertenecer a la asociación progresista porque te aseguras un puesto en el órgano representativo de los jueces por el simple hecho de pertenecer a esa organización». Si finalmente el PSOE acepta cambiar el sistema de elección de los 12 jueces y magistrado del CGPJ probablemente, explican fuentes judiciales, la asociación progresista JJpD no tenga representación dado que es minoritaria en la carrera judicial.