Detenidos por introducir a más de 300 inmigrantes nepalíes en España de forma ilegal

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas, siete en Madrid y dos en Las Palmas que habían introducido de forma ilegal a más de 300 inmigrantes nepalíes en España durante los últimos años. Los mafiosos de esta red de inmigración ilegal, primero cobraban a los inmigrantes 1.500 euros por el visado y luego 5.000 euros por ayudarles a superar los exámenes para obtener la nacionalidad española.

La investigación policial se originó a raíz de una operación policial desarrollada en el año 2022 en la que se logró desmantelar una organización criminal que se dedicaba al tráfico ilegal de personas de origen indio, introduciéndolas primero en Europa y con España como destino final de los inmigrantes en situación ilegal.

A raíz de esa actuación, los agentes pudieron constatar la existencia otra célula criminal, afincada en Madrid, que formaba parte de una importante red criminal internacional de carácter familiar especializada en el tráfico de migrantes nepalíes con ramificaciones en India, Nepal, Lituania y Polonia.

 Empresas colaboraban con la mafia

La ruta migratoria empleada por los traficantes, conocida como “ruta del contrabando”, tenía como punto de partida Nepal, país origen de los migrantes, e India, lugar en el que se ubican las embajadas y consulados europeos para el país nepalí.

Allí era donde se presentaban todos los expedientes y donde se expedían y obtenían los visados tipo D fraudulentos, documentos que autorizan a residir, estudiar o trabajar en el espacio Schengen durante un periodo de más de 90 días.

Para ello contaban con la participación de empresas nepalíes y europeas que proporcionaban ofertas falsas de trabajo y estudios, que nunca se hacían efectivas, y sobre las que se sustentaban la concesión de los visados.

Desde India, y con el visado en sus pasaportes, los migrantes accedían a territorio Schengen a través de Polonia y Malta. Aquí permanecían en suelo europeo el tiempo mínimo indispensable hasta que la organización les proporcionaba un segundo traslado vía aérea a España, ya como destino final de su periplo, y donde se les proveía de trabajo clandestino en restaurantes de comida india para que pudieran pagar su deuda con la mafia de inmigración ilegal.

Connivencia con academias de idiomas

Fruto de las indagaciones, la Policía Nacional pudo confirmar la existencia de un fragmento de la red que se dedicaba específicamente a la facilitación de los exámenes de nacionalidad española a migrantes nepalíes a cambio de una contraprestación que ascendía a los 5.000 euros.

En connivencia con algunas academias de idiomas, facilitaban las preguntas de los exámenes o falseaban la realización de dichas pruebas con las que se obtenían los certificados y diplomas exigidos en el proceso de adquisición de la nacionalidad española.

La operación policial ha finalizado con el registro de dos domicilios en la ciudad de Madrid, en los que se ha procedido a la incautación de 7.955 euros en efectivo, varios dispositivos electrónicos y ordenadores, y diversa documentación relevante para la investigación.

De esta manera, la Policía Nacional da por finalizado el desmantelamiento de la rama española de esta gran organización mafiosa que se dedicaba a traer de forma ilegal a inmigrantes desde los confines de Asia.

Se da la circunstancias de que hace tan solo unos días el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa han llegado a un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo que reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y ofrecerá a los Gobiernos una solidaridad a la carta que permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados con alternativas como el pago de una compensación por traslado rechazado.

Las nuevas reglas, que necesitan aún el visto bueno del pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete para ser adoptada formalmente, pone fin a años de duras negociaciones entre los propios Estados miembros para intentar consensuar un equilibrio entre la «solidaridad» con los países en primera línea, como España e Italia, y la «responsabilidad» que les reclaman a estos otros socios con miedo a los movimientos secundarios.