Fidéle Podga, coordinadora de Manos Unidas: «El hambre es un insulto que debe sonrojar a la humanidad»

Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra mañana, 16 de octubre, Manos Unidas ha convocado en Madrid el encuentro «Hambre, soberanía alimentaria y derecho a la alimentación, la triple encrucijada». La cita ha reunido a especialistas de organismos e instituciones como la FAO, la Universidad Complutense de Madrid, la AECID y entidades socias sobre el terreno, para revisar políticas públicas e iniciativas de cooperación alineadas con el ODS 2 (Hambre Cero) y debatir prioridades tecnológicas, sociales, políticas y jurídicas para erradicar el hambre, la pobreza y la desigualdad.

En la mesa «La persistencia del hambre en el mundo», Fidéle Podga, coordinador de Estudios de Manos Unidas, recordó la paradoja de la abundancia: «mientras el 8% de la humanidad, 673 millones de personas, pasa hambre, el mundo produce alimentos para 11.000 millones y desperdicia un tercio». Para Podga, el hambre es «un escándalo ético» que interpela a toda la sociedad. La cifra de personas que padecen inseguridad alimentaria desde 2020 alcanza al 28% de la población mundial.

Kattya Cascante, profesora en la UCM y presidenta de REEDES, advirtió que la «permacrisis» ha desplazado el hambre de la agenda global al priorizar conflictos, clima o inteligencia artificial. Criticó un sistema alimentario dominado por la mercantilización, el poder de grandes corporaciones y la homogeneización del consumo, que convive con múltiples formas de malnutrición —de la obesidad a la anemia— y agrava la desigualdad y la degradación ambiental. «Cuando mercantilizamos el alimento», dijo, su precio oscila como el de cualquier mercancía, sin considerar su función nutritiva o ecológica.

Desde CERAI, Vega Díez defendió la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a decidir qué, cómo y para quién producir, y alertó contra marcos legales que facilitan la entrada de intereses que devoran suelos, agua y bosques. Subrayó que la seguridad alimentaria de consumidores y productores es inseparable y denunció la especulación financiera con alimentos: cuando se tratan como activos a futuro, «su precio deja de responder a criterios nutritivos o ecológicos y se subordina al beneficio a corto plazo».

Luis Felipe Artica, director de IDMA-Huánuco (Perú), definió la agroecología como ciencia, práctica y movimiento social que revaloriza saberes locales y empodera a las mujeres. En su país, señaló, la agricultura familiar sostiene el 90% de los alimentos que se consumen; la transición agroecológica, que puede requerir entre tres y cinco años, recupera suelos, reduce dependencias externas y mejora la resiliencia.

El alimento como derecho

La segunda mesa, «La soberanía alimentaria como garantía del derecho a la alimentación», fue introducida por Marco Gordillo, de Manos Unidas, con un llamamiento a pasar del alimento como mercancía al alimento como derecho. Santiaga Serafín, lideresa campesina de Cachuna (Perú), remarcó que la agroecología transforma también la organización y la identidad comunitaria, reclamó invertir en ella, proteger las semillas ancestrales y reformar marcos normativos para hacerla viable a todas las escalas.

Ana Regina Segura, jefa de Desarrollo Rural, Seguridad Alimentaria y Nutrición de AECID, señaló que en la Unión Europea persisten reticencias a reconocer explícitamente el derecho humano a la alimentación. Avanzó líneas maestras de la nueva estrategia de alimentación de la cooperación española: impulso a la agricultura familiar con enfoque agroecológico; protección social para garantizar dietas saludables y culturalmente adecuadas; adecuación nutricional; estabilidad y sostenibilidad de los sistemas; y buena gobernanza e implementación efectiva. «Ningún ser humano debe pasar hambre», subrayó, defendiendo un marco que conecte políticas globales con capacidades institucionales locales.

Gabriel Ferrero, asesor de Estrategia del Programa Mundial para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria del Banco Mundial y ex presidente del Comité de Seguridad Alimentaria de la ONU (2021-2023), propuso extender la Agenda 2030 una o dos décadas, dado que las transiciones alimentarias requieren más de 15 años y avanzan por detrás de la energética. Recordó que los sistemas agroalimentarios generan alrededor de un tercio de las emisiones, mientras que la agricultura familiar aporta hasta el 80% de la alimentación en países en desarrollo. Entre las claves para garantizar el derecho a la alimentación mencionó la protección social universal, la ayuda humanitaria, la agroecología regenerativa, el apoyo a la agricultura familiar y el fortalecimiento de los mercados locales. Todo ello en un contexto de polarización, conflictos, crisis climática, desigualdad y pobreza.

Por su parte, Valeria Pasarín, especialista en Derecho a la Alimentación de la FAO, abogó por consolidar la alimentación como derecho humano que exige obligaciones estatales, con procesos participativos que involucren a parlamentos nacionales, mujeres rurales, pueblos indígenas y juventud, marcos legales robustos —como los Frentes Parlamentarios contra el Hambre— y mecanismos de seguimiento y acceso a la justicia que cierren la brecha entre leyes y realidad.

Cecilia Pilar, presidenta de Manos Unidas, cerró el encuentro agradeciendo las aportaciones y reclamando la implicación de gobiernos, instituciones, sociedad civil y ciudadanía para acabar con «un drama humano» que, más allá de carencias, responde a «injusticias arraigadas».