Vox tenía razón: nada que negociar con March

Convendrán conmigo que quince páginas (¡15!) de exposición de motivos para una ley son muchas páginas. Y convendrán también que quince páginas se explican por la necesidad imperiosa de “motivarla” lo mejor posible para no dejar lugar a dudas sobre sus beneficios y bondades. ¿Dudas? Sí, tal vez por mala conciencia o porque invada espacios jurisdiccionales que no son de su incumbencia. No sé si lo adivinan pero me estoy refiriendo a la ley de educación balear aprobada la semana pasada con los votos de toda la izquierda y la muleta del PI. Martí March y sus fontaneros no se han dejado nada en el tintero: 115 páginas, 167 artículos, diecisiete disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y diez finales. La Biblia en verso para regular la gestión de la enseñanza de una autonomía, la balear, que carece de potestad para promulgar legislación básica en materia de enseñanza, una competencia que pertenece al Estado. 

Analizando las claves de la nueva norma que se han publicado en algunos medios hay que convenir que se trata de una ley prescindible salvo para la megalomanía de un Martí March que se va a jubilar con el prurito de haber promulgado una ley que lleva su nombre aunque me temo que, a la vista de la falta de consenso en su aprobación y en contra de la propia voluntad del interfecto, tiene todos los visos de no ser de larga duración.

Comprometerse a un plan de infraestructuras como el que aparece en la nueva norma, comprometerse a un plan progresivo para rebajar las ratios en un 10% o comprometerse a dedicar un 5% del PIB balear en un futuro no dejan de ser compromisos puramente voluntariosos y a la postre innecesarios porque ya van de suyo. Nadie en su sano juicio puede creer que sin esta ley nuestros actuales gestores educativos carecieran de un plan de infraestructuras o no lucharan con denuedo por incrementar el gasto educativo o bajar las ratios. Desconozco por lo tanto en qué ha mejorado esta ley educativa el lúgubre panorama de la enseñanza balear.

>Es más, sin ánimo de ser exhaustivo, diríase que la ley March no sólo no ha reportado apenas beneficios a la enseñanza balear sino que ha enviado señales negativas a la comunidad educativa, al menos en dos aspectos: el trato dispensado a la enseñanza concertada y la vidriosa cuestión lingüística.

La ley March consagra la subsidiaridad de la enseñanza concertada respecto a la pública, es decir, el crecimiento (o el mantenimiento) de la red concertada va a continuar estando a expensas de las necesidades de la enseñanza pública, una enseñanza de peor calidad, una enseñanza claramente ideologizada por una turba de docentes (?) misioneros y arquitectos sociales que priorizan los dogmas de la corrección política sobre la mera transmisión de conocimientos, una enseñanza de la que una fracción nada despreciable de la clase media-alta huye despavorida y una enseñanza dos veces más cara que la concertada.

El último estudio de PLIS (Profesores Libres de Ingeniería Social) referido al 2019 concluía que el coste de una plaza en la concertada era de 3.426€, casi la mitad de los 6.767€> de media que costaba cada plaza en un centro público. La ley March no da ninguna solución a la infrafinanciación en la que malvive la enseñanza concertada, una red que escolariza a uno de cada tres alumnos en Baleares, compuesta por más de un centenar de colegios y que tiene que sufragarse parcialmente por otros medios alternativos al concierto. Y todo ello pese a que la doctrina del Tribunal Supremo viene reiterando que la educación concertada también debe ser “gratuita” al apuntalar el derecho fundamental de las familias a elegir el centro y el tipo de educación que desean para sus hijos. No olvidemos que el gasto dedicado a los conciertos sí incumbe directamente a la consejería de Educación y sí forma parte de sus competencias exclusivas.

El otro aspecto crucial en el que el cátedro March ha enviado una señal distorsionada y fraudulenta a la comunidad educativa ha sido en lo concerniente a la incorporación del castellano como lengua vehicular en al menos el 25% de las horas lectivas, tal como viene reiterando la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, sin ir más lejos, esta misma semana con otra sentencia en la misma dirección.

Es cierto, como ha reconocido el propio Martí March en una entrevista concedida a Última Hora, que la vehicularidad del español y cómo aplicarla en la práctica no incumbe a ninguna norma regional como la aprobada en la cámara balear. En realidad, incumbe sólo al director de cada centro educativo que es quien propone el proyecto lingüístico de centro al consejo escolar que lo aprueba. Así era antes y así es después de la aprobación de la llamada ley March. Nada ha cambiado al respecto.

La ley balear, sin embargo, sí podría haber clarificado las cosas a los directores de centro de haber incluido a modo de pauta a seguir la obligatoriedad de cambiar los proyectos lingüísticos de centro para adaptarlos a la jurisprudencia del Supremo que proclama la vehicularidad del español en al menos el 25% del horario lectivo.

Armengol, una fundamentalista lingüística por convicción que no precisa estar al servicio del fancatalanismo para implementar sus mismas políticas, decidió en cambio dejar las cosas como están y ganar tiempo para no molestar a sus compañeros de viaje de Més. Y March, vendido por su propio partido, tuvo que tragarse las feroces reprimendas (“¡traidor!”) de Cs y PP con quienes venía negociando desde hace meses la posible inclusión del español como lengua vehicular en la enseñanza balear.

La “traición” de March es la debilidad de March frente a Armengol, que es la que de verdad corta el bacalao en el PSIB. El pobre consejero había prometido el oro y el moro a PP y Cs jactándose en privado de que él no era nacionalista, creando unas falsas esperanzas en las “moderadas” Patricia Guasp y Marga Durán que cayeron en la trampa del pollencí. Era sólo cuestión de tiempo que las dos ingenuas diputadas se dieran cuenta del engaño o de la manifiesta debilidad del cátedro para imponer sus tesis a sus conmilitones. March nunca tuvo, ni tiene ni nunca tendrá fuerza suficiente para ganar un pulso a Armengol ni a un PSIB sometido al chantaje de Més, no digamos ya al Més que tira al monte de Apesteguia, una fuerza que debe su esencia y su existencia a la industria política que ha construido en torno al altar del catalán.

Al final, tendrá que ser el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares quien, a instancias del coraje de un grupo de profesores como PLIS, ponga las cosas en su sitio e imponga a los directores, como ya ha ocurrido en Cataluña gracias al TSJC y esta misma semana en la Comunidad Valenciana gracias al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en otra sentencia histórica, el 25% del horario lectivo en español en las aulas baleares, dejando la ley March para el basurero de la historia. Visto lo visto, nada había que negociar con March. El tiempo ha sentenciado que Vox sí acertó con su enmienda a la totalidad. Las señoras Guasp y Durán, no.