Traición a los Ayuntamientos

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó en la Junta de Gobierno que celebró ayer, con el voto a favor del PSOE y la abstención de IU, un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por el que estos habilitarían un fondo de 5.000 millones de euros a ingresar a las Entidades Locales entre 2020 y 2021 a cambio de que estas entreguen al Ejecutivo la totalidad de sus remanentes de tesorería a fecha de 31 de diciembre de 2019.

Dicho de otro modo, se ha sacado adelante un pacto por el cual las Diputaciones, Ayuntamientos, Consejos y Cabildos Insulares… entregarían al Gobierno durante 12 años 15.000 millones de euros (el total del dinero acumulado por éstas) para que el Ejecutivo les dé 5.000 a quienes ofrezcan sus ahorros.

Un presupuesto que, además, tendría que destinarse de manera obligatoria a materias previamente ya establecidas por Podemos y PSOE, como ideología de género, cambio climático… vulnerándose así la autonomía local consagrada en el artículo 137 Constitución y el más elemental sentido común, ya que no se contempla que ese gasto pudiera destinarse al fomento del empleo o al apoyo a autónomos, empresas y comercios, por ejemplo.

Este arreglo, desde luego, no responde de ningún modo a las necesidades de las Entidades Locales que, más allá de fondos incondicionados para los Ayuntamientos en situación de riesgo financiero o para la gestión del Ingreso Mínimo Vital impuesto por el Gobierno, habían pedido en su mayoría flexibilizar al menos la regla de gasto y poder utilizar el 100% de sus ahorros para afrontar las consecuencias de la pandemia que estamos padeciendo.

En vez de esto, lo que hoy se ha aprobado gracias al voto de calidad de Abel Caballero, presidente de la FEMP, implicaría, si saliera adelante en el Congreso de los Diputados, que los Ayuntamientos no podremos gastar este año nuestro remanente de tesorería puesto que estaría en manos del Gobierno, que empezaría a devolverlo a partir del año 2022.

Además, de forma insolidaria, y justo al contrario de lo que ha hecho Europa con nuestra nación, se excluiría a los más de 3.000 Consistorios que, según datos del Ministerio de Hacienda, tienen deuda o remanentes de tesorería general negativos.

Pero lo peor de todo es que este acuerdo obligaría también a las Entidades Locales que no tienen deuda y cuentan con superávits a usar sus ahorros para implantar la agenda política del Gobierno y no permitiría aplicarlo a las actuaciones que sus dirigentes, votados recientemente en las urnas, consideraran más necesarias y urgentes para sus vecinos.

En conclusión, que ni “Juntos Saldremos Adelante” y que el malo de la película no era Mark Rutte, el primer ministro de Holanda, sino nuestro presidente del Gobierno, que no sabe ya con qué dinero tapar los 50.000 españoles fallecidos por el COVID-19, la tasa de desempleo más alta de Europa, la caída del 18,5% del PIB ni sus constantes mentiras, como el famoso Comité de Expertos que, recientemente, nos hemos enterado que nunca existió.

Javier Úbeda es alcalde de Boadilla del Monte y Presidente de la Comisión de Urbanismo y Vivienda en Federación Española de Municipios y Provincias