Talgo descarrila bajo el peso del sanchismo

“El gobierno es la gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a expensas de los demás.” Frédéric Bastiat

En el mundo de la inversión un principio básico defendido por Peter Lynch es “invierte en lo que entiendes”. Y si uno entiende mínimamente la lógica empresarial, los incentivos de los actores privados y el valor del capital bien asignado, también entiende el daño colosal que puede causar un Estado intervencionista decidido a entrometerse en procesos de mercado. El caso Talgo es una clase magistral —y trágica— de cómo un gobierno puede casi cargarse una empresa viable por razones puramente ideológicas y políticas. ¡El fanatismo y el poder es en su cóctel, el peor peligro de la humanidad!

La historia comienza cuando el consorcio húngaro Ganz-MaVag Europe Zrt., respaldado por el fondo Magyar Vagon y Corvinus, lanza en marzo de 2024 una OPA amistosa sobre Talgo. ¿El precio? 5 euros por acción, un 20% superior al valor en mercado en ese momento. Una prima razonable, aceptada por los accionistas mayoritarios, y con capacidad para dar continuidad a un proyecto industrial europeo en un sector estratégico.

Pero apareció el Ministerio de Transportes y su inefable Óscar Puente. Desde el primer minuto, el ministro dejó clarísimo que vetaría la operación. Con declaraciones impropias de un servidor público, avisó que haría “todo lo posible para impedir la OPA”, es decir, que no permitiría que el mercado decidiera. Después vendría la guinda: un informe clasificado del CNI para justificar el veto con un pretexto tan disparatado como que los trenes Talgo podrían ser una amenaza de seguridad nacional si caían en manos de… ¿Hungría? O más bien ¿Viktor Orbán y sus conexiones con Rusia?

¿Nos quiere hacer creer el Gobierno que Rusia va a invadir España a bordo de vagones Talgo? Es tan absurdo y ridículo a la vez… Pero ese fue el relato oficial. Y ese relato les permitió intervenir sin tener que rendir cuentas. Lo hicieron “por seguridad nacional” clasificando la inversión. Fin de la discusión. No se puede negar que este gobierno en artimañas y propaganda, son de primera…

Y es aquí donde la lógica estatal se impone a la lógica del capital. El fondo Trilantic, que llevaba tiempo queriendo desinvertir su 29,76% en Talgo, se encontró atrapado. No podía vender al mejor postor, y tenía prisa. El Gobierno, al vetar la OPA, provocó una situación de iliquidez forzada que permitió a Sidenor —una empresa nacional con respaldo político— negociar en una posición de fuerza.

Jaime Jainaga, presidente de Sidenor, es un empresario inteligente. Aprovechó la necesidad del Gobierno de bloquear al inversor húngaro y la urgencia de Trilantic para vender, y se llevó la participación a un precio de 4,15 euros por acción. Un 17% por debajo del precio de la OPA húngara. Fue una compra oportunista, negociada en condiciones asimétricas. Pero ¿quién puso al Gobierno en esa necesidad? El propio Gobierno. Es decir, vetaron la OPA, hundieron el valor de mercado de Talgo, y luego facilitaron su venta a precio de saldo. Magistral para Jainaga, patético para este gobierno socialcomunista que nos quiere dirigir todos  los días como si en lugar de contribuyentes, fuéramos súbditos…

Como buenos inversores value, uno debería fijarse en los fundamentales. Pero ¿qué valor fundamental tiene una empresa en un entorno en que el Estado puede vetar a tu comprador, forzar tu venta, y condicionar tu refinanciación? Ninguno. El valor intrínseco de Talgo fue destruido no por la empresa, sino por el Estado. No hubo mala gestión, ni caída de la demanda. Hubo interferencia política.

A esta destrucción de valor se sumó la torpeza del Ejecutivo en otro frente clave: la sanción de Renfe a Talgo por incumplimiento de plazos de entrega. En este sector, las sanciones —conocidas como “penaltis”— se suelen negociar. Se prorratean en el tiempo, se aplican descuentos por mantenimiento o renovaciones futuras, o se transforman en compromisos de inversión.

Pero con Talgo no hubo negociación. El Gobierno, probablemente para no parecer “débil” ante la opinión pública tras el boicot húngaro, insistió en ejecutar de inmediato los penaltis. ¿Resultado? Una provisión extraordinaria en las cuentas de 2.024 que ha drenado los recursos propios de la compañía y ha deteriorado gravemente su situación patrimonial.

La empresa cerró el primer trimestre con pérdidas de más de 7 millones y, lo más grave, retiró sus previsiones financieras. Sin recursos propios, con una deuda creciente y con un historial sancionador reciente, Talgo ve reducidas sus posibilidades de acceder a licitaciones internacionales. Peor aún: se complica su refinanciación bancaria, y por tanto su futuro operativo. Y claro, esto le da otra baza negociadora a Jainaga, que ahora pide al gobierno un esfuerzo en forma de un préstamo de 160 millones de euros en forma de préstamo participativo a la SEPI. A todo ello, el Sr. Óscar Puente calla,… y ya saben que el calla otorga. El ministro ha sido retratado dejando clara su incompetencia. Qué fácil es jugar a ser mayor con el dinero de los demás, ¿verdad Sr. Puente? Una vez más, la ultra chapuza del gobierno la pagamos todos sin que nadie asuma responsabilidades.

Lo que hemos presenciado no es un simple caso de intervención. Es un ejemplo brutal de cómo el Estado puede pervertir todos los incentivos de los agentes económicos para imponer una agenda política disfrazada de estrategia industrial. Como bien explican Hayek y Rothbard, la información en una economía de mercado está dispersa, y los precios contienen conocimiento que ningún burócrata puede centralizar. Pero el Estado se ha empeñado en hacerlo.

En lugar de dejar que el capital se asigne de forma eficiente, se ha premiado a quien tenía la relación adecuada con el poder político. En lugar de permitir que Talgo creciera con un nuevo socio internacional que respetaba sus contratos y sus operaciones, se forzó una venta con descuento y se penalizó su balance contable. Y todo ello en nombre de una “soberanía industrial” que, en realidad, sólo beneficia a los amigos del poder.

La lección de Talgo es clara para cualquier inversor: el mayor riesgo para tu inversión no es el mercado, ni la competencia, ni siquiera la deuda. ¡ES EL ESTADO! El riesgo político en España ha pasado de ser una variable marginal a ser un factor determinante en operaciones corporativas relevantes.

Y lo peor es que no hay rendición de cuentas. El informe del CNI sigue clasificado. La decisión del ministro se justificó sin transparencia. Y Talgo, una empresa viable, internacionalizada, con ingeniería propia y contratos relevantes, ha visto cómo su futuro se ha puesto en jaque.

Peter Lynch solía decir: “Invertir sin investigar es como jugar al póker sin mirar las cartas.” En España, invertir se está pareciendo más a jugar al póker con cartas marcadas… Eso sí, por el Gobierno.

Gisela Turazzini, Blackbird Bank Founder CEO.