Sin Guardia Civil, hay golpe de Estado separatista

En diciembre de 2000, el Gobierno de José María Aznar acabó de expulsar a la Guardia Civil de las carreteras catalanas, ya que los Mossos d’Esquadra tomaron el control del tráfico en las dos provincias que todavía eran vigiladas por la Benemérita, Barcelona y Tarragona -las más pobladas de Cataluña-. En octubre de 2017, los Mossos d’Esquadra fueron, por acción y por omisión, cómplices del golpe de Estado separatista encabezado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. ¿Recuerdan cómo la policía autonómica no solo no impidió que radicales secesionistas ocuparan los colegios electorales, sino que además departían con simpatía con los organizadores de la consulta ilegal del 1-O?

Ahora, Pedro Sánchez ha pactado con Bildu expulsar a la Guardia Civil de las carreteras navarras. El objetivo de los batasunos es el mismo que perseguía el nacionalismo catalán: incrementar su control sobre el territorio recortando las competencias de un cuerpo, la Benemérita, absolutamente leal con la Constitución y el Estado de Derecho. Al ir dando más atribuciones a la policía navarra, Bildu aspira a llenar los puestos de mando de simpatizantes suyos, de la misma manera que los Mossos d’Esquadra y la Ertzainza están tomados por mandos separatistas. Si algún día hay alguna asonada en Navarra o en las Vascongadas, al estilo del 1-O, no esperen, si sigue el control nacionalista de estas comunidades, que ni la Ertzainza, ni la Policía Foral navarra, lo detengan.

Aunque Aznar se equivocó gravemente al acabar de expulsar a la Guardia Civil de las carreteras catalanas, que garantizaba la presencia del Estado en todas las poblaciones de esta comunidad autónoma, el error de Sánchez es mucho mayor. Porque la cesión ha sido ante Bildu, que cuenta entre sus dirigentes con miembros de ETA, la misma que asesinó a docenas de agentes de la Benemérita. El tuit del diputado batasuno Óskar Matute mofándose de la Guardia Civil (puso «circulen» para comentar una noticia sobre el traspaso de las competencias de vigilancia del tráfico a la Policía Foral) es una humillación sin precedentes hacia todos aquellos que dieron la vida por luchar contra una banda de asesinos que aterrorizó durante décadas al País Vasco, a Navarra y a toda España.

Sánchez, como casi todos sus antecesores en la presidencia del Gobierno, se ha dedicado a debilitar la presencia del Estado en las regiones que controlan los nacionalismos periféricos. En octubre de 2017, los españoles pudimos parar la asonada de ERC, Junts y la CUP, pero la siguiente, sobre todo si se hace de manera conjunta con otros partidos secesionistas de otras regiones, no será tan fácil de impedir si seguimos quitando competencias a la Administración General del Estado para entregarlas a administraciones que son absolutamente desleales con el sistema democrático español. El secretario general del PSOE está destrozando cualquier posible respuesta ante los embates de los radicales que quieren acabar con nuestro país. Ha puesto la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas al servicio de los secesionistas. Por no hablar de la eliminación del delito de sedición y el deseo de descafeinar el de malversación. O la barra libre para eliminar el español como lengua de uso social, escolar e institucional en Cataluña o en el País Vasco, de momento, y en otras comunidades en el futuro según vayan los resultados electorales.