2.000 guardias civiles denuncian al Gobierno ante la UE por ‘castigarlos’ a guardias de 16 horas gratis

Cerca de 2.000 guardias civiles, apoyados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), han denunciado al Gobierno de Pedro Sánchez ante la Comisión Europea por castigarlos con guardias de 16 horas gratis. Esta tropelía afecta a los agentes de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) cuando son desplegados en comisión de servicios a las centrales nucleares. 

Los GRS son una unidad de élite dedicada al orden público y control de masas, a la que, sin embargo, el pasado verano, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envió a blindar las vacaciones del presidente del Gobierno en Lanzarote. La misma a la que aloja en barracones con chinches durante sus prácticas anuales, como también ha revelado recientemente OKDIARIO en exclusiva.

En concreto, los guardias civiles denuncian una vulneración sistemática del régimen de jornada y descansos en las centrales nucleares, ya que, en la práctica, permanecen 24 horas sometidos a restricciones que «imposibilitan la desconexión y vulneran el concepto de descanso efectivo definido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

En definitiva, critican que se les impide la desconexión profesional, las 11 horas de descanso diario y el disfrute del descanso semanal, lo que, además, pone en riesgo su salud laboral, y que en el plano retributivo no se compensa adecuadamente la jornada real que realizan.

En caso de que Europa les dé la razón y se les computen todas las horas que prestan, les tendrán que dar días libres y pagarles más.

16 horas en vilo y sin poder salir

Los guardias civiles afectados están destinados en la Agrupación Rural de Seguridad. Durante estas comisiones de servicio, que duran una semana, los agentes son alojados en las propias centrales nucleares, donde trabajan, comen y duermen. En ellas, realizan a diario una jornada de ocho horas presenciales, y posteriormente se les imponen estas 16 horas de guardia gratis. 

Y dentro de esa guardia, las ocho primeras horas se les obliga a estar en la instalación en un plazo máximo de una hora y en las ocho restantes, en tan sólo 15 minutos, lo que les obliga a estar en vilo las 16 horas y prácticamente sin poder salir de la central nuclear, ya que éstas se encuentran a las afueras de las ciudades, en zonas despobladas. 

Como los agentes no residen en la zona, sino que son desplegados para efectuar el servicio, no disponen de vehículo propio para desplazarse, por lo que quedan totalmente atados a la central nuclear. Un sinvivir que encima no se les retribuye de forma adecuada y que se repite varias veces al año. Algunos agentes llegan a trabajar en hasta ocho centrales nucleares al año.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles, la decana y mayoritaria, ha presentado recientemente una denuncia ante la Comisión Europea contra esta «situación contraria a la ley». Previamente, la AUGC había intentado solucionar el problema con quejas formales ante el Consejo de la Guardia Civil y también por la vía judicial en España, para tratar de obtener el reconocimiento del tiempo de disponibilidad como tiempo de trabajo, la adecuación del régimen de descansos a la normativa europea y la correcta catalogación del servicio. 

Al ver la inacción de la administración y no obtener una resolución favorable, ha elevado el caso a Europa para que le tuerzan el brazo al Gobierno y los agentes queden protegidos.

Ahora, si la Comisión Europea considera que la AUGC tiene razón, exigirá a España que subsane el problema. Si el Gobierno acata, queda ahí el tema. En cambio, si no actúa, la Comisión le hará un requerimiento formal. Y de seguir sin hacer nada, lo elevará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que precisamente ya se ha pronunciado en varias sentencias sobre asuntos similares dictaminando que esas guardias con tiempos de localización han de ser consideradas tiempo de trabajo. 

Así lo sentenció, por ejemplo, en el caso de un bombero al que se le obligaba estar en el puesto de trabajo en un plazo de ocho minutos en caso de ser requerido durante la guardia. 

«Es lamentable que una vez más tengamos que acudir a instancias europeas para defender los derechos laborales», declara a OKDIARIO el responsable jurídico de la AUGC, Eugenio Nemiña Suárez, así como vocal de la Comisión de Riesgos Laborales y vocal del Consejo, destacando que este Gobierno se llena la boca diciendo que mira por los trabajadores, pero luego consiente esta situación, que es una «total aberración».

Régimen de esclavitud

El responsable jurídico de la AUGC destaca que «en un Estado de Derecho no puede permitirse que un trabajador se encuentre durante una semana trabajando más de 48 horas y el resto del tiempo en un confinamiento permanente, con tiempos de respuesta de apenas 15 minutos que les impiden hacer cualquier tipo de vida social que no sea permanecer pegado al puesto de trabajo». 

«Esto es un régimen de esclavitud que impide el descanso necesario de los trabajadores», sentencia Nemiña indignado, destacando que la disponibilidad permanente y el no permitir la desconexión del trabajo «ocasiona daños en la salud que deben ser evitados». «No pararemos hasta que acabe esta injusticia», advierte Nemiña.

Las irregularidades, al detalle

La AUGC expone en la denuncia que las exigencias de respuesta durante la guardia «resultan manifiestamente incompatibles con cualquier desplazamiento real fuera del recinto o de sus inmediaciones, lo que, en la práctica, impide al trabajador abandonar la instalación y priva de contenido efectivo cualquier supuesto tiempo de descanso».

La Administración sólo computa las 8 horas presenciales como jornada, excluyendo los periodos de disponibilidad obligatoria. A este respecto, la AUGC denuncia que dicha interpretación «contraviene de forma directa la jurisprudencia europea, que establece que los tiempos en los que el trabajador debe permanecer próximo al lugar de trabajo, con tiempos de reacción muy reducidos y disponibilidad inmediata, constituyen tiempo de trabajo, incluso aunque no exista actividad productiva continuada». Así lo disponen las sentencias del TJUE del caso SIMAP (C-303/98), Jaeger (C-151/02) y Matzak (C-518/15).

Además, afirma que el sistema vigente vulnera los artículos 6 y 11 de la Orden General 11/2014 sobre jornada y descansos, así como la Directiva 2003/88/CE, al impedir el disfrute real del descanso diario y semanal mínimos. 

A ello se añade, asimismo, que la tasa regulada por la Orden INT/252/2021, destinada a financiar el servicio en centrales nucleares, «no se traduce en una compensación adecuada, ni económica ni en tiempo», según explica la AUGC. La central nuclear paga un dinero al Estado por este servicio, la AUGC denuncia también «la falta de transparencia que hay de lo que se hace con ese dinero y si repercute en los trabajadores o se destina a otros fines».

Incorrecta catalogación del servicio

Por otra parte, la asociación mayoritaria de guardias civiles también señala la «incorrecta catalogación del servicio», que continúa asignándose bajo la comisión 18.1.e, pese a tratarse de servicios operativos críticos en infraestructuras esenciales del Estado. Una catalogación que «coincide artificialmente con la utilizada para los Planes Específicos de Instrucción (PEI), pese a que estos son actividades formativas y no operativas, lo que evidencia una falta de justificación jurídica y funcional», detalla.

Además, indica que en los PEI también se han detectado vulneraciones del régimen de jornada, alcanzándose acumulaciones de más de siete días consecutivos sin descanso efectivo, «lo que refuerza la necesidad de revisar urgentemente el modelo».

«Esta situación requiere una revisión inmediata del sistema de cómputo horario, de la catalogación aplicable y del régimen de descansos para garantizar la plena adecuación al Derecho de la Unión Europea, a la normativa interna y a los derechos laborales básicos del personal», concluye Nemiña.

La AUGC espera que la Comisión Europea atienda sus demandas y fuerza a España a cumplir la ley.