Seguridad jurídica: de la ley a la ley

Tras la muerte de Franco, D. Juan Carlos fue proclamado su sucesor a título de Rey, y asumió sus poderes como Jefe del Estado. Pero, habiendo debido jurar fidelidad a los principios fundamentales del Régimen anterior, deseaba abiertamente una transición pacífica hacia una plena democracia liberal. Esto planteó un dilema jurídico-moral: ¿Sería posible cumplir ese objetivo sin faltar, a la vez, al juramento realizado?

Este problema de conciencia lo resolvió Torcuato Fernández-Miranda, nombrado Presidente de las Cortes por el Rey. Con su famosa sentencia «De la ley a la ley», garantizó el tránsito gracias a la audacia política de Adolfo Suárez, designado Presidente del Gobierno al efecto, y también al patriotismo de muchos procuradores de aquellas Cortes franquistas, que se hicieron el harakiri político con la aprobación una la ley para la reforma política, sometida a referéndum un año después de la muerte de Franco.

Traigo a colación esta referencia histórica con ocasión de las negociaciones que Sánchez está llevando a cabo con ERC para conseguir su investidura y, supuestamente, la gobernabilidad. Él pretende, eso sí, con «seguridad jurídica» —es decir, sin salirse de la ley—, ir ahora «de la Constitución a la autodeterminación». Por ello, el paralelismo con lo vivido en España en 1976 termina aquí, y en este punto empiezan las notables diferencias. Entonces había dificultades para aquella operación política, pero el objetivo era noble, y en absoluto ponía en peligro la existencia de España. Al frente de la actuación estaba el Rey, con amplios poderes y respaldo popular, y unas Cortes que se inmolaron. Por si fuera poco, aquella operación democrática también se veía con gran aceptación a nivel internacional.

Ahora, con las escasas noticias que nos van transmitiendo, pretenden hacernos creer la cuadratura del círculo: que es absolutamente posible gobernar España en el marco de la Constitución y, al mismo tiempo, satisfacer las demandas públicas —publicadas y confirmadas— que ERC exige para prestar sus 13 votos, sus «13 monedas de plata», Rufián dixit.

El señor Sánchez y lo que quede del PSOE, no deben olvidar que Cataluña sufre una fractura social histórica por culpa de unos dirigentes que, faltando a sus compromisos y obligaciones legales, intentaron liquidar la vigencia de todo el ordenamiento constitucional y estatutario en Cataluña para conseguir nada menos que la secesión de una parte del territorio nacional. Y, de momento, Sánchez y “su” partido —dicho en términos de estricta posesión— ya han aceptado el formato “Pedralbes” y su terminología separatista, que define eufemísticamente como «conflicto político» sus sediciosas actuaciones golpistas juzgadas y condenadas por el TS. Siguiendo con este léxico disimulado, la mesa de negociación pretende, a través del diálogo entre «gobiernos e iguales», conseguir una solución ahora meramente política y constitucional, ya que aquí la ética y la moral están completamente al margen del aforismo «De la ley a la ley»: «De la Constitución a la autodeterminación» pero, eso sí, con plena «seguridad jurídica», —insistimos—, expresión talismán escogida para evitar toda referencia a la Ley de leyes, que no agrada a los separatistas republicanos.

Estamos ahora ante una operación radicalmente antipatriótica, anticonstitucional y, por lo mismo, condenada al fracaso, no sabemos si antes de formalizar un eventual acuerdo, o después. La cuestión es demasiado sería para que esté en manos del PSC de Iceta, que puede proclamar que España es una «nación de naciones», y el Jefe del Estado el «Rey de Reyes» para ejercer de simpático maitre de ese conciliábulo.

Que, faltando a su obligación constitucional, pretendan ahora negociar la soberanía nacional a cambio de que ellos puedan disfrutar del Gobierno una temporada, es algo que no les corresponde, que no está a su disposición, y que no dudo que el pueblo español vaya a consentir.

Al igual que D. Torcuato hizo juegos malabares con el Derecho Constitucional y los Principios Fundamentales del Movimiento, y gran parte de la población pretendió que no se enteraba —o mejor sí, y lo apoyaba—, ahora la mayoría de los españoles se entera y no va a callar, por mucha prestidigitación política que traten de realizar.

Creo llegada la hora de que los históricos socialistas y los diputados actuales conscientes de la gravedad de la situación, estén a la altura que su responsabilidad exige.