Sánchez supera a Ruanda y Botswana en el Índice de la Corrupción

Pedro Sánchez ha conseguido lo imposible: que España caiga al puesto 46 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Nos superan Ruanda, Botsuana y Arabia Saudí. Portugal, ese vecino al que miramos con displicencia, también está por delante. Y mientras Dinamarca, Finlandia y Singapur lideran la lista de la pulcritud institucional, nosotros descendemos a los infiernos de la chapuza, el trapicheo y la compra de voluntades. El último presidente en ver una puntuación tan baja fue Felipe González. La diferencia es que Sánchez ha logrado este hito sin disimulo, sin rubor, sin ni siquiera una trama bien tejida al estilo de los tiempos del felipismo.

El dato, por sí solo, es demoledor. Pero más lo es el contexto. Porque este ranking no es un capricho de cuatro observadores aburridos. No. En este descalabro influyen la rebaja de la malversación pactada con los independentistas, los casos de corrupción que salpican al Gobierno y su entorno, la amnistía cocinada en Bruselas y, por supuesto, la tentación autoritaria de controlar jueces y medios de comunicación. Un régimen no se mide por su propaganda, sino por sus hechos. Y los hechos nos dicen que en España la corrupción es un mal sistémico que el sanchismo no solo no combate, sino que institucionaliza.

Aquí la corrupción ya no es un desliz. Es una estructura. Las cifras no dejan lugar a dudas: en apenas un año hemos caído diez puestos en el ranking de Transparencia Internacional, y nuestra puntuación es la peor desde los tiempos de la Expo, los GAL y Roldán con las maletas camino de Laos. Con Rajoy, incluso en plena ebullición de la Púnica y la Gürtel, nos daban una nota mejor. Pero ahora ya ni se molestan en guardar las formas. ¡Para qué! Si tienen los votos comprados, los micrófonos serviles y persiguen amedrentar las togas.

El problema de fondo es que en la España de Sánchez la corrupción no se persigue, sino que se legisla para que deje de ser delito. Donde antes había dimisiones, ahora hay indultos. Donde antes se perseguían los abusos, ahora se blanquean con periódicos subvencionados y jueces amarrados. Que nos supere Portugal es preocupante. Que estemos por detrás de Botsuana o Ruanda, directamente humillante. Pero nada de esto parece quitarle el sueño al presidente, que se ha propuesto que España bata su propio récord de indignidad.

En Moncloa todavía deben de estar intentando darle la vuelta a la estadística. Dirán que es culpa de la ultraderecha, del heteropatriarcado judicial, de los medios que no se pliegan. Pero no. La culpa es de un Gobierno que ha hecho del saqueo su forma de administración y del cinismo su forma de comunicación. Y lo peor es que, mientras ellos se reparten el botín, nosotros seguimos descendiendo en el ranking de la decencia, viendo cómo la política se convierte en un juego de trilero donde siempre ganan los mismos: los que parten y reparten.

Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. La corrupción en España ha dejado de ser un problema coyuntural para convertirse en la norma. No es un error del sistema, sino la esencia misma del sistema. No es un fallo de las instituciones, sino la demostración de que las instituciones han sido colonizadas. Cada escándalo que estalla es un reflejo del estado de podredumbre en el que estamos sumidos, y la indiferencia de la opinión pública es el combustible que permite que la máquina siga funcionando.

El día que Sánchez deje el poder, no lo hará entre vítores ni aplausos, sino entre el hedor de su propia herencia política: un país más empobrecido, más polarizado y más entregado a las redes clientelares del socialismo del siglo XXI. Y cuando eso suceda, cuando los historiadores repasen esta etapa, no dirán que fue la de la modernización de España, ni la de la consolidación democrática. Dirán que fue la era en la que nos resignamos a ser gobernados por una cuadrilla de trileros, con la corrupción como eje central de su proyecto político.