¿Quién defiende a los pequeños rentistas?

Casi 95.000 propietarios de Baleares declararon en 2022 ingresos por alquilar alguna propiedad inmobiliaria en las Islas, la inmensa mayoría pequeños propietarios. Una de cada seis familias reconoció ante la Agencia Tributaria unos rendimientos medios de casi 15.000 euros anuales, lo que supone unos 1.250 euros mensuales. Por otra parte, el número de establecimientos en Mallorca destinados a alquiler vacacional asciende a 17.000, lo que significaría, extrapolando pues estamos comparando datos de Baleares con datos de Mallorca, que para cada una de las viviendas que en Mallorca se arrienda en régimen de alquiler turístico se arrendarían cinco en alquiler no turístico.

A falta de datos más precisos y soslayando el alquiler sin declarar, estos guarismos ponen en entredicho que el auge del alquiler vacacional sea el principal responsable de la «emergencia habitacional» de la que políticos y medios nos hablan todos los días. Afecta, claro está. Otra cosa es que la principal razón de la carestía y la falta de la vivienda se deba al alquiler turístico, cuyo auge en gran parte se debe precisamente a que representa una salida alternativa a los problemas y peligros que entraña el alquiler no turístico, muchos de ellos de cariz netamente político.

Una cosa está clara. Cada vez son más los pequeños rentistas mallorquines que subsisten parcial o totalmente de las rentas obtenidas por el alquiler de sus casas, locales y comercios. Todos ellos saben que corren vientos desfavorables para el derecho a la propiedad privada. Los voraces políticos andan al acecho, los ecologistas también, los medios de comunicación también y la turismofobia organizada entre la que se cuenta el grueso de la clase política también. Están rodeados. Todos estos enemigos de la propiedad privada discuten algo tan obvio como el mismo concepto de propiedad privada, puntal de nuestra civilización y uno de los fundamentos nucleares, si no el principal, que ha conformado la realidad social, económica y política de Mallorca durante siglos. Nunca hemos dejado de ser una sociedad de pequeños propietarios y lo seguimos siendo.

Los enemigos de la propiedad privada andan desbocados y entienden que la propiedad no es íntegramente «privada», sino que tiene que cumplir una función social que en su opinión debe pesar más que su libre disposición por parte de su verdadero amo y señor.

Marga Prohens y Llorenç Galmés ya han hablado de «decrecer» en plazas turísticas. De momento, sólo se atreven a señalar las ilegales. Al parecer, una plaza legal saturaría menos que una ilegal. Saturamos o no en función de si pasamos o no por las horcas caudinas de las administraciones, de si estamos o no de alta, de si pagamos o no los 3.500 euros por plaza, curiosa forma de razonar y barrer pro domo sua. Todos sabemos que sólo es cuestión de tiempo que el enemigo pase a ser todo el alquiler vacacional, no sólo el irregular. Y, naturalmente, los más interesados en limitar, degradar y demonizar el alquiler turístico en su conjunto son los hoteleros, que ven en los movimientos antisaturación una magnífica oportunidad para hacer retroceder y eliminar la competencia de un alquiler turístico que siempre han visto como un intruso en su casa.

La posición del PP balear es delicada. Por una parte, les encanta abrazarse a las banderas de la izquierda porque un partido sin convicciones más allá de su propia supervivencia así se hace perdonar. Por otra, entre sus votantes se cuentan miles de rentistas a los que puede terminar esquilmando. Y por último, sufre el pressing de un sector hotelero para el que siempre han legislado. El PP balear siempre ha estado a las órdenes del lobby hotelero al que ha servido en todas y cada una de las grandes decisiones que se han tomado en ordenación y protección del territorio. Los hoteleros, gracias al PP de Cañellas, Matas y Bauzá, siempre han barrido para casa, eliminando en la medida de todo lo posible la competencia (la foránea en la construcción de nuevos hoteles y la local en apartamentos y pisos turísticos) y descapitalizando al resto de sectores económicos (Directrices de Ordenación Territorial 1999, Planes Territoriales de las Islas) para ganar ellos en valor.

Esta vez lo van a volver a intentar y para ello cuentan con una izquierda balear dispuesta a hacerles el trabajo sucio en la calle y con un PP que, a la historia más reciente me remito, se va a achantar a sus demandas de limitar y perseguir el alquiler vacacional en aras de «dar una respuesta» al clamor de la calle y al vano intento de contener la masificación, vano pues ha fracasado dondequiera se ha intentado. La historia de siempre que termina con los hoteleros haciendo caja gracias al malestar de los tontos útiles de siempre, entre ellos la clase política en su conjunto.

Tan decidido está el PP balear en luchar contra el alquiler turístico (no sólo el ilegal, como vemos), que está dispuesto a legalizar miles de viviendas fuera de ordenación a cambio de que las dejen de explotar en régimen de alquiler turístico.

Los formidables amigos de lo ajeno a los que se enfrentan este centenar largo de miles de pequeños propietarios son múltiples, ubicuos y variados: okupación, inseguridad jurídica en los alquileres, tentativas de topar precios, una ley de vivienda estatal al servicio del inquilino mal pagador, una ley de arrendamientos urbanos desfasada que dificulta los desahucios y que defiende por sistema al arrendatario frente al arrendador, los movimientos antimasificación, las plataformas antidesahucios, la lentitud de la Justicia en llevar a cabo los desahucios, la degradación de nuestros barrios debido a una inmigración masiva que tira por los suelos los alquileres y el valor de la vivienda, unas leyes de ordenación del territorio confiscatorias que amputan parte de los derechos de la propiedad privada hasta despojarla de todo valor de uso, leyes de simplificación administrativa que tratan de legalizar sus viviendas a cambio de confiscar sus derechos de alquiler, restricciones normativas que dificultan el cambio de uso, el proteccionismo de los hoteleros dispuestos a eliminar la competencia y unas administraciones ineficaces (ahí está la falta de inspecciones) que sólo buscan exprimir al sector inmobiliario por todos los medios, desde inútiles ITEs hasta adaptaciones periódicas de los valores catastrales a los valores de mercado para seguir incrementando la recaudación en IBI.

Y sin embargo, pese a todas estas amenazas y peligros que se ciernen sobre el pequeño propietario isleño y persiguen su depauperación, estos miles de pequeños propietarios, que no han hecho otra cosa en su vida que mantener, conservar o modernizar lo que han heredado o fer es cap viu y fer sa casa envant para acumular su propio capital inmobiliario y así poder vivir cómodamente de rentas en su vejez, no están organizados, nadie coge la bandera de su defensa, aunque haya miles y miles de votos en juego.

Ante la turismofobia moderada de Marga Prohens, a las órdenes siempre de los hoteleros, y la sumisión ovejuna de la izquierda balear a los movimientos antimasificación como única baza electoral para volver al Consolat de Mar en 2027, la única fuerza contra las élites económicas, mediáticas y burocráticas que está todavía en condiciones de defender a las clases medias y, en consecuencia, a estos miles de pequeños propietarios huérfanos que se sienten atacados a todas horas es VOX. Ya está tardando Manuela Cañadas en alzar esta bandera.