El protocolo provida de Castilla y León para ‘dummies’

El 20 de diciembre de 2021, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, animado por los buenos resultados conseguidos por Isabel Díaz Ayuso en Madrid unos meses antes, anunciaba la convocatoria de elecciones anticipadas, al tiempo que expulsaba de su Gobierno a todos los consejeros de Ciudadanos, partido con el que el PP gobernaba en coalición desde julio de 2019. Los comicios se celebraron el 13 de febrero de 2022 y en ellos el PP consiguió su peor resultado histórico en la región, quedándose con 31 escaños y el 31,4% de los votos, muy lejos de los 41 que necesitaba para la mayoría absoluta. Por su parte, Vox pasaba del único escaño de 2019, a 13, con el 17,6% de los votos. Lo que permitió a las dos formaciones alcanzar un acuerdo de legislatura que llevó a Mañueco a renovar su presidencia.

En su programa electoral, Vox decía que tenía intención de «convertir a las familias en el centro de las políticas públicas y promover la cultura de la vida para revertir el invierno demográfico». El acuerdo de legislatura firmado entre PP y Vox explicitó en su apartado 13 que ambas formaciones pactaban que «apoyaremos la natalidad». Y tras varios meses de negociación, los dos partidos llegaron a un acuerdo que se hizo público tras el Consejo de Gobierno del pasado jueves, en una rueda de prensa conjunta entre el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP) y el vicepresidente Juan García-Gallardo (VOX); así como mediante la nota de prensa emitida por la Consejería de Sanidad, en la que se detallaron las medidas relacionadas con el ámbito sanitario y asistencial para el fomento de la natalidad que se habían acordado.

El acuerdo entre las dos formaciones consiste en tres nuevos derechos que estarán a disposición de todas las mujeres embarazadas de Castilla y León: el acceso gratuito a un psicólogo clínico, la implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre y el acceso gratuito a la ecografía 4D a las mujeres gestantes. Todos estos nuevos derechos se añadirán al protocolo estandarizado preexistente que se aplica para el seguimiento sanitario de la gestación y se enmarcan, como dice la Consejería de Sanidad en su nota de prensa, en las «políticas públicas para el fomento de la natalidad y el apoyo a las familias en Castilla y León».

Posteriormente, García-Gallardo incide en que los médicos de Castilla y León, como no podía ser de otra manera, deberán informar de la existencia de este protocolo a todas las embarazadas, incluidas las que hayan expresado su deseo de interrumpir voluntariamente la gestación, practicando un aborto. En la práctica, esto sólo implica que los médicos informarán a todas las embarazadas del conjunto de derechos que tienen, nada más. No se exigirá que para abortar ninguna mujer tenga que pasar antes por la consulta de un psicólogo, ni se le obligará a escuchar su latido o verlo en una ecografía 4D, sólo tienen que saber que, si quieren, ahora tienen derecho a solicitarlo gratuitamente en la sanidad pública. Este es el acuerdo firmado y publicado entre PP y Vox.

El problema surge cuando, como todos debían haber previsto, los partidos y la prensa de extrema izquierda y sanchista ven en este anuncio la oportunidad de desviar la atención que ahora está centrada en los 190 violadores que han visto reducidas sus condenas gracias a la ley del sólo sí es sí de Sánchez y Montero y que ya han empezado a salir a la calle amenazando de muerte a las víctimas por las que entraron en prisión; en el asalto al Tribunal Constitucional, ahora presidido por alguien tan sectario como Cándido Conde-Pumpido; en los pactos del Partido Sanchista con los proetarras de Bildu que han servido para trasladar a todos los etarras al País Vasco y empezar a sacarlos a la calle; en los indultos a los golpistas, la derogación de la sedición, el abaratamiento de la malversación; o en la galopante subida del precio de la energía y los alimentos. En vez de estar hablando de todo esto, llevamos unos días en los que sólo se discute de las medidas provida acordadas entre PP y Vox en Castilla y León en cumplimiento de sus programas electorales y sus acuerdos de legislatura.

El PP podría haber vuelto a centrar el debate, defendiendo los acuerdos firmados; y Vox podría haber contribuido, explicando bien desde el primer momento, que los que se han aprobado son nuevos derechos y ninguna obligación, como quiere hacer creer la izquierda. Cada partido debe ser capaz de defender su programa y sacar adelante sus propuestas, teniendo claro que están condenados a entenderse y a colaborar, porque no existe ninguna otra posibilidad de que España pueda convertir en una pesadilla del pasado esta lacra del sanchismo. Confiemos en que PP y Vox hayan aprendido la lección y de aquí en adelante se nieguen a permitir que la extrema izquierda manipule el debate, como están haciendo con estos nuevos derechos provida.