La Policía puede y debe investigar

No existe policía en el mundo democrático que no tenga capacidad para investigar sobre hechos que pudieran resultar delictivos. Ello sería dejar a la ciudadanía desprotegida ante delincuentes, mafias o intereses de otros países. No existe Estado que no disponga de cloacas, de zonas oscuras normalmente habitadas por servicios secretos cuya misión es dar seguridad y protección a la ciudadanía. Ante empresas extranjeras que controlen suministros básicos (energía, agua, comunicaciones…) o ante injerencias contra la nación, los servicios del Estado están obligados a informar al Gobierno para defender los intereses nacionales.

Conozco numerosos ejemplos por experiencia propia. Cuando se pide a la ciudadanía que denuncien si se trafica con drogas en una calle o zona, ¿la Policía remite las miles de llamadas que recibe o investiga semanas o meses las más sólidas y después informa a fiscalía o juzgado? Llegan noticias de servidor usado por terroristas islamistas con miles de cuentas y se informa a Comisaría General de Información. ¿Hacen gestiones o lo trasladan directamente al juez? Recibimos informaciones de Anonymus sobre redes de pederastia (tres internacionales y una nacional) que se pasan a Policía Judicial. ¿Las trasladan inmediatamente al juez o hacen gestiones previas para confirmar indicios? Recibimos información sobre la noche en que fue asesinada Marta del Castillo que se remite al juez y Policía Judicial de Sevilla. El juez lo devuelve porque no formamos parte del procedimiento señalando que se remita a la Policía (se hizo al mismo tiempo). ¿La Policía remite nuestro escrito al juez o hace gestiones previas?

En 2012 denuncié, representando al sindicato mayoritario de la Policía, indicios sospechosos de la adquisición del ático de Ignacio González. Se habían difundido noticias sobre la investigación policial respondidas por el ministro Fernández Díaz y el director general de la Policía, Cosidó, como una investigación ilegal, anunciando que los policías serían sancionados. Por ser el inspector y un policía afiliados a mi sindicato intervenimos en su defensa. Policías cumpliendo órdenes legales, como ratificó tiempo después la justicia, acusados por sus responsables políticos de una grave actuación delictiva.

Trasladamos informe del ático a la fiscalía anticorrupción que respondió, a un sindicato policial que no puede investigar, que eran datos insuficientes y que siguiéramos investigando a Ignacio González. Es evidente que la fiscalía no quería hacerlo. El Comisario General de Policía Judicial nombrado seis meses antes, que ordenó investigar, fue cesado. El sindicato presentó denuncia y se personó como acusación popular en defensa de sus afiliados. Dejé la secretaria general en junio de 2013 teniendo cuatro expedientes disciplinarios del periodo 2012-2013 y alguna querella pendiente por denunciar prácticas corruptas y/o abusos de poder. Un año después mi sindicato retiró la acusación popular del ático y se desentendió de expediente de 45 días de sanción contra mí del citado bienio.

No se puede manipular diciendo que la policía no puede investigar. Puede y debe hacerlo con indicios sólidos sea Ignacio González o Pablo Iglesias el afectado. Si existe posible financiación desde el extranjero para crear un partido político es obligación del Estado y sus servicios investigarlo, sea el CNI, la policía (competencia atribuida en ley orgánica 2/86) o el SEPBLAC, unidad de inteligencia económica contra blanqueo de capitales del Banco de España. Los tres organismos investigaron. Si ha habido desviación en una investigación prospectiva, lo que no parece, o elaboración de informes falsos, es una cuestión de la que deben responder los autores. Concluir que no puede investigar la Policía es o ignorancia o mentira. El pensamiento único de lo políticamente correcto, que insulta el sentido común y contradice la legalidad.