Pensiones: la prueba del algodón

Hay en España un termómetro ineludible para calibrar si una reforma emprendida por este Gobierno malhechor va en la dirección correcta y contribuirá a mejorar el bienestar común: la opinión de los sindicatos. Si estos, que están literalmente comprados por el poder político, a los que poco importan los parados, los jóvenes o los inmigrantes, sino sólo los trabajadores que ya cuentan con un empleo fijo más sus afiliados serviles, aprueban la reforma, es que ésta es rechazable y ominosa. Y esto es lo que ha sucedido con el proyecto de ley del ministro Escrivá sobre las pensiones, que probablemente será aprobado hoy en una reunión extraordinaria del Consejo.

Lo razonable y urgente habría sido responder satisfactoriamente a la siguiente pregunta: ¿cómo logramos revertir a corto, medio y largo plazos el déficit estructural, creciente e inasumible del modelo español, que hace aguas, para garantizar la suficiencia de las pensiones que reciben y recibirán los españoles? Pues bien, el ministro Escrivá, poseído por la soberbia que le caracteriza, acumulada por la larga trayectoria en puestos técnicos de alcurnia, se ha comportado como un estudiante de bachiller: si tenemos un problema de déficit, pues aumentamos los ingresos más que los gastos y conflicto resuelto.

Así que los ingresos aumentarán gracias a un nuevo incremento de las cuotas sociales a cargo de las empresas y de los autónomos, sometidos todos a una extenuante presión fiscal -la más alta de la OCDE-, y penalizando a los salarios más altos, a esos que el Gobierno ha estigmatizado como ricos, como si sus retribuciones fueran el resultado del latrocinio y no el producto del esfuerzo, de la capacidad, del mérito y del superior valor añadido que aportan a las empresas y por ende al conjunto de la sociedad.

Y este atentado contra la justicia y el sentido común se ha cometido despreciando deliberadamente que los ingresos del sistema, y su sostenibilidad, están directamente relacionados con el empleo, con su cantidad y con el valor añadido del mismo. La productividad de nuestras empresas y de la economía en general -hoy una de las más bajas de la Unión Europea- es una variable crucial para alcanzar niveles de crecimiento a largo plazo que permitan garantizar unas pensiones suficientes.

No es el caso con el modelo propuesto por Escrivá, que castiga con saña la creación de puestos de trabajo y considera a las empresas como las vacas lecheras que hay que ordeñar en lugar de como los caballos que tiran del carro, que diría Churchill. Pero la reforma es doblemente pésima porque, postulando una subida de los ingresos a corto plazo, a costa de mermar los del futuro, tampoco cumplirá con el objetivo de racionalizar el gasto, que no dejará de crecer por mor del empeño populista de Sánchez de revalorizar las pensiones según la inflación -sin tener en cuenta el aumento de los jubilados a corto plazo con salarios más altos y derecho a compensaciones más elevadas que las precedentes-, y las nuevas medidas para elevar las pensiones no contributivas o las contributivas más bajas. De manera que de lograrse el incremento de 15.000 millones de euros anuales que se contemplan, esto no será capaz de compensar los gastos en marcha -el incremento del 8,5% este año para compensar la subida de precios ha supuesto 14.000 millones más que además se consolidan en la base del sistema para los próximos ejercicios-.

Escrivá desprecia igualmente la baja natalidad que acosa al país, su longevidad creciente, que harán que cada vez sean menos los que sufragan el gasto por jubilación de cada vez más españoles, que cobran una de las pensiones más generosas de los países desarrollados si tenemos en cuenta la cuantía de lo percibido en relación con el último salario antes del retiro. Y ha hecho trizas, como es consustancial a todo socialista, la relación entre derechos y deberes, cultivando un país que aspira a garantizar la felicidad perpetua de los ciudadanos sin reparar en los costes que comporta esta hemorragia buenista. Nunca encontrarán entre los socialistas mención alguna a la responsabilidad individual, a la contribución propia para asegurar un futuro mejor, algo que se podría estimular con incentivos para el ahorro a largo plazo o el desarrollo de planes de pensiones privados, que Escrivá ha destrozado con el similar argumento de que benefician a los más acomodados, que son los que más contribuyen a la riqueza general y por eso objetivo de la saña de la izquierda.

Desgraciadamente, los planes del Gobierno de Sánchez han sido bendecidos por la Comisión Europea, que es un organismo burocrático apenas interesado en el bienestar a largo plazo de los ciudadanos, tan sólo en lograr por encima de todo el equilibrio de las cuentas públicas para de esta manera poder seguir aportando fondos para que los estados como el español sigan gastando a espuertas sin control. Debería esmerarse más en mi opinión, pues Sánchez es el que gobierna uno de los países con más déficit y deuda pública, pero de momento no parece mostrar el interés necesario. Por el contrario, se ha prestado a validar esta reforma de las pensiones que dañará gravemente la competitividad empresarial, las oportunidades de empleo, el futuro de los jóvenes y, en definitiva, amenaza de quiebra el sistema a largo plazo. Eso sí, el gran Escrivá se ha curado en salud, y ha establecido un procedimiento para que quien le suceda arregle el desaguisado, en el caso de que los ingresos previstos no sean tan generosos y los gastos se disparen. Que es lo que sucederá a largo plazo. Pero como dijo Keynes, tan admirado por esta tropa sin arreglo posible, «a largo plazo, todos muertos».