Okupas: drama y perdición para la propiedad

Leíamos recientemente que las casas okupadas generan unas pérdidas de 21,4 millones de euros cada año a sus propietarios en las ciudades de Madrid y Barcelona. La cuestión es, ¿protege nuestro ordenamiento jurídico con rigor la propiedad privada? En palabras del filósofo inglés John Locke: «La propiedad privada es el júbilo del sacrificio personal y su derecho a proteger aquello por lo que ha trabajado con esmero y dedicación, por lo que toda sociedad libre tiene que proteger». Sin embargo, la crisis económica que vive España no es sino el reflejo de una profunda crisis política y social, ya que sin estabilidad institucional no puede haber estabilidad económica. Los países anglosajones gozan de medidas urgentes cuando se producen ocupaciones ilegales de viviendas con la famosa «patada en la puerta”. Sin embargo, en España tenemos dos alternativas que, debido a la lentitud en el procedimiento, produce que las consecuencias de las mismas sean más propias de los países tercermundistas dónde la aplicación de la ley queda en papel mojado para víctimas y propietarios. Es la triste costumbre de aceptar unas normas y unas leyes inefectivas que tardan entre 8 y 12 meses para su correcta aplicación, además de los elevados costes de los procedimientos.

El código civil español prevé un procedimiento para el «desahucio» con el fin de poder echar al inquilino que deje de abonar sus alquileres. Este procedimiento no sólo durará aproximadamente un año, sino que además implica de unos costes excesivos. Aproximadamente 3.000 euros van destinados al abogado, procurador, cerrajero y notario que ha de levantar un acta previa sobre el uso indebido de la vivienda y lo peor, dejar de cobrar todas las rentas impagadas. Por otro lado, si la ocupación ha sido «sin título», estaríamos ante el delito de usurpación de viviendas en un proceso mucho más lento para echar a los okupas, con una ridícula pena de multa de 3 a 6 meses que raras veces se cobra, ya que por lo general el acusado por este tipo de delitos es insolvente.

¿Es esto serio? Un propietario, un pequeño ahorrador como lo son muchos de nuestros jubilados, los cuales dependen del alquiler de su vivienda para pagar sus facturas, tiene que estar casi un año sin recuperar su vivienda ante una ocupación ilegal. Para recuperarla implicará costes adicionales y las rentas impagadas no se recuperarán.

Un Estado que es incapaz de dar soluciones jurídicas a sus ciudadanos sólo demuestra la flaqueza institucional de sus leyes y la bajeza moral de una clase política más preocupada en el show legislativo que en plantear propuestas a los problemas del día a día de su gente. Todo ello, sin considerar el espectáculo internacional que damos a la verdadera marca España. Los inversores extranjeros se preguntan qué pueden hacer y cuánto les puede costar si el inmueble en el que van poner el dinero sufre de una ocupación ilegal. Sin la debida seguridad jurídica no llegará una verdadera recuperación económica.