No es la lengua, son los ciudadanos

“El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a hablarla”. Artículo 3.1 de la Constitución Española.

El debate abierto tras la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid de crear una Oficina del Español indica que también en esta materia es preciso hacer mucha pedagogía política. Tanto quienes defienden la figura como quienes la critican –de la Oficina, que no tiene por qué coincidir con el titular de la misma- han pervertido el debate. Yerran quienes mantienen que la Oficina es necesaria porque “el español está siendo atacado” e igualmente yerran quienes sostienen lo contrario.

La lengua española es una lengua potente, que amplía constantemente el número de hablantes y se extiende por todo el mundo. El castellano o lengua española no necesita ser defendida de nadie. A quienes hay que defender es a los ciudadanos que no pueden ejercer el derecho constitucional de elegirla. La primera víctima del totalitarismo es la libertad. Cuando un Gobierno cuestiona, prohíbe y/o persigue la libertad de movimiento, la libertad de expresión y la libertad de elección estamos ante un claro ejemplo de despotismo, la antesala del totalitarismo. Pero la víctima del despotismo o el totalitarismo gubernamental no es la lengua, es el ciudadano.

No se ataca a la lengua española cuando se priva a los padres el derecho de elegir la lengua común como lengua vehicular en la educación de sus hijos; no es la lengua española la que está siendo atacada cuando se multa a los comerciantes por rotular en español en sus comercios; no es la lengua española la que está siendo atacada cuando se impide a los ciudadanos utilizar el español para comunicarse con la administración; no es la lengua española la que está siendo atacada cuando se impide a los estudiantes hacer sus exámenes en español… No es el español el que está siendo atacado cuando la Generalitat Valenciana impone en las aulas el valenciano; los atacados en sus derechos son los padres que tienen que recorrer cada día cuarenta kilómetros desde Alicante hasta Murcia para que sus hijos puedan ser escolarizados en español.

Son los derechos de los ciudadanos los que están siendo vulnerados al negarles el ejercicio efectivo de un derecho recogido en la Constitución, además de privarles de una poderosa herramienta de competitividad al impedir que sean educados en una lengua que hablan más de seiscientos millones de ciudadanos de todo el mundo.

El castellano no es una lengua española más: es la lengua española oficial del Estado. El resto de lenguas oficiales en determinadas comunidades autónomas también son españolas, pero sólo el castellano es la lengua común de todos los ciudadanos españoles, la lengua que nos permite a todos participar de forma activa y en igualdad de condiciones en todos los asuntos de interés común. Por eso resulta decepcionante comprobar que defensores y detractores de la decisión de la presidenta Ayuso obvian lo sustancial del debate, eso es, que en las autonomías con otra lengua oficial se persigue a los ciudadanos que quieren ejercer su derecho pleno a usarla. No es la lengua, son los ciudadanos.

Cualquier énfasis en este debate pasa por señalar que no se trata de conseguir más y mejores hablantes del español sino que cualquier autoridad pública debe extremar su celo para garantizar el derecho de todos los españoles a utilizar su lengua en cualquier parte de España en la que se encuentre.

En España se ha llamado normalización lingüística a excluir la lengua común del ámbito educativo y/o del ámbito institucional en aquellas comunidades autónomas en las que existe otra lengua española oficial. La normalización ha sido un ariete de las políticas nacionalistas que ha contribuido a crear la ficción de dos comunidades políticas, caracterizadas por la lengua que usan, y que conviven en un mismo territorio. Y la imposición de la lengua llamada propia sobre la que es común ha sido también la forma de demostrar quién manda. Pero quienes no somos nacionalistas no podemos contribuir a pervertir el debate utilizando los mismos “argumentos” identitarios que ellos usan para forzar la anulación de un derecho. Frente a la “normalización” hagamos bandera de lo normal. Y lo normal es que se cumplan de forma efectiva todos y cada uno de los artículos de nuestra Constitución. El artículo 3.1 también.

En definitiva, una Oficina del Español, digna de ese nombre, ha de estar orientada, ante todo y sobre todo, por los derechos de las personas y no por los sedicentes derechos de las lenguas ni sobre la base de seculares injusticias que es necesario reparar, aún a costa de privar a los ciudadanos del derecho a elegir la lengua vehicular de la enseñanza o de acabar con el principio de igualdad de oportunidades en el ámbito académico o profesional.

Desde esta perspectiva habrá quien se pregunte qué puede hacer una comunidad autónoma cuya única lengua oficial es el castellano para proteger los derechos de los ciudadanos a elegir la lengua común en sus relaciones con la administración o en su sistema educativo. Seguro que puede hacer más cosas de las que se me ocurren; pero me conformaría con que no se contribuyera a confundir sobre el fondo de la cuestión y sobre lo que a día de hoy es un problema para muchos españoles que viven en regiones gobernadas por nacionalistas o socialistas normalizados: que se les niega su derecho a elegir. Es la libertad, no es la lengua.