No es competencia de la UIB dictar la política lingüística

El PSIB pedirá al Parlamento balear «el asesoramiento de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) antes de manifestar su criterio respecto de la toma en consideración de la Proposición de Ley de Creación de la Oficina de garantía de la libertad lingüística en las Islas Baleares», una Oficina cuya proposición de ley registrada hace unas semanas en la cámara balear ha levantado ampollas entre la izquierda y los sectores más catalanistas de la sociedad balear.

La Oficina tiene como pretensión hacer efectiva y real la cooficialidad del catalán y el castellano en todas las administraciones baleares, algo que no se cumple a día de hoy pues en muchas de ellas, los colegios públicos sin ir más lejos, el castellano está totalmente excluido, no sólo en lo referido a la enseñanza donde impera de facto la inmersión obligatoria en catalán sino incluso en las comunicaciones entre los propios colegios y las familias.

La Oficina, que será gestionada por Vox tal como se recoge en los acuerdos entre PP y Vox para la investidura de Marga Prohens y el gobierno en solitario del PP, tiene por objeto terminar con esta discriminación lingüística que a diario sufren muchos ciudadanos de Baleares, que ven así pisoteados sus derechos ante la pasividad, por no hablar de ninguneo, de nuestras administraciones.

El PSIB confunde churras con merinas con su propuesta de consultar a la UIB para que dé su beneplácito a la ley para la creación de dicha Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística. Se trata de una propuesta a la desesperada de quienes tratan a los baleares -y a sus legítimos representantes, los diputados- como a menores de edad al aferrarse al no por reiterado menos burdo argumento de autoridad de la UIB.

La universidad balear es, en efecto y según el Estatuto de Autonomía y la ley de Normalización Lingüística, la autoridad asesora y consultiva en materia lingüística. Pero lo es únicamente en su aspecto normativo, por ejemplo en lo que se refiere a la toponimia popular tradicional, aunque lo cierto es que muchas de sus resoluciones han causado una gran polémica, como aquella que, en 2001, prescindía del artículo salado en favor del llamado artículo «literario» en la toponimia balear, yendo incluso más lejos en la exterminación del artículo salado de lo que ha llegado nunca el propio Instituto de Estudios Catalanes (IEC) que sí lo respeta en Cataluña en topónimos como «Sant Joan Despí», «Sant Just Desvern» o «Sant Esteve Sesrovires».

Ni que decir tiene que la universidad balear no puede ni debe pronunciarse en cuestiones de Política Lingüística, como la que afecta a la proposición de ley registrada por Vox sobre la Oficina referida o la que afecta a los cambios del reglamento de normalización lingüística del Ayuntamiento de Palma, unas decisiones -política es decidir, ni más ni menos- que competen, única y exclusivamente, a los políticos, no a unos profesores de la UIB. Como indica su nombre, Política Lingüística es política, y por lo tanto, dependiente de los políticos que deciden, en el parlamento o en las direcciones generales, consejerías o concejalías de Política Lingüística, qué tipo de acciones emprenden en materia lingüística. Una materia sensible que explicitan los distintos partidos en sus programas electorales, de ahí que no quepa esperar que la política lingüística de Més per Mallorca sea la misma que la de Vox.

Lo que pretende, sin disimulo ninguno, la izquierda balear en su conjunto, es que la Política Lingüística sea una especie de asunto de Estado que nadie pueda cuestionar y que quede blindada por los sociolingüistas de la UIB de espaldas a la opinión de los ciudadanos que mostraron claramente sus preferencias el pasado 28 de mayo.

El PSIB debería tomar nota de los resultados electorales y no pretender gobernar desde la oposición donde le mandaron los baleares después de ocho de años de aplicar las políticas lingüísticas de Més per Mallorca que, a la vista del escrutinio, los ciudadanos consideraron extremistas y lesivas.