Naturgy, Telefónica y el intervencionismo empobrecedor del Gobierno

El Gobierno ha ido asumiendo el discurso más radical de la izquierda en materia económica, con un intervencionismo económico que parece no tener fin. Así, da rienda suelta tanto a los planteamientos arcaicos e ineficientes de la vicepresidenta Díaz en materia laboral como a los que se basan en un intervencionismo asfixiante en el mercado, cuyo último episodio lo estamos viviendo con Naturgy.

En las últimas semanas, el Gobierno ha entrado en el capital de Telefónica, en un involucionismo intervencionista que sólo tiene precedentes, con la misma compañía, en la etapa falangista del franquismo, tras haber tratado de poner todo tipo de barreras de salida a Ferrovial meses atrás.

Adicionalmente, la inseguridad jurídica creada con las regulaciones contra las empresas ahuyentan la inversión, tanto nacional como extranjera, que mira hacia otros destinos, empobreciendo a la economía española. También está interfiriendo en la OPA que una empresa húngara quiere sacar adelante para comprar Talgo.

Ahora, como digo, puede que repita la jugada con Naturgy, entrando en su capital para contrarrestar la potencial OPA de un fondo soberano de Emiratos Árabes, TAQA, sobre dicha compañía.

Es cierto que la operación de entrada de un fondo soberano TAQA de Emiratos Árabes en Naturgy es mucho más sensible que la entrada en Telefónica de otro fondo del mismo tipo, debido a que el suministro de gas constituye un elemento esencial para garantizar el abastecimiento de España, especialmente ante la negativa del Gobierno de contar con la energía nuclear (o con el fracking).

Ahora bien, ese carácter estratégico lo puede defender el Gobierno mediante su capacidad reguladora, que impida un impacto negativo de la operación en el suministro energético español, máxime en un momento de tensión geopolítica en las guerras de Ucrania y Próximo Oriente.

Sólo el que el Gobierno analizase la posibilidad de entrar en Naturgy ya constituiría un elemento intervencionista de grandes dimensiones. ¿Por qué va a tomar participación el sector público en la compañía? ¿Es que tiene más pericia para influir, desde la posición que tomase, en su gestión, que la que ahora mismo se sigue en la compañía? ¿Es que protege a los españoles con ello? Ni una cosa ni la otra.

Por ello, no es ni necesario ni deseable que el Gobierno entrase en Naturgy, como no lo era tampoco su entrada en Telefónica, pues tiene otros mecanismos con los que defender cualquier carácter estratégico de dichas compañías.

El Gobierno podría buscar una excusa, en este caso, la participación del fondo de Emiratos Árabes en Naturgy, para tratar de controlar la compañía. Ya tuvo la tentación al inicio de la pandemia, cuando la parte podemita del Gobierno llegó a pedir la nacionalización de algunas ramas de actividad, y ha intervenido en muchos mercados, como el energético con la llamada «excepción ibérica», o el intento de limitación de beneficios empresariales, entre otros, para corregir el libre juego del mercado, y acaba de entrar en Telefónica, en una involución económica de hace casi ochenta años, cuando el régimen franquista entró en la compañía, cosa que ha repetido ahora el Gobierno. Todo ello envuelto en una falsa bandera que oscila entre un supuesto patriotismo económico, que no es otra cosa que un perjudicial proteccionismo, que siempre ha masacrado a la economía española cuando se ha aplicado, y que lastra a cualquier economía; y una medida vendida como benevolente para los más débiles, cuando los debilita aún más al perjudicar al conjunto de la economía y poner en riesgo muchos empleos.

Sería inquietante que tanto en la operación de Telefónica como en la de Naturgy pudiese haberse dado un pacto para que la entrada de un fondo soberano extranjero justificase la entrada del gobierno español para ir creando, en lo que sería una involución económica, un nuevo INI. Eso no generaría confianza, pues extendería la potencial intervención del Gobierno sobre todos los sectores.

Por tanto, el Gobierno debe defender los intereses españoles estratégicos y, en este caso concreto, garantizar el suministro energético en España con la normativa que tiene en su mano, regulatoria, para asegurarlo, sin que sea ni necesario ni deseable entrar en su capital, que sería volver al pasado, interferir en la empresa y endeudar a los españoles, empeorando, en definitiva, la estructura económica de España.

En lugar de eso, el Gobierno debería pensar por qué muchas empresas españolas no encuentran inversores nacionales. La respuesta es sencilla: no hay capacidad financiera nacional ni para operaciones de alrededor de 600 millones de euros, como es el caso de Talgo. Eso se debe al efecto expulsión de la iniciativa privada que genera el gasto público del Gobierno, compitiendo por la financiación con el sector privado, de manera que drena recursos del mercado hacia el sistema productivo privado. Se necesita, por tanto, más liberalización, no más intervencionismo, y, sin embargo, todo hace pensar que en el caso de Naturgy el Gobierno terminará interviniendo de nuevo e interfiriendo en el mercado, en lugar de velar por el carácter estratégico de la compañía sin necesidad de dedicar el dinero de los contribuyentes a sustituir al sector privado en sus inversiones.