La merma de coraje político financia el peligro con dinero público

600 palabras es un espacio pírrico para explicar cómo el país número 17 del índice democrático mundial legitima a una clase política y cultiva a una masa social que envidia a Mali, a Marruecos e Irán que se encuentran entre el 100 y el 158. Existen españoles que prefieren a Salah Abdeslam antes que a la amenaza del Capital. Todo ello tiene su origen en el sesgo ideológico de la prensa, en la tolerancia con partidos que promulgan ideologías genocidas equiparables a la esvástica. En la merma de coraje de nuestros Gobiernos occidentales, tan bienintencionados y ávidos de promover el respeto por las religiones minoritarias que son capaces de pasar por alto prácticas como el matrimonio forzoso y el menoscabo a la mujer con tal de evitar que la sociedad estigmatice a los musulmanes. Hay demasiados ninis y universitarios que insultan o desconocen a Gregorio Ordoñez y a Ortega Lara. Carne blanda que te contesta “Alfon” cuando les pides un nombre de entre las 856 víctimas de 40 años de terrorismo etarra en España.

Alguno me acusó de racista cuando esta semana aseguré en Twitter que “la práctica totalidad de los yihadistas capturados en España —687 desde el 11M— cobraba onerosas pensiones públicas». Hoy lo repetiré por si no les quedó lo suficientemente claro a aquéllos que regalan supralegitimidad moral a terroristas llamándoles ecosistema cultural. Lo haré para aquellos políticos que llaman Estado del Bienestar a la práctica del proselitismo islamista comprándose clientes con dinero público. A regalar la nacionalidad en comunidades autónomas gobernadas por nacionalistas. Un voto para el PNV, Compromís o Junts Pel Sí por cada marroquí, pakistaní, magrebí o argelino bailando la sardana. “¡Allahu Akbar, Sabino Arana!”. Ahí va:

Saib Lachhab: yihadista marroquí de 41 años detenido en Vitoria en febrero del 2017. Había estado combatiendo en Siria y según se desprende del auto de ingreso en prisión emitido por la Audiencia Nacional recibía 1.800 euros mensuales a través de la RGI que concede el País Vasco y a Prestación Complementaria de la Vivienda.

Redouan Bensbih: marroquí de 26 años que murió en Siria en marzo de 2014 combatiendo mientras percibía 836 euros de la RGI vasca. Siguió ingresando el subsidio en su cuenta bancaria durante 5 meses después de muerto.

Ahmed Bourguerba: argelino residente en Bilbao en julio de 2015. Cobraba 625 euros más otros 250 complementarios para el alquiler de una vivienda. No dejó de cobrar las ayudas durante sus 3,5 años de prisión provisional. Ya había sido detenido en 2003 acusado de integrar una célula de apoyo a Al Qaeda en Irak y procesado por Baltasar Garzón en 2005 por financiarla.

Ejemplos exitosos de la compra de votos islamistas son también los cinco terroristas que abrieron en canal Europa con los atentados de París y Bruselas en 2015. Entre todos sumaban subsidios públicos por valor de 51.000 euros.

Según Wall Street Journal, aquellos atentados costaron 30.000 euros en el caso de París y unos 3.000 euros en el caso de Bruselas. Más de 100 muertes pagadas con dinero público y un primoroso margen de beneficio para yihadistas como Salah Abdeslam, receptor de 21.000 euros del erario belga.

El Gobierno catalán ya ha reconocido que hay más de 4.000 receptores de ayudas que perciben una cantidad superior al SMI. En la Comunidad Valenciana el Gobierno nacionalista compuesto por Compromís y el PSOE ya ha anunciado que los inmigrantes sin papeles cobrarán hasta 532 € al mes. Les invito a consultar los beneficiarios de ayudas a la vivienda sólo en la Comunidad de Madrid. Mientras, 300 policías españoles mutilados en acto de servicio se encuentran sujetos al límite máximo de percepción mensual establecido en la Ley de Presupuestos cuando piden cobrar el subsidio de compañeros heridos en el marco del combate antiterrorista. Mientras, un ciudadano cobra 800€ tras 40 años de trabajo cotizados. Para la corrección política estas líneas son discurso racista. En las casas y los bares, un peligro intolerable e inasumible.