Lo que provoca alarma es la defensa de los okupas que hace el Gobierno

Resulta sencillamente alucinante que al Gobierno de Pedro Sánchez le molesten los anuncios de las empresas de seguridad en los que se advierte del riesgo de la okupación, como si el problema no existiera y todo fuera fruto de una estrategia publicitaria para captar clientes. El Ejecutivo mantiene la tesis de que esas campañas son «abusivas o engañosas» y que forman parte de un plan de las empresas de seguridad privadas para vender de manera injustificada alarmas.

Cómo será la cosa que se ha licitado un contrato por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del ministro de Sumar Pablo Bustinduy en el que se establece como objeto del servicio la  «realización de un estudio para el análisis del uso, por parte de las empresas de servicios de seguridad privada en viviendas, seguros, inmobiliarias y similares, de estrategias publicitarias abusivas o engañosas». Se trata de determinar lo que, según Sumar, ya está determinado. Esto es, que están desarrollando estrategias comerciales que pudieran considerarse «ilícitas y/o engañosas, utilizando el riesgo de ocupación de viviendas particulares».

El coste del estudio es de 17.605,50 euros, impuestos incluidos y su plazo de ejecución es de dos meses, es decir, que la empresa adjudicataria tendrá que hacer este estudio en 60 días. De lo que se trata es de, con fondos públicos, negar la evidencia y vender la teoría de que el creciente problema del allanamiento de una vivienda ajena es «un bulo». Y es que desde Sumar aseguran que los datos de okupación de casas están «cayendo», cuando la realidad es que las cifras muestran en el último año un aumento de más del 7%, según el propio Ministerio del Interior.

Según la formación de Yolanda Díaz «la percepción social  del problema de la okupación es 1.000 veces más grande de lo que es en realidad», lo que lleva a concluir que Sumar tiene un problema de percepción de la realidad 1.000 veces mayor que la media, pues si comparamos los datos de 2017 -el último año completo sin Pedro Sánchez- con los del último ejercicio el aumento es del 54,68%. Al Gobierno le preocupa que las empresas de seguridad publiciten sus alarmas cuando lo verdaderamente alarmante es la defensa de la okupación que hace la izquierda.