Inmigración y delincuencia

El cese del inspector jefe de la comisaría de Centro en Valencia ha molestado en la Policía. Decir que todos los detenidos en los últimos cinco años en esa comisaría son extranjeros pudo ser una exageración, pero cesarlo y expedientarlo es una exageración con abuso de poder. Quizás el inspector jefe hablaba de detenidos y presentados para identificación por la ley 4/2015 (“Mordaza”), extranjeros irregulares que una vez confirmado que lo son y están propuestos para expulsión quedan en libertad. Muchos de ellos son trasladados hasta varias veces cada mes por la exigencia de los mandos de inflar estadísticas sumando decenas de miles cada año. Será fácil demostrar que la amplia mayoría de detenidos y presentados en esa y otras comisarías son extranjeros consultando el registro informático de Sidenpol.

El Gobierno y sus medios de comunicación mantienen que la inmigración ilegal no afecta a la criminalidad. Los datos desmienten esa estrategia política de ocultación. El balance de criminalidad enero-junio 2022 de la Secretaría de Estado de Seguridad, comparado con el mismo periodo de 2021, presenta un incremento de delitos del 25,7% (de 897.048 a 1.127.147). Han crecido los homicidios dolosos, asesinatos, 11,3% (de 142 a 158); delitos graves, menos graves, lesiones, riñas tumultuarias, 48,2% (8.340 a 12.359); contra la libertad sexual, 19,1% (7.885 a 9.389); agresión sexual con penetración, 26,8% (955 a 1.211); otros delitos contra la libertad sexual, 18% (6.930 a 8.178); robos con violencia e intimidación, 33% (22.892 a 30.439); robos en domicilios, locales, etc., 23% (47.005 a 57.837); robos con fuerza en domicilios, 22,6% (33.288 a 40.797); hurtos, 44,6% (211.787 a 306.269); robo de vehículos, 23,7% (12.006 a 14.852). En febrero de 2021, el Gobierno respondió a pregunta parlamentaria de Vox sobre detenidos e investigados por agresiones sexuales el año 2020, señalando 637 casos de españoles (58%), y 460 extranjeros (42%); si se desglosara el dato de nacionalizados el porcentaje de españoles bajaría, pero ¿le parece poco al Gobierno el 42%? Los residentes extranjeros en España representan el 12%.

Según el registro de penados, los extranjeros en prisión son el 32%; si el Gobierno señala en el mismo porcentaje los delitos cometidos por extranjeros (legales e ilegales), ¿significa que el 100% de los delitos que cometen los extranjeros se resuelven? No se identifican, detienen ni encarcelan todos los extranjeros (ni españoles) que cometen delitos porque es empíricamente imposible y quien lo diga, miente. Los gobiernos de España nos siguen tratando como súbditos, menores de edad. En una democracia digna de tal nombre el derecho a la información de la ciudadanía debe respetarse facilitando datos oficiales no manipulados. Parece existir la misma manipulación y opacidad que se produjo tras los atentados del 11M, ocultando indicios que no se investigaron sobre la posible implicación, por acción u omisión, de servicios secretos extranjeros.

Existe relación entre inmigración y criminalidad. Ni estratificando y descontando menores de 14 años y mayores de 50, porque los delitos que cometen son porcentualmente pocos y hay millones de españoles más que extranjeros, el resultado niega la evidencia. Es la realidad que negaron y ahora reconocen países europeos que nos llevan décadas de “ventaja” en esto, como Francia, Reino Unido, Suecia o Dinamarca (que retirará las ayudas a inmigrantes que no trabajen). En España, además de criminalidad ordinaria, miles de extranjeros perciben ayudas del Estado mientras residen en su país, principalmente Marruecos. Ocurre desde hace años, lo conoce este gobierno y como los anteriores, lo ha tolerado. El peor enemigo del inmigrante trabajador es el inmigrante delincuente subvencionado que España tolera. Bienvenida la inmigración legal mayoritariamente trabajadora, honrada, necesaria y fuente de riqueza.