El incumplimiento de Montero con el que ataca a Andalucía

El ministerio de Hacienda ha enviado una carta a la Junta de Andalucía en la que le exige una serie de recortes y ajustes fiscales si quiere volver a emitir plenamente en los mercados financieros. Esos ajustes se basan en los incumplimientos de Andalucía de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto correspondientes al año 2018, año en el que gobernaba todavía el PSOE y en el que la consejera de Hacienda era, hasta junio, la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Por tanto, en primer lugar, lo que cabe destacar es que Montero censura a Montero. No es la primera vez, pues ya como ministra advirtió a la Junta de Andalucía del incumplimiento de la regla de gasto para 2017, cuando ese año había sido ella la consejera.

Ahora bien, lo más relevante es la emisión de dicha carta por una cuestión que es realmente menor en estos momentos: no se trata de una denegación de un PEF ni de un incumplimiento o riesgo de incumplimiento actual, sino de que administrativamente Andalucía no cumple con todos los requisitos establecidos para que puedan volver a autorizarle emitir en los mercados financieros. La elección del momento del envío de la carta, de quién la remite y del motivo parece buscar el envío de una señal a todas las regiones, especialmente a las que están bajando impuestos. De esta forma, esa carta viene a decir que aunque se trate de un asunto menor en estos momentos, al ser receptivos los mercados al retorno de Andalucía a ellos, Hacienda va a aplicar la interpretación más dura que permita la norma. Detrás de esos ajustes puede esconderse el obligar a Andalucía a revertir sus bajadas de impuestos. Es una señal que no se acabará en Andalucía, sino que el objetivo es, posiblemente, lanzar una advertencia a la región más importante de España, Madrid.

El Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las CCAA y EELL y otras de carácter económico incorporó una trampa tremenda en su artículo 15.3, pues enviaría inmediatamente al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a quienes estuviesen adheridos al Fondo de Facilidad Financiera (FFF) y hubiesen incumplido los objetivos de estabilidad, regla de gasto o período medio de pago a los proveedores. Ese traspaso se produciría de forma automática, mientras que quienes no estuviesen ni en el FFF ni en el FLA, aunque incumpliesen, no podrían ser llevados directamente al FLA, no tan automáticament. Ese artículo, en su día, destilaba por todos sus poros el nombre y apellidos de un destinatario, la Comunidad de Madrid, pues la región madrileña emitía en los mercados y se resistía a entrar en el FLA o en el FFF, que era lo que deseaba el Gobierno. Bajo la apariencia de FLA bueno, al que llamaron FFF, se escondía la trampa de llevar a la región al FLA inmediatamente si se adhería al FFF, ya que la negativa entonces del Gobierno a aprobarle la financiación de la parte de déficit excesivo de 2011 que le quedaba por enjugar, podía llevarle a incumplir el período medio de pago a proveedores, cosa que, en cualquier caso, no sucedió por el buen desempeño de Madrid.

Madrid lo vio claro y no se adhirió por dos razones: la primera, porque se financiaba en los mercados de manera brillante, mejor que en el FLA o en el FFF; la segunda, porque se dio cuenta de esa trampa, cosa que otras muchas regiones no vieron.

¿Qué le sucede ahora a Andalucía? Que el gobierno actual está pagando por la mala gestión de quien ahora le pide ajustes: Montero. Ella y su antecesora no dudaron en pedir auxilio al FLA, y ahora, con los incumplimientos de aquella época, censuran a los actuales gestores que están intentando devolver a Andalucía a la normalidad de los mercados y empezar a cumplir el déficit, con una buena gestión en la región andaluza.

No parece sensato interpretar en el extremo la norma cuando la nueva administración andaluza está enderezando el rumbo que se encontró, como tampoco es coherente que quienes quieren sancionar a Andalucía sean quienes incumplieron los objetivos que ahora esgrimen para intervenirla. Si el Gobierno central de entonces hubiese aplicado no ya ese RDL en su interpretación más dura, sino la Ley de Estabilidad y no de la manera más extrema, habría tenido que intervenir a la Junta de Andalucía del gobierno socialista de entonces, cosa que no hizo, pero parece que la flexibilidad que pedían ellos entonces, cuando llegaron a suplicar en un Consejo de Política Fiscal y Financiera que les aprobasen un PEF que estaba muy justito para su cumplimiento, y que se les aprobó, ahora lo devuelven con toda la dureza que la norma permita.