El horizonte complicado del coste energético en el invierno

Desde hace semanas, el precio de la luz se encuentra desbocado, elemento que tiene un impacto muy negativo en el conjunto de la economía, pues incrementa los costes empresariales, reduce el poder adquisitivo de los individuos y presiona al alza los precios, al trasladarse a toda la cadena de la economía. En resumen, de seguir así, constituirá una merma de la actividad económica y del empleo.

Hemos acabado el verano con un importante incremento de precios, derivado de una mala política energética, llena de regulaciones e impuestos que suponen alrededor del 55% del importe de la factura de la luz; que no apuesta por la energía nuclear como energía barata, limpia y que España podría generar de manera abundante; y con el cuello de botella en precios que está formando el alza del coste del gas, que marca el marginal del precio de la energía. Ahora, con la llegada del invierno, la disminución de las horas de luz natural y el encendido de las calefacciones, muchas de gas, que recordemos es el componente cuyo precio ha subido más, el coste puede acrecentarse, con el problema adicional que supone la potencial reducción del suministro de gas desde Argelia a raíz del conflicto de este país con Marruecos.

Ante esta situación, el Gobierno no reacciona. Realmente, la apariencia que tiene es que no sabe qué hacer. Para solucionar el problema o, al menos, minimizarlo, debería llevar a cabo una reforma radical de la estructura de suministro energético y su composición en cuanto a fuentes de energía, eliminar el intervencionismo existente y bajar impuestos, pero más allá de alguna rebaja tributaria que ha habido, no aborda el problema de fondo. Su único planteamiento se mueve en el terreno de las ocurrencias en el campo demagógico, como es el sugerir que podría crear una empresa pública de energía, además de no desmentir la idea que sobrevuela en algunos ámbitos próximos al Gobierno para nacionalizar alguna parte hidráulica de las compañías eléctricas, por no hablar del empeño de Podemos, sin ningún disimulo, para nacionalizar completamente las compañías energéticas.

A ello se une ahora la normativa aprobada por decreto por el Ejecutivo para limitar los beneficios procedentes del beneficio que se genera para renovables, hidráulicas y nucleares en el mercado por la subida del precio del gas. El sector ya ha alertado de que eso tendrá poco efecto en la factura de los consumidores y sí que pone en riesgo todo el sistema energético español, con la generación de una gran inseguridad jurídica. Sin embargo, el PNV se ha plantado y ha llegado a decir, claramente, que si el Gobierno hace eso, puede caer, de forma que parece que no habrá al final tal limitación. Del mismo modo, las eléctricas han advertido al Gobierno de que llegados a ese extremo podrían parar sus centrales nucleares para no incurrir en pérdidas.

El problema no acaba ahí, sino que la industria está empezando a acusar el incremento del coste energético y algunas empresas, como Sidenor y ArcelorMittal y Reinosa Forgins -la Naval-, han comenzado a parar parte de su producción. Esto reducirá la oferta en sectores clave y frenará la actividad económica, con el consiguiente impacto negativo en el empleo.

Adicionalmente, el aumento del recibo de la luz en los hogares con la llegada del invierno y el uso de las calefacciones va a reducir el poder adquisitivo de los ciudadanos, que repercutirá en su consumo y ahorro, desembocando, el primero, en menos ventas de las empresas ante la caída de la demanda, y el segundo, en menos inversión. Si, además, comienza a trasladarse a la cadena de valor -y sólo hace falta darse una vuelta por un supermercado para ver que esto comienza a ser así, unido al incremento de precios por el mayor coste del transporte, el problema puede cobrar una dimensión muy importante, con un horizonte del coste energético para el invierno -y de los precios, en general- muy complicado.

España no puede seguir de esta forma, sino que debe redimensionar la composición de su conjunto energético para abaratar la energía, lograr una menor dependencia energética y hacer que nuestra industria sea competitiva, además de evitar la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. Por ello, como ya he dicho en anteriores ocasiones, debe apostar por energías limpias, sí, pero eficientes. No sirve envolver todo de verde si ello es perjudicial. Limpio, sí, pero eficiente. En ese punto, se hace imprescindible retomar la opción de la energía nuclear, donde España puede ser un gran productor, al tiempo que es una energía limpia y, además, segura. Los problemas que ha habido en alguna central nuclear de otros países no se debe a que la energía nuclear no sea segura, sino a que no había un adecuado mantenimiento por ausencia de recursos, como sucedió en Chernóbil. Además, es completamente incoherente que no queramos centrales nucleares, que nos abaratarían mucho nuestra producción y nos garantizarían buena parte de nuestras necesidades energéticas, y que, paralelamente, le compremos energía nuclear a Francia para completar ese “mix” energético.

Se necesitan ideas nuevas, empuje, determinación, coraje para afrontar decisiones y vocación de servicio público para aplicar medidas imprescindibles que permitan conjugar energía limpia y eficiente, todo lo contrario de lo que propone y ejecuta el actual Gobierno, que, de seguir así, no solucionará el problema energético, sino que lo agravará y, con él, España perderá competitividad, la industria parará masivamente, los ciudadanos tendrán menor poder de compra y el conjunto de su economía se empobrecerá.