El Supremo prorroga seis meses la investigación contra el ‘faker’ a sueldo Alvise por financiación ilegal

El Tribunal Supremo ha extendido hasta marzo de 2026 la investigación contra Alvise Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), por financiación ilegal tras recibir 100.000 euros en efectivo del empresario Álvaro Romillo alias CryptoSpain. El magistrado instructor ha justificado la prórroga en la necesidad de tramitar el suplicatorio ante el Parlamento Europeo, procedimiento que puede prolongarse varios meses.

El instructor del caso, Julián Sánchez Melgar, ha subrayado en su auto que «en el caso no puede obviarse una circunstancia muy significativa como lo es la condición de diputado del Parlamento Europeo» de Alvise Pérez. Esta condición «obliga, a modo de condición previa, a solicitar la autorización de la Eurocámara para que la fase previa pueda sustanciarse».

La ampliación del plazo investigativo se extiende seis meses más desde el 20 de septiembre de 2025. El magistrado ha considerado que ese «trámite, a todas luces, reclama un tiempo de tramitación que se prolongará por varios meses».

El pasado 11 de julio, tanto ‘Alvise’ Pérez como Álvaro Romillo comparecieron ante el Supremo con versiones diametralmente opuestas sobre el destino de los 100.000 euros. El eurodiputado ha reconocido haber recibido la cantidad, pero ha negado rotundamente que la utilizara para financiar la campaña electoral de SALF a las europeas del 9 de junio de 2024.

Alvise Pérez ha explicado que recibió el dinero por una charla sobre «libertad financiera» en el Hipódromo de Madrid. Ha detallado que dos trabajadores de Romillo le entregaron el dinero «en un maletín negro con diez fajos de 10.000 euros cada uno en billetes de 50 y 100 euros» en las instalaciones de Centinel.

El eurodiputado ha sostenido que llevó ese dinero a su casa pero que no lo gastó en la campaña de SALF. Ha cifrado el coste de la campaña electoral en «poco más de 30.000 euros», razón por la cual no habría reflejado los 100.000 euros en las cuentas del partido.

Sobre el destino del dinero, Alvise ha precisado que usó aproximadamente la mitad en gastos personales, «entre los que ha mencionado viajes personales y profesionales». El resto ha indicado que sigue a su disposición.

Romillo se ratifica

Por el contrario, Álvaro Romillo, alias CryptoSpain, se ha ratificado completamente en su versión inicial. «Se le han dado 100.000 euros a Alvise y él ha testificado que no se los he dado para el uso de la campaña. En todas las conversaciones que se aportó en su día, son para el uso de la campaña», ha declarado a la prensa tras su comparecencia.

Romillo ha revelado además una peculiar circunstancia en el manejo de los fondos. Ha asegurado que Alvise «quiso poner un testaferro, que es una empresa que se llama Somos Libres, para que se hiciera un pago por transferencia» pero que «no se le hizo». El empresario ha especificado que ese supuesto testaferro «se dedica a temas de ocio nocturno y prostitución».

El magistrado Sánchez Melgar ha abierto causa no sólo por presunto delito de financiación ilegal, sino también por delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental. Esta investigación múltiple refleja la complejidad del entramado financiero que rodea las actividades de ambos imputados.

El Supremo ha asumido el caso a instancias del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien no pudo dirigir su investigación contra el eurodiputado al gozar este de la condición de aforado. El origen se enmarca en las pesquisas sobre la presunta estafa piramidal a través del MIC, de la que Romillo fue máximo responsable.

Esa fue la tercera comparecencia de Alvise Pérez en el Tribunal Supremo. El eurodiputado mantiene abiertas otras dos causas: una relativa a la difusión de una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad y actual president catalán, Salvador Illa; y otra por el presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio Susana Gisbert.

En su comparecencia del pasado 20 de junio por el presunto acoso a Gisbert, Alvise mafestó que era «público y notorio» que recibió esos 100.000 euros. Con una actitud desafiante, llegó a declarar: «Poco me parece que me pagaran 100.000 euros por media hora de charla».

El eurodiputado declaró durante aproximadamente una hora, contestando únicamente a preguntas de su abogado y del magistrado instructor. Ha negado que la aventura electoral de SALF se financiara de forma ilegal, según las fuentes jurídicas consultadas.