Hablemos de reformas

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) separaba recientemente a España del resto de economías europeas en una cuestión crucial como es la recuperación. El Índice Compuesto de Indicadores Líderes (CLI) se trata de un indicador diseñado por la propia OCDE que tiene como objetivo anticipar los puntos de inflexión en el ciclo económico entre los seis y nueve meses siguientes. El índice referente a España volvió a descender tras haberse mantenido medianamente estable en los meses de verano, lo que rompe la tendencia con el resto de países europeos, que continúan con una evolución al alza para los siguientes meses. En concreto, el índice español pasó a los 93,2 puntos en agosto, habiendo registrado 94,8 enteros en el mes de junio y haberse contraído ligeramente hasta los 94,6 en julio. Para hacernos una idea de la situación, si nos fijamos en Alemania observaremos que el país bávaro alcanzó en agosto los 99,4 puntos, subiendo desde 99,1 en julio. En el gráfico a continuación podemos observar como España se sitúa diverge de la media de la OCDE con previsiones de descenso del indicador CLI en los próximos meses, lo cual no tiene relación directa con el rebote que veremos en términos de crecimiento trimestral del PIB al cierre del tercer trimestre del año.

Esto se suma a la corrección a la baja de las previsiones de caída del PIB para el año 2020 por parte de Funcas. La reputada fundación, dedicada principalmente a análisis y estudios económicos, agravaba recientemente la cifra de contracción del PIB hasta el 13% para el ejercicio 2020. Asimismo, estiman, que en un escenario base el desempleo se situaría en el 19% a final de año, pudiendo tardar la economía española en recuperar sus niveles previos de PIB hasta bien entrado el año 2024.

Por lo tanto, ante esta situación, una agenda reformista que contribuya a limar las deficiencias de la estructura productiva de la economía española y el funcionamiento de algunos mercados como el de trabajo, contribuiría sin duda a incrementar el crecimiento potencial de la economía, y con ello las bases imponibles, ayudando a su vez a estabilizar las cuentas públicas a lo largo de los próximos ejercicios y otorgando mayor seguridad a inversores y empresas que decidan adentrarse en territorio español.

Pero, ¿qué reformas son estas? Son varias, y muchas de ellas con efectos notorios a largo plazo. Tratémoslas de manera algo esquemática.

En primer lugar, aún sin ser una reforma estructural de calado y siendo una política pública a más corto plazo, debemos resaltar la insostenibilidad de prolongar más allá de finales de 2020 el esquema de ERTEs por causa de fuerza mayor por el cual ha apostado hasta ahora el Gobierno. En el punto álgido de la pandemia se llegó a la cifra de prácticamente 4 millones de trabajadores en situación de sometimiento a un ERTE, mientras hoy en día esta cifra supera ligeramente las 750.000 personas. Esto indica que, hasta el momento, la aplicación de ERTEs y la flexibilización de su esquema para causas de fuerza mayor ha funcionado de manera exitosa, gracias en gran parte a la Reforma Laboral del 2012, que permitió que las tramitaciones de ERTE fueran aprobadas únicamente por un juez en lugar de tener que pasar por el Ministerio de Trabajo. Aún así, el coste directo de los ERTEs para las arcas públicas ha sido descomunal durante la actual recesión, superando incluso la cuantía que será otorgada a España por el fondo SURE de la UE, siendo esta de 21.300 millones de euros. Por lo tanto, si deseamos dinamizar el mercado laboral a corto plazo sin necesidad de ahondar aún más en el agujero de déficit, se debería proceder a una política de transición de los ERTE o focalización en sectores o regiones que verdaderamente los precisen, y cuya solvencia pueda ser demostrada. Dicha política se podría acompañar de un incremento de incentivos al empleo o programas de cualificación para el trabajador liderados por el sector privado y adecuados a sus necesidades.

En segundo lugar, el Gobierno debería ser previsor respecto a los resultados de devolución de los préstamos ICO y bancarios, ya que esto podría tener fuertes repercusiones sobre las arcas públicas si parte de los 100.000 millones de avales públicos dispuestos por el Gobierno para garantizar la liquidez y las reestructuraciones de la deuda al inicio de la pandemia, debieran finalmente ser ejecutados. Por lo tanto, aún a medio y largo plazo, se deberían revisar las condiciones de los préstamos y los avales de estos para facilitar la devolución del capital prestado y simplificar algunos aspectos del proceso para evitar una quiebra masiva de empresas cuando la liquidez comience a desvanecerse.

Una de las reformas estructurales más importantes a acometer es la relacionada con el mercado laboral. España es un país con un mercado laboral estructuralmente débil, cuya media de desempleo de las tres últimas décadas ronda el 17%. Es por ello por lo que requerimos un mercado laboral mucho más flexible y sólido. Uno de los primeros pasos para lograrlo es reducir la asimetría existente entre los costes de despido de los contratos indefinidos y temporales. Es decir, es urgente y muy pertinente reducir la dualidad del mercado laboral. Para ello es muy importante garantizar una elevada flexibilidad en la negociación de convenios y bajo ningún concepto volver al esquema de ultraactividad existente previo a la reforma de 2012. Una de las claves para reducir dicha dualidad sería apostar por algunas políticas como el contrato único o la mochila austriaca, que erosionarían la actual divergencia en términos de costes de despido y reducirían la brecha existente entre temporales e indefinidos. Por supuesto, se debería poner fin asimismo a la descausalización objetiva del despido, es decir, a aquello que ha venido vendiéndose como “prohibición de los despidos”.

Por otro lado, es muy relevante diseñar un plan de estabilización fiscal a medio plazo, quizás no de aplicación inmediata, pero sin duda para comenzar a aplicarlo en torno a 2021 y cuando el crecimiento vaya siendo algo más robusto. El ejecutivo ha aumentado los niveles de gasto público en cerca de un 30% respecto a los seis primeros meses de 2019, mientras el déficit acumulado en los siete primeros meses del año se elevó hasta los 60.400 millones, superior al 5,4% del PIB. Las estimaciones de déficit para el conjunto del año 2020 rondan en todas las previsiones el 12% del PIB, siendo esta la cifra que ofrece Funcas. Por lo tanto, todo ello muestra la necesidad de racionalizar el gasto a medio plazo, potenciar el crecimiento potencial para ampliar la base imponible y generar una mayor expansión de la producción nacional. Asimismo, se deberían contemplar ciertas medidas como la revisión de la cantidad de bienes y servicios sujetos a tipos reducidos y superreducidos de IVA, ya que dichas exenciones hacen que mientras el tipo nominal de IVA se sitúe en el 21%, el tipo efectivo real sea tan solo del 8,5%, lo que merma la recaudación de las arcas del Estado en concepto de IVA en cerca de 18.000 millones, o lo que es lo mismo, un 55% de su potencial recaudatorio, según un reciente informe de la Airef.

Por último, si de verdad deseamos racionalizar el gasto a medio plazo, una reforma esencial a realizar es la del sistema de pensiones. En un primer lugar, se debe garantizar la sostenibilidad a medio plazo del sistema de pensiones, y esto se debe hacer recuperando el Factor de Sostenibilidad, que regulaba la pensión inicial a la esperanza de vida estimada, y el índice de revalorización, que limitaba el aumento de las pensiones contributivas al 0,25% anual mientras las cuentas publicas se mantuvieran desequilibradas. Las estimaciones demográficas no son halagüeñas, y si no se hace nada por solucionar el asunto de las pensiones terminarán por comerse la mayor parte del gasto público en España. Una futura transición a un sistema mixto de capitalización y reparto es inevitable y muy deseable.

Como se puede observar, hay multitud de temas a tratar sobre la mesa, y todos ellos sin excepción son de una elevadísima urgencia. Ya saben, hablemos de reformas.