Un Gobierno contra los que crean empleo

Escribe el ex ministro socialista Miguel Sebastián en redes sociales en contra de la eventual subida de las cotizaciones sociales patrocinada por el inefable ministro José Luis Escrivá. Y dice: “Las cuotas de los empresarios a la Seguridad Social, sin incluir a los autónomos ni a los trabajadores, ya suponen el 8,3% del PIB, superando a todo lo que se recauda por el Impuesto sobre la Renta. ¿Es realmente sensato plantear un aumento?”. La mera pregunta incluye la respuesta. No. Una subida adicional de las cotizaciones sociales con una tasa de paro de casi el 15% más las dificultades para encontrar mano de obra es lo más parecido a un suicidio. Si el pretexto es engordar la hucha de las pensiones, lo razonable sería castigar a los jubilados, que han sido desde siempre el colectivo mejor tratado en todas las crisis y que no puede seguir conservando su poder adquisitivo a costa de las unidades creadoras de riqueza. Ya sé que esto es impopular, y qué más da. Alguien, aunque sea un comentarista menor como es mi caso, está obligado a decirlo.

Todo conspira en este Gobierno en contra de las empresas, que son las que crean empleo. Nunca he leído tantos informes de consultoras y de bancos de inversión desmontando las hipótesis sobre crecimiento económico y asegurando abiertamente que los presupuestos del Estado son un artefacto que carece por completo de credibilidad. Uno de ellos, por ejemplo, se titula Rebote inferior al previsto y Recuperación en entredicho. Otro, Unos presupuestos sin visión de futuro. Un tercero Una recuperación económica incompleta. Y así todos. Jamás he visto tal desencuentro entre un Ejecutivo y la clase empresarial, ni más distancia con los analistas, ni más enojado al mundo de los negocios por la deriva de falta de dirección, de desencuentros constantes y de ausencia de proyecto por parte del Gobierno, que sólo confía en recibir los fondos europeos, pero que con su acrisolada falta de competencia está lejos de poder ser capaz de gestionar.

La reactivación del gasto de los hogares con la que contaba el equipo de Sánchez no se ha producido. El aumento de la inversión privada tampoco se ha materializado. La caída de renta de los hogares el año pasado y las inciertas expectativas sobre la evolución del empleo y del paro, así como de sus futuros ingresos han aumentado los incentivos de las familias a ahorrar de manera precautoria. Además, las medidas de política económica anunciadas por el Gobierno en el ámbito laboral, fiscal y regulatorio no son las adecuadas para crear un marco generador de confianza favorable al despliegue de la iniciativa empresarial. Aunque todavía no sabemos en qué acabará el sainete sobre la reforma laboral, un aumento del poder de los sindicatos, reforzando los convenios sectoriales en detrimento de los de empresa, o permitiendo que las centrales entren de pleno derecho en las pymes sería tremendamente pernicioso para la creación de puestos de trabajo y el potencial de crecimiento de la economía.

Como he tratado de explicar modestamente otras veces, el juego de las expectativas económicas es esencial de cara a la obtención de resultados. Los ciudadanos no son tontos, aunque estén pegados todos los días a las televisiones pagadas por el Gobierno. Cuando perciben que lo que escuchan puede afectar a su bolsillo reaccionan de la manera más natural posible. Por ejemplo, si los aires van a favor de una subida de impuestos retraen su disposición al consumo y a la inversión. El corolario es que España carece de las condiciones necesarias para iniciar una dinámica de crecimiento sano, alto y sostenido.

Aunque el Gobierno confía en que las reglas fiscales de Europa sigan suspendidas y por tanto le permitan gastar más de lo que debe, incurrir en déficit fiscales inapropiados y seguir alimentando la deuda pública no es probable que los países europeos llamados frugales acepten durante mucho más tiempo el chantaje de un Gobierno desastrado que no es capaz de dirigirse a Europa con una voz común, que airea cotidianamente las desavenencias internas, y lo que es más importante, que escamotea lo que puede los deberes a que están condicionados los recursos que podría recibir si se porta bien. También es igual de complicado que el banco central europeo siga monetizando -comprando- a perpetuidad la deuda de países con posiciones fiscales muy desequilibradas como el nuestro, sin plan alguno de consolidación presupuestaria a medio plazo.

Sánchez ha fiado todo a los 27.000 millones, apuntados en el presupuesto, que va a recibir de Bruselas, pero no está claro que los pueda ingresar con la premura que ha previsto, habida cuenta de las dudas sobre las contraprestaciones que debe ofrecer. Y además existen todas las incógnitas del mundo sobre la capacidad de gestión de una cantidad tan fastuosa de recursos. Al habla con un miembro del Gobierno del PP de la época de Aznar, me señala esta enorme dificultad en la que nadie parece reparar. En aquellos tiempos, era relativamente más fácil porque tenían que acabar el AVE, quedaba por finalizar la T4 de Barajas y otras cosas. Ahora no hay proyectos de esa magnitud y será muy complicado dar salida con rapidez y eficacia a aportaciones tan colosales. Si es que acaban llegando.

La conclusión es que la trayectoria de la economía española a medio plazo no tiene visos de ser muy brillante. Todos los informes que he expurgado apuntan a que crecerá muy por debajo del objetivo del Gobierno en 2021, y que la pujanza de 2022 está a sujeta a muchos interrogantes que escapan al voluntarismo oficial. Resulta sorprendente que con un déficit y una deuda pública de las dimensiones que tiene nuestro país la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, considere apropiado desplegar una estrategia presupuestaria que se traduce en el mayor gasto público de la historia, o en el mayor gasto social de la historia, según dicen ellos con orgullo. Como ya he afirmado que la gente no es tonta, no hace falta tener muchos conocimientos económicos para sospechar que esta no es una estrategia sostenible y que los ciudadanos adoptan en consecuencia la prudencia correspondiente. Esto es lo que está sucediendo, contrariando las previsiones oficiales.

El déficit de las cuentas públicas españolas ya es el mayor de la Unión Europea por el impacto de la pandemia. Esto no sería preocupante si los gastos en que se ha incurrido fueran de carácter coyuntural, de manera que fueran desapareciendo poco a poco a medida que los motivos que los han ocasionado se esfuman. Pero no es el caso. La revalorización de las pensiones, el aumento del sueldo de los funcionarios, el infame bono cultural joven de 400 euros aprobado para los que cumplan 18 años en 2022 han venido para quedarse, este último una carga adicional de una ignominia simplemente dedicada a la captura descarada del voto. Es de esperar que nada de esto pase desapercibido en Europa y que recibamos el correctivo que sin duda merecemos. Es decir, que Europa ponga orden en este patio trasero poco decoroso en que Sánchez ha convertido a España.