En España no hay nada, absolutamente nada, que esté a salvo de la injerencia y de Sánchez y su Gobierno. Ni la vida pública ni la privada; ni las comunicaciones entre particulares (lean el anteproyecto de ley de Telecomunicaciones) ni la acción de las instituciones del Estado.
Por muy reglado que todo parezca, por muy protegido que parezca estar el ejercicio de un derecho o de una potestad a través de las leyes ordinarias, de las extraordinarias o hasta de la propia Constitución, nada está a salvo en la España de Sánchez.
La última demostración de prepotencia y despotismo de Sánchez ha sido el veto al Rey para que pueda asistir a la entrega de diplomas de los nuevos jueces. Ya no hace falta que los golpistas catalanes quemen fotografías del Rey o hagan proclamas en contra de su presencia en Cataluña; Sánchez ha tomado la iniciativa y ha ido más lejos de lo que cualquier sedicioso hubiera soñado y ha prohibido viajar a Barcelona al Jefe del Estado.
La decisión de Sánchez de prohibir a un ciudadano español, el primer ciudadano, un derecho constitucional básico como es el de circular libremente por territorio nacional salvo que pese sobre él una sentencia judicial que lo impida, tiene un enorme calado desde el punto de vista democrático y altera la relación ente poderes consagrada en nuestra Constitución. Como el propio Presidente del CGPJ ha reconocido en su intervención ante los nuevos jueces a la vez que lamentaba la ausencia del Rey en el acto – aunque no debiera haber lamentado e la ausencia del Rey sino la prohibición del Gobierno que es quien lo ha impedido-, el hecho de que se desarrolle el acto de entrega de diplomas de los nuevos jueces sin la presencia del Rey “Tiene una enorme dimensión constitucional y política, expresión del apoyo de la Corona al Poder Judicial en defensa de la Constitución”.
Así lo han entendido Sánchez y su Gobierno, y por eso lo han prohibido: porque no quieren que la presencia del Rey certifique ante los nuevos jueces la renovación del compromiso de la Corona con el Poder Judicial y en defensa de la Constitución.
El envite contra la democracia llevado a cabo por los sediciosos catalanes hizo que todos los españoles tomáramos conciencia de que los constituyentes previeron que un gobernante, aunque hubiera sido elegido democráticamente, podía volverse loco y olvidar cual era su primera responsabilidad. Lo que nos llevó a conocer –y a muchos a reclamar- que se aplicara un artículo ordinario de nuestra Constitución, el 155: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.
Para mi resulta evidente que la última acción llevada a cabo por Sánchez contra la Jefatura del Estado y contra la Justicia conculca principios constitucionales y vulnera directamente algunos artículos básicos de la Constitución. A saber:
Artículo 1.3: “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”.
Artículo 19:” Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional….Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos”.
Artículo 117: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
Hay quien se pregunta si no hay algún mecanismo constitucional para proteger la democracia de un golpe perpetrado desde el Gobierno. Porque el artículo 155 sirve para actuar frente a las CCAA; pero, ¿quien nos protege si quien no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España es el Gobierno de la Nación?
Me temo que jurídicamente hay poco que hacer; en realidad nada salvo que algún órgano (por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial) plantee un conflicto entre órganos constitucionales frente al Gobierno ante el Tribunal Constitucional. La batalla contra este gobierno de facinerosos es política. Y la ganaremos o la perderemos en la esfera de la política. Mas nos vale que empecemos a organizar la resistencia en defensa de la democracia.
