El gasto infinito del Gobierno

Hace unas semanas, el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto no financiero y el cuadro macroeconómico -que ahora llaman económico al introducir algunos indicadores micro, más como propaganda que como elemento útil para realizar los presupuestos-, que contemplan una elevación del gasto muy importante. Este incremento constituye una enorme responsabilidad, porque eleva el gasto de manera irresponsable, dotándole de un carácter enormemente estructural, con unos objetivos de estabilidad presupuestaria poco ambiciosos, ya que su consecución se basa, únicamente, en el efecto recaudatorio que todavía proporciona la inflación, pero que a medio y largo plazo se deteriora.

De esa forma, la propuesta del Gobierno, cuya senda de estabilidad ha sido felizmente rechazada por el Congreso, por lo irresponsable de la misma, sigue por la vía del gasto tremendamente expansivo, con un incremento del gasto no financiero -sin fondos europeos- de un 8,5%, que equivalen a 16.610,33 millones de euros más, para dejarlo, sin fondos europeos, en 212.026 millones. Aun sin contar los fondos europeos, el gasto no financiero habrá crecido en 92.129 millones desde que Sánchez llegó al Gobierno. Con los fondos europeos es un incremento del gasto no financiero desde 2018 de 96.280 millones de euros.

Así, si se suman los fondos europeos, el techo de gasto no financiero se eleva hasta 216.177 millones, es decir, 395,67 millones de euros sobre el actual. Esto muestra claramente que cada vez se está consolidando más gasto estructural, ya que el gasto no financiero sin fondos europeos crece en más de 16.000 millones mientras que el que contiene fondos sólo 396 millones, de manera que si antes había millones de diferencia, ahora hay 4.000 millones, que certifica el carácter estructural que adopta dicho gasto.

Esta sangría del gasto continúa con el problema que supone la Seguridad Social, que en lugar de tratar de solucionarlo, lo enquista llevándolo hacia delante, con un traspaso de 22.881 millones de euros, que muestra el deterioro anual acelerado de la Seguridad Social, que cada vez necesita más el apoyo de los PGE, rompiendo la ortodoxia fiscal. Por mucho que diga que así garantiza la sostenibilidad del sistema, no es cierto, porque la Seguridad Social, por sí misma, ya no puede cubrir sus gastos.

En cuanto a la reducción del déficit, se produce por incremento del PIB nominal, incrementado de manera extraordinaria en las revisiones del INE, producidas tras la actuación de Calviño que ha confesado ella misma sobre la metodología a aplicar, y por la recaudación extraordinaria, pero aun con esa recaudación no se logra alcanzar el equilibrio presupuestario, elemento que deja ver de nuevo el deterioro estructural del saldo presupuestario español, cuya economía cada vez es menos productiva y vive más del gasto público. Es más, pese a ese incremento del PIB nominal y de la recaudación, la deuda apenas se reduce sobre el PIB debido a la fuerte presión del gasto público, cuya regla de gasto tiene también un crecimiento tremendamente elevado en el período, por encima del 3%.

En definitiva, nos enfrentamos a un gasto irresponsable, que no deja de crecer; y un déficit y deuda maquillados por el aumento del PIB nominal y de los ingresos como consecuencia de la inflación, que camufla el aumento de gasto, que se vuelve estructural. Es una propuesta cortoplacista para ganar tiempo, que aplaza y enquista problemas, con un perjuicio estructural que pone en riesgo a la economía española en el medio y largo plazo, que se deteriora y asume unos niveles de gasto que España no puede soportar por mucho tiempo. De hecho, si no fuese por el respaldo tácito del BCE con la herramienta antifragmentación, la prima de riesgo española estaría disparada de nuevo.

Es la base del crecimiento del Gobierno: gasto, gasto y gasto, junto con un incremento de población poco productivo, que lleva a que se sustituya talento por bajo valor añadido, que redundará en un deterioro todavía mayor de productividad, mal que aqueja a la economía española. En definitiva, es un techo de gasto que es una irresponsabilidad. Afortunadamente, parece que no saldrán adelante los PGE basados en él, pero el mero hecho de plantearlo denota lo equivocado de esta política económica.