La excusa verde del intervencionismo

Se han reunido los ministros de economía y finanzas de la UE y en dicha reunión se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que, a efectos de cumplimiento de los objetivos de estabilidad, no computen como déficit y deuda los gastos realizados en proyectos relacionados con la economía verde y digital. Esto no es más que el último ardid del intervencionismo para tratar de seguir incrementando el peso del gasto público sobre el PIB, que, en definitiva, le da un mayor poder al sector público, que es lo que buscan, en última instancia, los intervencionistas.

No parece que esta decisión pueda considerarse, afortunadamente, como segura, pues los países ortodoxos -a los que tratan de descalificar llamando “halcones” cuando, realmente, sólo son estrictos en el cumplimiento de la disciplina presupuestaria que acordó en su día la Unión Europea- se resisten a que se flexibilice de tal manera el pacto de estabilidad y crecimiento. Esa oposición de los también llamados “frugales” es el único dique de contención que queda para tratar de evitar que la política fiscal expansiva se acelere por el lado del gasto, a costa, eso sí, de aplicar una dura política fiscal contractiva por el lado de los impuestos, esquilmando a los contribuyentes, quienes, ya exhaustos, no tienen recursos para aportar ni un céntimo más sin perder calidad de vida y de poder adquisitivo, pero esto no parece preocupar a los intervencionistas.

De esa manera, estos intervencionistas, amantes del gasto público, quieren acabar con la disciplina fiscal europea -convertir lo extraordinario de estos tres ejercicios en una excepción permanente es, ni más ni menos, que acabar con las reglas de estabilidad-. No recuerdan que esas reglas no son un capricho, sino fruto de la necesidad de mantener una convergencia entre las economías de los países de la zona euro y sus políticas fiscales, pues los integrantes de la eurozona entregaron sus políticas monetarias al Banco Central Europeo, de manera que las decisiones de la misma que se toman se llevan a cabo en función de las necesidades de la economía del conjunto de la eurozona, por lo que si un país se separa de esa senda, las decisiones de política monetaria pueden perjudicarle sobremanera, además de que ese país, con su comportamiento, puede poner en peligro la estabilidad de toda la moneda única europea, como ya sucedió en la anterior crisis con Grecia, por ejemplo. Imaginemos las consecuencias si eso sucede con uno de los grandes de la eurozona.

Vivimos unos momentos críticos: cuando se complete la vacunación, debería empezar a afrontarse el coronavirus como una enfermedad más, con el levantamiento de todas las restricciones y medidas, para que sus consecuencias económicas no sean todavía peores que las sanitarias, con empobrecimiento de todo y, por tanto, también de los recursos para la sanidad. Para evitar eso, hay que volver a la normalidad, sin adjetivos; por otra parte, en estos momentos, se está jugando una batalla crucial para nuestro funcionamiento económico: libertad o intervencionismo. Estos últimos, los intervencionistas, están desplegando toda su capacidad de demagogia para tratar de hacer ver que sin el gasto público la economía se hundirá, cuando lo único que la ha precipitado al vacío han sido las prohibiciones derivadas del intervencionismo, con escasa capacidad generadora de actividad por parte del sector público, que, todo lo más, ha podido pagar prestaciones sustitutivas por la suspensión de empleo, pero no generar, lógicamente, actividad económica, por mucho que se empeñen en escribirlo en un decreto. Ahora que la pandemia ha de ir remitiendo y las necesidades de gasto ligadas a ella también, quieren prolongar la expansión de ese gasto con la excusa de la economía verde, para, dicen, evitar una gran recesión tras la pandemia. ¿Por qué no exploran el liberalizar más los mercados, bajar impuestos y permitir a la economía productiva que genere riqueza y empleo? Esto es lo único que hace sostenible a la economía por sí misma, y no el desmedido gasto público que la sostiene artificialmente hasta que no se pueda gastar más porque el nivel se vuelva difícilmente sostenible. Creemos que eso no puede pasar, y es difícil, desde luego, pero de seguir así puede ocurrir, o, al menos, una derivada de traslación a elevada inflación por incremento del dinero en el sistema si es que los bancos centrales tuviesen que acudir al rescate del sobreendeudamiento.

Es inútil: pueden hacer ingeniería contable y excluir del cómputo de déficit y deuda el gasto en economía verde y digital, pero no dejará de ser deuda, que habrá que financiar, de manera que los inversores y los mercados la tendrán en cuenta. En nombre de “lo verde” quieren aumentar el gasto, como en nombre de “lo verde” han encarecido el recibo energético, donde más del 55% del coste se debe al intervencionismo público, entre peaje de distribución, subvención a las renovables, moratoria nuclear e impuestos, con el mercado de derechos de emisión como uno de los grandes elementos responsables del aumento del precio de la energía.

Por supuesto, que hay que tratar de cuidar el medioambiente y respetarlo al máximo posible, pues nuestro mundo es el lugar en el que vivimos y hemos de tratar, además, de legarlo en las mejores condiciones posibles a las generaciones venideras. Ahora bien, verde, sí, pero caro, no; y, desgraciadamente, el 90% de los que se envuelven en la bandera medioambiental sólo apuestan por todo lo que es caro, desdeñando las soluciones limpias y baratas, como la energía nuclear en lo relativo al campo energético. Los intervencionistas eligen siempre los elementos más caros porque son los que les dan la excusa para gastar más, cobrar más impuestos e intervenir más en la economía, aunque sea todo lo contrario de lo que necesita la economía para ser próspera. En definitiva, utilizan la economía verde y la supuesta defensa del medioambiente como mera herramienta, como excusa, no como objetivo, pues su único y verdadero objetivo es expandir el intervencionismo por toda la economía, con un gasto desmedido, un déficit crónico y una deuda abultada. Cada persona, cada gestor público tiene una enorme responsabilidad desde el lugar que ocupe, para tratar de evitar esta hemorragia de gasto y deuda crecientes: puede optar por unirse a quienes quieren expandir más el gasto o por quienes, sensatamente, saben que para mantener lo esencial hay que reducir todo lo que no sea imprescindible y volver a niveles de gasto previos a la pandemia. Ni verde, ni azul, ni rojo: ortodoxia, matemáticas y sentido común, eso es lo que necesita la economía.