España no es Sudán

Para una vez que alguien en el PP le canta las cuarenta como Dios manda a este Gobierno autocrático, van y no sólo le mandan callar sino que le obligan a suscribir un ridículo comunicado en el que obviamente no cree. Esteban González Pons pudo expresar más alto pero no más claro lo que opina el 75% de los españoles —incluido más de medio electorado socialista— acerca del asalto de Franquito Sánchez al poder judicial en general y en particular sobre esa amnistía a terroristas que está adquiriendo ya tintes de cachondeo padre:

—El Tribunal Constitucional interfiere o sustituye el trabajo del poder judicial—, comenzó señalando el vicesecretario popular a propósito de las sentencias pumpidescas que han enmendado de mala manera la plana al Tribunal Supremo para favorecer al rastas pateapolicías de Podemos y al ex número 1 de ETA Arnaldo Otegi. Totalmente de acuerdo con don Esteban porque es sencillamente vomitivo en términos éticos, morales y legales.

No quedó ahí la perorata del político valenciano en el Círculo Ecuestre de Barcelona:

—El cáncer del Estado de Derecho hoy es el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido—, abundó en su reflexión.

El único error de González Pons fue dar por sentado que se plantean no recurrir nunca más al tribunal de garantías por la perogrullesca razón de que los fallos están politizados hasta la náusea. Jamás uno solo de los siete magistrados izquierdistas ha roto la férrea disciplina de voto desde que Sánchez renovó el Pleno hace dos años colando entre otros, manda huevos, al que hasta unos meses antes había sido su ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Los votos discrepantes representan un vestigio de un pasado algo mejor.

La metástasis que se está llevando por delante la independencia judicial es sin duda alguna el sistema de elección del gobierno de los jueces

Aunque obviar de por vida al tribunal con sede en la calle Domenico Scarlatti es lo que toca ética y estéticamente, constituiría un profundo error en términos prácticos porque cualquier elevación de la ley de amnistía al ámbito judicial europeo por parte de una formación política tiene como requisito sine qua non previo la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en España. Sea como fuere, chapeau a un González Pons al que forzaron también a rogar perdón a los enfermos oncológicos por emplear la palabra «cáncer» [sic, no es broma].

Nadie que haya haya padecido o padezca cáncer, ni siquiera ninguno de sus familiares, es decir, todos los españoles, se sintió incomodado por estas palabras. Entre otras elementales razones porque el diccionario de la RAE también recoge la acepción metafórica: «Proliferación en el seno de un grupo social de situaciones o hechos destructivos». Una definición que parece inventada para describir la coyuntura patria en esta España franco-sanchista.

La deriva del Tribunal Constitucional está adquiriendo, ciertamente, tintes bananeros. Pero el problema de la Justicia no reside únicamente en la institución que preside Cándido Conde-Pumpido. La auténtica metástasis que se está llevando por delante la independencia judicial es el sistema de elección del gobierno de los jueces. El poder político sigue conformándolo a su capricho aun cuando la Carta Magna señala taxativamente que 12 de sus 20 miembros han de ser nominados por sus compañeros de la carrera y los ocho restantes por el Parlamento. Ese Felipe González que ahora va por la vida dando lecciones de democracia quebró en 1985 el infinitamente más ecuánime modus operandi que había imperado desde el inicio de la Transición a la hora de escoger a esos miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, entre otras cosas, resuelven los destinos de los magistrados y los ascensos. Ni más ni menos.

Mariano Rajoy empeñó su palabra por Alberto Ruiz-Gallardón interpuesto para acabar con «el obsceno espectáculo de ver a políticos designar a los jueces que pueden juzgar a esos políticos». Los españoles otorgaron masivamente su confianza al registrador pontevedrés el 20 de noviembre de 2011 y luego si nos vio no se acordaba porque las cosas permanecieron igual que siempre desde 1985. La quiebra de esa separación de poderes inherente a cualquier democracia digna de tal nombre continúa inamovible casi cuatro décadas después haciendo del nuestro un país menos libre, más controlado e inevitablemente muy poco justo.

Mucho me temo que la reunión que Reynders ha convocado el miércoles en Bruselas entre Bolaños y González Pons no servirá para nada

Tal vez lo mejor que hizo Pablo Casado fue bloquear la renovación del CGPJ para impedir que Franquito Sánchez colonizase ya definitivamente la Justicia dando por finiquitada la democracia tal y como la hemos conocido en España desde 1977. Esa magistral jugada ha impedido que nos parezcamos más a Venezuela que a Alemania o a Francia. Alberto Núñez Feijóo ha mantenido el buen criterio: el presidente del PP es igualmente consciente de que dar su brazo a torcer en este espinoso apartado constituiría el tiro de gracia para un sistema ya de por sí amenazado por el catálogo de salvajadas conocido por todos. Es lo que le faltaba a la España de los indultos, la derogación de la sedición, la cuasilegalización del trinque público, es decir, de la malversación, la amnistía en sí, la amnistía a los terroristas en particular y esas comisiones parlamentarias de lawfare que dejarán al poder judicial como una banda de prevaricadores de tomo y lomo.

El ganador de las generales tiró por la borda buena parte del prestigio ganado en esta materia al proponer en la antesala de la Navidad la designación de un mediador, un árbitro o como carajo queramos llamarlo para aproximar posturas entre PSOE y PP en la congelada renovación del CGPJ. El mismo Feijóo que tildó de «humillación insoportable» el nombramiento del salvadoreño Francisco Galindo como «mediador» en las negociaciones con Junts en Suiza es el que apenas un mes después planteó la necesidad de un intermediario para desatascar un CGPJ que lleva un lustro en funciones. Todo lo cual lleva a hacernos la siguiente pregunta: ¿hay mediadores buenos y mediadores malos? ¿O cómo? Yo, al menos, no lo pillo.

El elegido para hacer las veces de hombre bueno entre Gobierno y PP en el caso CGPJ es Didier Reynders, comisario europeo de la materia, gerifalte del partido liberal belga (Movimiento Reformador), amante de España, buen amigo en tiempos de Pablo Casado y obsesionado con la despolitización de la Justicia. Su prestigio está acreditado más allá de toda duda razonable. Y Dios quiera que me equivoque y el resultado sea el que los demócratas españoles esperamos, que los jueces puedan elegir 39 años después la absolutísima mayoría del gobierno corporativo, de ser así, el primero que se pondrá a aplaudir a Alberto Núñez Feijóo cual súbdito norcoreano será el arriba firmante.

En Bruselas se contempla con estupor que un país como España haya planteado la figura del mediador para resolver un problema internoMucho me temo que la reunión que Reynders ha convocado el miércoles en Bruselas entre el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes —toda una declaración de intenciones—, Félix Bolaños, y el hombre de la semana, Esteban González Pons, no servirá para nada. Básicamente porque Moncloa dice que naranjas de la China a la modificación del sistema de digitación de los 20 consejeros, vamos, que la politización total es innegociable por intocable.

En Bruselas se contempla con estupor que un país sistémico como España, la cuarta economía de la zona euro, el cuarto más poblado, haya planteado la figura del mediador para resolver un problema interno como si fuéramos un estado fallido del tercer mundo. La idea ha causado un mix de carcajadas y vergüenza ajena. En el PP el cabreo es descomunal. El propio José María Aznar ha trasladado su malestar por esta charlotada cuya autoría intelectual corresponde, cómo no, a los chanquetes genoveses. Sobra decir de quién es la responsabilidad por aceptarla. El eco de las risas aún resuena en Ferraz al ver cómo el rival le servía en bandeja el argumentario para contrarrestar la barrabasada del mediador con Junts en Suiza.

La ONU creó la figura del mediador para poner paz entre países enfrentados a cara de perro o para aplacar las guerras civiles que son moneda de uso corriente en el África subsahariana, en algunos puntos de Asia y en tiempos en Centroamérica. Los árbitros fueron esenciales en la pacificación de El Salvador, en la antigua Yugoslavia y ahora intentan sofocar las cruentas batallas internas en Sudán y los conflictos con Sudán del Sur. El 36 queda afortunadamente 88 años atrás, aquí no nos matamos cual tutsis y hutus y, desde luego, no andamos a misilazos con nuestros vecinos. Yo no entiendo nada.