España en manos de Otegi y Junqueras

Esta semana pasada ha sido pródiga en noticias significativas en el Congreso de los Diputados. En el Pleno, Sánchez consiguió asegurarse el final de la legislatura -tan importante para su interés político personal- con la aprobación de los presupuestos para el próximo ejercicio. Aunque no fue la única iniciativa conseguida con sus aliados prioritarios Bildu y ERC, -con el PNV de cooperador necesario siempre- que le han permitido asegurarse un año más en La Moncloa, lo que gracias a ellos representa cuando menos cinco años y medio más en la presidencia del Gobierno.

Con él ha llegado una nueva etapa en la actual Constitución que instaura una ruptura de los acuerdos tácitos que existían entre los principales partidos. El primero y principal, la inexistencia para él de líneas rojas infranqueables para la gobernación de España, como son los pactos con los sucesores políticos de ETA, que han cambiado de medios pero no de fines, y con los secesionistas catalanes, unos sin condenar su pasado terrorista y los otros repitiendo que lo «volverán a hacer». Pese a ello, Sánchez ha «normalizado» el pacto con los bildus, tanto en Navarra como a nivel nacional ahora, preparando un tripartito también con ellos en el País Vasco, además de hacerlo con ERC en Cataluña. El modelo de su Gobierno con Podemos de socio y con unos y otros de aliados parlamentarios, respectivamente, parece la referencia a seguir, con España de víctima propiciatoria a merced de quienes tienen por objetivo declarado la ruptura de nuestra unidad nacional. Resultaba inimaginable que esa estrategia pudiese estar dirigida desde La Moncloa, pero con Sánchez es así, y cada día que pasa con él en esa posición, se incrementa el daño infligido.

El PSOE se ha convertido en un juguete en sus manos, con sus diputados aplaudiendo entusiastas que se modifique «a la carta» el Código Penal para contentar a sus amigos secesionistas, y que lo puedan intentar otra vez sin problemas con la Justicia. Es una muestra clara de lo que significa la «desjudialización» de la política; es decir, que los políticos —secesionistas— tengan la impunidad garantizada para violar todo el orden constitucional, comenzando por atentar contra el fundamento de nuestra Carta Magna que radica en «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de los españoles…» Así vemos que Patxi López ahora es el entusiasta portavoz de los palmeros de la sedición en el Congreso, cuando se enfrentó a él junto con Susana Díaz en las primarias del PSOE, reprochándole en el debate televisado el carecer del conocimiento debido acerca de lo que es la Nación -«un concepto discutido y discutible»- había dicho, haciendo suya la definición dada por Zapatero en el Senado en 2007.

Con estos mimbres hay que arar, y con ellos se hace posible la realidad de una nueva legislatura en el Gobierno que abriría la puerta del ejercicio de la autodeterminación por las comunidades catalana y vasca, cuya senda está alfombrando Sánchez con sus socios podemitas, sus aliados Bildu, ERC y PNV, junto a ese acompañamiento coral por parte de sus palmeros, teóricos representantes de la soberanía nacional en el Congreso. Nunca pensé que esta hipótesis pudiera ser algo más que una mera posibilidad intelectual y teórica; pero ahora, y por desgracia, es una muy grave posibilidad. A los que aleguen que ese escenario es irreal, me permito corregirles reiterando lo contrario, ante la evidencia de la próxima eliminación del delito de sedición de nuestro ordenamiento punitivo, convirtiendo un golpe de Estado desde las instituciones en un delito de desórdenes públicos «agravados». O sea, equiparable a lo que hacían la CUP y sus CDR incendiando las calles y quemando contenedores.

El único obstáculo institucional que tiene ante sí el sanchismo es el de dos tribunales, el Supremo y el Constitucional, y de ahí su obcecado intento por controlarlos y avanzar hacia su deseada III República. Ciertamente, el artículo 8 de la Constitución contiene un mandato expreso de garantizar la integridad territorial de España, pero mejor es no pensar en ello mientras se pueda impedir por la fuerza de los votos, que es lo que ahora corresponde a los españoles.