El error económico y social de la regularización masiva

La reciente apuesta del Gobierno por una regularización masiva de inmigrantes en situación irregular es un absoluto error, tanto en términos de convivencia como, sobre todo, desde una perspectiva económica.

En primer lugar, resulta difícil obviar una cuestión elemental de orden público. La regularización sin una verificación rigurosa de antecedentes penales y policiales no es un asunto menor ni una objeción retórica. El Estado de Derecho se fundamenta en la seguridad jurídica y en la protección de los ciudadanos. Renunciar a controles exhaustivos implica asumir, aunque sea de forma implícita, el riesgo de integrar en el sistema a individuos que podrían haber cometido delitos. No se trata de estigmatizar, sino de aplicar el mismo estándar que se exige a cualquier ciudadano o residente legal. La convivencia no se protege con declaraciones de intenciones, sino con instituciones que funcionan.

Ahora bien, más allá de esta dimensión, otra parte fundamental del problema es económico. España parte de una situación fiscal extraordinariamente delicada: un nivel de deuda pública disparado, un déficit estructural persistente y un sistema de prestaciones que ya presenta signos evidentes de insostenibilidad. En este contexto, incorporar de golpe a cientos de miles de nuevos beneficiarios potenciales de ese sistema no es una decisión neutral.

El diseño actual de las prestaciones en España adolece de un problema bien conocido en economía: genera desincentivos al trabajo formal y favorece la economía sumergida. Cuando determinadas ayudas superan, en términos efectivos, los ingresos que se obtendrían en empleos de baja cualificación, el resultado es claro: se reduce la participación en el mercado laboral formal y se incentiva la permanencia en circuitos informales. Si a ello se añade la posibilidad de acceder a más de mil euros mensuales en distintos tipos de prestaciones, el coste agregado de la medida puede alcanzar magnitudes muy significativas.

A este impacto directo hay que sumar el uso intensivo de los servicios públicos. Sanidad, educación, servicios sociales, vivienda pública: todos ellos tienen una capacidad limitada y ya operan, en muchos casos, al borde de la saturación. Incorporar a medio millón de personas —cifra que, seguramente, es mayor y que, previsiblemente, crecerá de forma notable con los procesos de reagrupamiento familiar— supone tensar aún más unos servicios que no han sido dimensionados para absorber ese incremento de demanda. La experiencia comparada muestra que estas dinámicas no son lineales: el crecimiento puede ser exponencial, superando ampliamente el millón de personas en un horizonte relativamente corto.

El resultado es un aumento del gasto público estructural en un momento en el que las cuentas públicas no admiten más presión sin comprometer seriamente su sostenibilidad. No hay que olvidar que cada euro adicional de gasto debe financiarse vía impuestos o vía deuda, y ambas opciones tienen consecuencias. Más impuestos erosionan la competitividad; más deuda, que son impuestos diferidos, traslada el problema al futuro, incrementando la vulnerabilidad de la economía.

Pero quizá el efecto más profundo, y menos debatido, es el impacto sobre la estructura productiva. La llegada masiva de mano de obra de baja cualificación tiende a reconfigurar el tejido económico hacia actividades intensivas en trabajo poco cualificado y de bajo valor añadido. Esto no es una cuestión ideológica, sino un resultado consistente con la teoría económica y la evidencia empírica.

España ya presenta un problema crónico en este ámbito: un modelo productivo excesivamente apoyado en sectores de baja productividad. En lugar de corregir esta debilidad, una política como la actual la acentúa. Las empresas, enfrentadas a un incremento de costes derivado de subidas del salario mínimo, ajustan por la vía de la estructura de producción. Si existe abundancia de mano de obra poco cualificada, el incentivo para invertir en capital, tecnología o innovación se reduce.

Al mismo tiempo, los profesionales mejor formados —aquellos en cuya educación se ha invertido de manera significativa— encuentran cada vez menos incentivos para permanecer en el país. Si su productividad no se ve adecuadamente remunerada, la emigración se convierte en una opción racional. Se produce así un doble efecto perverso: se atrae capital humano de menor cualificación mientras se expulsa el de mayor valor añadido.

El resultado agregado es un deterioro de la productividad, que es, en última instancia, el motor del crecimiento económico a largo plazo. Sin productividad no hay salarios reales crecientes, ni mejora del nivel de vida, ni sostenibilidad del Estado del bienestar. Todo ello conduce hacia una economía más pobre, más dependiente de subsidios y menos competitiva en el contexto internacional.

En definitiva, la regularización masiva, tal y como se plantea, no sólo introduce riesgos evidentes en términos de convivencia, sino que, sobre todo, supone una apuesta económica profundamente cuestionable. Ignora los incentivos, sobrecarga unas cuentas públicas ya tensionadas y contribuye a consolidar un modelo productivo de bajo valor añadido.