El Gobierno hace caja con la regularización: prevé cobrar a los inmigrantes 44 millones en tasas

El Gobierno prevé ingresar 44,7 millones de euros en tasas cobradas a los inmigrantes que accedan a la regularización. Así se desprende de la documentación vinculada al real decreto, aprobado el pasado 14 de abril, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desglosa esa cantidad total en 28,7 millones en concepto de tasas por autorización -38,28 euros por inmigrante-, estimando una previsión de 750.000 emisiones.

Además, contempla otros 16 millones por la emisión de las tarjetas de identidad de extranjero (TIE). En este caso, el cálculo se realiza «con base en un millón de emisiones de tarjetas, que incluye las 500.000 derivadas de las autorizaciones» a las que se refiere el real decreto de regularización masiva, «así como aquellas derivadas de la modificación» de otros artículos del Reglamento de Extranjería.

La memoria recoge también los costes asociados al proceso de regularización, que ascienden a un total de 35,2 millones de euros.

Esta cuantía se desglosa en varias partidas, como los costes de seguridad derivados de la ampliación del horario de oficinas -un millón de euros-, o los incentivos al personal de Extranjería, para que «aumenten su jornada laboral» -1,1 millones-. El encargo a Tragsa -que se ocupa también de la recepción de solicitudes- supera los 5 millones, y la atención telefónica supone un coste de 2 millones.

Choque en el Gobierno

Como reveló OKDIARIO, la regularización provocó desencuentros en el seno del Gobierno.

La memoria de alegaciones revela las discrepancias entre ministerios. El Ministerio del Interior reclamó a Inclusión que el informe policial para la regularización fuese «vinculante», pero la petición no se incorporó al real decreto aprobado en el Consejo de Ministros.

El texto final determina que «la existencia de antecedentes en el informe policial no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización» y que será un funcionario de Extranjería el encargado de valorar si la persona extranjera representa una «amenaza».

El departamento de Fernando Grande-Marlaska estimó «imprescindible» que el informe sobre los antecedentes policiales de la persona extranjera, uno de los documentos que se deben recabar durante el trámite de regularización, tuviese un «carácter vinculante» o que su «valoración», a efectos de conceder o no la autorización, correspondiese a Interior.

El real decreto establece que, en caso de que el solicitante tenga antecedentes en el informe policial, será «el órgano competente para tramitar la solicitud», es decir, el personal de Extranjería, el encargado de «valorar de forma casuística y circunstanciada que la persona extranjera no suponga una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea».

Inclusión, en cambio, rechazó la petición justificándose en una directiva europea sobre el estatuto de los residentes de larga duración que «exige que cualquier decisión basada en razones de orden público o seguridad pública se fundamente en una evaluación individualizada del comportamiento personal y en la constatación de una amenaza real, actual y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad». Igualmente, estimó que sería contrario a «la doctrina del Supremo».

«La Administración está obligada a realizar una valoración individualizada y motivada del comportamiento personal del solicitante, ponderando todas las circunstancias del caso y aplicando criterios de proporcionalidad», respondió Inclusión, concluyendo que «los antecedentes policiales no pueden operar como causa automática de rechazo sino como un elemento más dentro de un análisis casuístico que garantice la adecuada protección del interés general y el respeto al marco jurídico europeo y nacional».

El proceso está en manos de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Además del informe policial, los funcionarios de Extranjería tendrán que recabar «de oficio» otro del Registro Central de Penados y otro más de las bases de datos de la Unión Europea. Todos ellos tendrán que ser emitidos en un plazo de apenas quince días. Interior también reclamó que no se fijasen plazos concretos.

Los antecedentes policiales incluyen las detenciones, identificaciones e investigaciones por delitos o infracciones. Se trata de una información relevante, pues el inmigrante puede no haber generado antecedentes penales por hallarse aún el procedimiento judicial en curso. Este periódico ya reveló que presos acusados de yihadismo y narcotráfico, aún sin condena, en prisión preventiva, se habían interesado en las cárceles por los trámites para la regularización.

Informes secretos

OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a la documentación asociada al real decreto de regularización.

Hace unos días se conoció que el Ejecutivo había declarado «secretos o reservados» los documentos relacionados con el proceso.

Lo hizo en respuesta a una solicitud de datos e informes por parte del Partido Popular en el Congreso. En concreto, los populares reclamaban el acceso a informes técnicos, evaluaciones internas, análisis jurídicos, así como comunicaciones entre ministerios implicados y advertencias procedentes de instituciones europeas sobre el impacto en el espacio Schengen.

En su respuesta, el Ejecutivo aseguró que el Ministerio de Inclusión no tenía constancia de la existencia de estos informes. También descartó aportar las comunicaciones entre ministerios sobre la elaboración del real decreto. Y en lo relativo a los informes de Interior, se blindó su acceso alegando que se encontrarían afectados por la Ley de Secretos Oficiales, de 1968, clasificándolos por tanto como «secretos o reservados».