El Gobierno monta un referéndum virtual para apoyar su regularización masiva: «Fortalece la democracia»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto una consulta virtual para apoyar la regularización masiva de extranjeros que se encuentran en situación administrativa irregular en España. El Ejecutivo socialista ha puesto en marcha esta iniciativa para promover la «inclusión intercultural» como base para «fortalecer la convivencia, la cohesión social y la legitimidad democrática».

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, ha lanzado esta consulta junto al Consejo de Europa (una institución ajena a la Unión Europea).

Desde este organismo del Gobierno se invita a los ciudadanos a mandar «aportaciones que contribuyan a fortalecer las democracias inclusivas en contextos sociales cada vez más diversos».

La consulta lanzada por Inclusión forma parte de un proceso para elaborar los diez principios para «revitalizar la democracia en sociedades diversas». El Gobierno se vanagloria de ponerlo en marcha «en colaboración con el Comité de Expertos en Inclusión Intercultural (ADI‑INT) del Consejo de Europa», un organismo sin vinculación con la UE y que, actualmente, preside España.

«Sociedad inclusiva, democracia fuerte»

El borrador propuesto por Inclusión y el Consejo de Europa se titula: «Sociedades inclusivas, democracias más fuertes». Se trata de un decálogo con el que el Gobierno pretende «reforzar las democracias del continente mediante la inclusión intercultural». Específicamente, busca «un enfoque que promueva la igualdad, la participación activa, la interacción positiva y el reconocimiento de la diversidad como una fortaleza, favoreciendo que todas las personas participen plenamente en la sociedad».

Específicamente, el primer punto habla de «adoptar medidas para garantizar que todas puedan disfrutar de los mismos derechos y acceder a las mismas oportunidades, independientemente de su origen, identidad o circunstancias». Un argumento similar al que el Gobierno ha utilizado para justificar la puesta en marcha de la regularización masiva de extranjeros irregulares.

El segundo punto señala la importancia de una gestión de la diversidad «de manera inclusiva» porque «fortalece el vínculo entre las instituciones y la ciudadanía». Además, asegura que es necesario que las instituciones reflejen «la diversidad real de la sociedad».

Además, anima a la ciudadanía a participar de «las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas». «La participación no se limita a votar en las elecciones», subraya. En su lugar, asegura que es necesario formar parte de «grupos vecinales, asociaciones, escuelas, lugares de trabajo, iniciativas culturales, religiosas y deportivas, y otros espacios de toma de decisiones».

El OBERAXE interpela directamente a las «personas interesadas», entre las que señala a individuos y a «organizaciones e instituciones». Y les anima a participar en la consulta y «compartir su experiencia, conocimientos y puntos de vista». «Todas las contribuciones serán fundamentales para enriquecer este proceso colectivo y avanzar hacia democracias más inclusivas, participativas y cohesionadas», expresan desde el organismo dependiente del Ministerio de Elma Saiz.

El enlace que la institución ha puesto a disposición de los ciudadanos en su página web oficial estará abierto durante los próximos días para que las personas interesadas puedan «enviar aportaciones, en español, inglés o francés».

Regularización masiva del Gobierno

PSOE y Podemos acordaron a finales de enero una regularización masiva de inmigrantes que, posteriormente, acabó aprobándose en el Consejo de Ministros.

La medida beneficia a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y, en sus primeros cálculos, puede suponer la regularización de más de medio millón de personas, pero que podrían ser 300.000 más si recurren a la figura del arraigo, lo que permitiría también incluir a familiares de estos beneficiarios. Estos tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, algo para lo que simplemente será necesario aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales u otros como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

El procedimiento permite que los inmigrantes ilegales tengan derechos desde el mismo momento de la presentación de la solicitud, pues ya entonces quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona. Cuando se admita a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.