Marlaska deja para finales de 2027 el control del gas radiactivo que afecta a 700 cuarteles de la Guardia Civil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dejado para finales de 2027 el control del gas radiactivo que afecta a más de 700 cuarteles de la Guardia Civil, el 34%, y cuya inhalación supone la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón después del tabaco, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pese a que Marlaska tiene obligación de controlar el gas radón desde junio de 2024, sigue sin darse cumplimiento a la normativa. Y no sólo eso, sino que no prevé hacerlo hasta tres años después, según ha podido saber OKDIARIO. Ha sido la Guardia Civil quien ha informado de que no se controlará este gas radiactivo «hasta, como mínimo, finales del próximo año». Así lo ha revelado esta semana en la Comisión de Riesgos Laborales.

Hasta que no se hagan las mediciones de este gas en los cuarteles, no se podrán llevar a cabo medidas preventivas que garanticen la salud de los trabajadores, entre ellos mujeres embarazadas, para las que existe un riesgo especial. Hasta la fecha, ni siquiera ha sacado a licitación el contrato para llevar a cabo las mediciones.

La noticia ha sentado «muy mal» dentro del Cuerpo entre los agentes, por «la inacción» demostrada por Interior frente a este gas que pone en jaque a miles de guardias civiles y sus familias, ya que muchas de las instalaciones afectadas son casas cuartel. De hecho, ni se ha informado a los trabajadores de las zonas afectadas del riesgo al que están expuestos. Desde el Servicio de Prevención nadie se ha dirigido a ellos.

En la Policía sí hay contrato

«Excusa tras excusa, Interior sigue sin cumplir con sus obligaciones para controlar este gas cancerígeno», denuncia en OKDIARIO la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, subrayando que «Interior está poniendo en peligro la salud de miles de agentes y familias».

Sin embargo, para la Policía Nacional sí ha adjudicado un contrato que incluye el estudio y las mediciones de gas radón en sus instalaciones (Expediente Z26RL001/050).

«Mismo Ministerio, mismo riesgo invisible, distinta protección», critica indignado Eugenio Nemiña Suárez, responsable jurídico de la AUGC, así como vocal en el Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales, destacando que desde esta asociación no van a permitir «que se siga jugando a la ruleta rusa con la salud de los guardias civiles», quienes han de prestar servicio en «sótanos que son auténticas trampas tóxicas».

Además, anuncia en este diario que van a utilizar este precedente de la Policía para exigir, con más contundencia que nunca, la implementación inmediata de mediciones urgentes y la adopción de medidas preventivas en todos los acuartelamientos afectados. Y así lo transmitirán a la directora general, Mercedes González, en el pleno del Consejo.

«El uniforme no es un escudo contra el cáncer, y las leyes están para que, en primer lugar, las cumplan quienes las aprueban», sostiene Nemiña, quien lamenta «el trato discriminatorio» que en la Guardia Civil sufren «históricamente respecto al Cuerpo hermano».

«Es absolutamente inaceptable e indignante ver cómo otro cuerpo policial se adelanta y protege a su capital humano, mientras a los guardias civiles se nos obliga a seguir respirando incertidumbre y veneno», declara indignado.

La AUGC no descarta denunciar ante la Comisión Europea los incumplimientos en esta materia en la Guardia Civil, ya que nos ampara una Directiva de 2013 que obliga al Estado español a adoptar medidas preventivas para la salud de los trabajadores y en su artículo 54 establece la obligación de realizar mediciones en los lugares de trabajo.

El gas radón sale por las fisuras que hay en el suelo y si supera los índices fijados por la OMS hay que emprender acciones, cerrando las dependencias si es necesario o haciendo reformas para evitar que se filtre en las instalaciones. El riesgo de exposición en los cuarteles es muy elevado, ya no sólo por las zonas, por estar dentro de la cartografía publicada por el Consejo de Seguridad Nuclear, sino también por encontrarse gran parte de las dependencias de la Guardia Civil en sótanos o plantas bajas.

«Si no se hacen mediciones, no se pueden tomar medidas preventivas y el trabajador, sin darse cuenta, porque es un gas que ni huele ni se nota, puede estar enfermando y acabar falleciendo e incluso que esa enfermedad no sea reconocida del trabajo», destaca Eugenio Nemiña. Él mismo podría estar respirando este gas, ya que trabaja en una planta -2.

Ante la respuesta recibida que aleja tanto en el tiempo «proteger a quienes nos protegen», Eugenio Nemiña, que está destinado en la Comandancia de La Coruña, ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por la grave situación de desprotección que se vive en su Comandancia. La redactó el mismo día de la reunión de la Comisión de Riesgos Laborales, el pasado miércoles, tras el viaje de Madrid a la casa cuartel, y la formalizó a la mañana siguiente. 

En dicha Comandancia, el bar, diversos despachos y oficinas, así como los vestuarios, se encuentran en la planta -1, y los calabozos de detenidos e instalaciones para su custodia en la -2.

El pasado verano, delegados de la asociación de varias provincias también presentaron sendas denuncias contra la Guardia Civil ante la Inspección de Trabajo, entre ellos los de Córdoba, Sevilla y Murcia, para impulsar este problema que tanto preocupa a los agentes.

Las perlas de la Comisión

El pasado jueves, Eugenio Nemiña también envió un escrito al presidente de la Comisión de Riesgos Laborales para hacer apreciaciones a una serie de perlas que se habían expuesto y que estaban alejadas de la realidad, tales como que el gas radón «pesa poco» y que por tal motivo se deposita en las plantas bajas y bajo rasante; que las concentraciones de radón «se eliminan muy fácilmente con la mera ventilación»; y que «para que una persona resulte perjudicada, el radón debe hablar en concentración alta y el individuo muy próximo a ella».

En su escrito también aclara «para la mejor gestión de la situación», que, lejos de lo vertido, el gas radón es uno de los gases más densos que existen, que no es la densidad la causa principal de que se concentre en plantas bajas y sótanos, sino «la proximidad al terreno, que es la fuente del gas», que se genera de forma continua en el subsuelo y penetra en los edificios a través de las grietas, juntas y fisuras de los elementos en contacto con el terreno, acumulándose en los espacios inferiores.

A ello añadió que de la idea errónea de que «el gas se queda abajo por su peso», se deriva la suposición, también errónea, de que basta con airear para que «se vaya». Y que como la entrada del terreno es permanente, el gas continúa penetrando mientras exista la vía de infiltración, «por mucho que se ventile». También destacó, entre otras cuestiones, que la afirmación de que «sólo resulta perjudicado quien permanece muy próximo a la concentración, porque las partículas sólo alcanzan unos metros», tampoco se ajusta a la realidad. 

Galicia, Extremadura y Andalucía

Como reveló en exclusiva este diario el pasado mes de julio, hasta 710 cuarteles de la Guardia Civil están afectados por este gas radiactivo, de acuerdo a los propios datos reconocidos por Interior. Galicia encabeza el ranking, con 196 cuarteles afectados, seguida de Extremadura, con 162, y Andalucía, con 112.

Después se sitúan Castilla y León, con 73; Aragón, con 56; Castilla-La Mancha, con 37; Canarias, con 36; y Cataluña, con 14. Le siguen Asturias, con cinco; Madrid, con cuatro; Murcia, Navarra y el sector de Tráfico de Extremadura, con tres en cada una; y el País Vasco, con dos. Por último, se encuentran Cantabria, La Rioja y la Dirección General de la Guardia Civil, con uno.

Expediente ‘fantasma’

El responsable jurídico de la AUGC libra una intensa batalla desde el verano de 2024 instando a que se adopten medidas cuanto antes. Y ha pillado a la institución en varios renuncios por su tesón, tratando de que se realicen las mediciones cuanto antes. 

Por ejemplo, la Guardia Civil aseguró en septiembre de 2024 que había puesto en marcha un proceso de licitación para contratar a una empresa que realizara las mediciones de este gas, como prueba un documento al que ha tenido acceso OKDIARIO. Sin embargo, hasta la fecha no hay rastro de licitación alguna.

La AUGC sostiene que el Ministerio del Interior «se intentó» la citada licitación para tapar su inacción y con ello tratar de desactivar las alarmas ante el incumplimiento. Fueron las reiteradas preguntas del responsable jurídico de la asociación, exigiendo información de qué medidas se habían adoptado, las que motivaron el citado escrito de la Benemérita informando de que estaba en marcha una licitación.

Al no localizarse licitación alguna sobre ello en la Plataforma de Contratación del Sector Público, Nemiña requirió en diversas ocasiones que se indicara el número del expediente. Al no recibir respuesta, la AUGC presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo en diciembre de 2024, así como al Consejo de Seguridad Nuclear.

Dos meses después de la denuncia, el Instituto Armado reconoció en la Comisión de Riesgos Laborales que no había expediente alguno. Posteriormente, el pasado mes de noviembre alegó que el Servicio de Acuartelamiento puso en marcha un expediente para la contratación del servicio a una empresa externa y que se encontraba en la Abogacía del Estado pendiente del informe jurídico preceptivo. Así las cosas, la Benemérita siempre habla de una «próxima contratación» que no llega.

La AUGC también ha pedido explicación a la directora de la Guardia Civil, pero no ha habido respuesta. No ha contestado todavía, pese a que el escrito le fue enviado el pasado mes de julio.

La normativa

La obligación de controlar los riesgos a los que están sometidos los agentes con este gas radiactivo entró en vigor el 22 de junio de 2024, a través del Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes.

El artículo 75.1.c establece que los titulares de todos los lugares de trabajo situados en planta baja rasante o planta baja de los términos municipales de actuación prioritaria a los que hace referencia el artículo 79, «deberán estimar el promedio anual de concentración de radón en aire en todas las zonas del lugar de trabajo en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder por razón de su trabajo, excluidas las zonas al aire libre».

Desde su publicación en el BOE el 21 de diciembre de 2022, Interior contaba con un año y medio de plazo para realizar estudios, contratar y empezar las mediciones. Respecto a las mediciones de gas, la norma entró en vigor en junio de 2024.

«Proteger a quienes nos protegen es una necesidad urgente», concluye la asociación mayoritaria de guardias civiles, que no cejará hasta que se adopten medidas.