Díaz y el injusto impuesto de sucesiones y donaciones

El impuesto de sucesiones y donaciones grava las transmisiones que se producen por donación mortis causa, que son las sucesiones, o las inter vivos que son las donaciones en sentido estricto. Es decir, es un impuesto que grava la transmisión de bienes, a familiares en la mayoría de los casos, que el donante ha adquirido a lo largo de su vida gracias a los recursos que generó y por los que ya pagó impuestos.

Este impuesto es injusto, no porque las CCAA puedan tener potestad sobre la fiscalidad de este impuesto estatal cedido a las regiones y puedan tener cada una distintos tipos de gravamen, ya que la competencia fiscal es sana y hace que el ciudadano pueda saber qué le ofrecen en cada lugar y llegar a votar con los pies. Es injusto porque es un impuesto que, en la práctica, se ha convertido en un atraco, dicho sea coloquialmente, pues es aberrante por confiscatorio. ¿Cuántas veces tiene que pagar en la vida un contribuyente por el mismo bien que da lugar a cada hecho imponible? Muchas, infinitas. Como bien describen Milton y Rose Friedman en Libertad de Elegir, el Estado, paternalista e intervencionista, nos ahoga con sus crecientes impuestos para sufragar el gasto de actuaciones que nunca deberían realizarse, y lo hace «de la cuna a la tumba».

Pues bien, en España, una persona que, con su esfuerzo, gana una renta, ha de pagar el IRPF; si ahorra y acumula un pequeño patrimonio, tiene que pagar por el impuesto de este nombre, y al fallecer o legar en vida a sus hijos sus bienes, habrán de ser satisfechos los correspondientes impuestos de sucesiones y donaciones. Por eso, es injusto. No porque no sea buena la competencia fiscal -que lo es, al poner ante el espejo la gestión de los políticos con el dinero público-, sino porque es un impuesto, al igual que el de patrimonio, arcaico y confiscatorio.

De hecho, los socialistas andaluces tuvieron que introducir en sus últimos tiempos una exención de un millón de euros en el impuesto de sucesiones para poder sacar adelante sus presupuestos, no por convicción, ya que ellos habrían deseado seguir sangrando a los contribuyentes andaluces con dicho tributo.

Ahora, Díaz quiere imponer un mínimo en sucesiones y donaciones en toda España, armonizando dicho impuesto, para evitar que quienes gestionen bien puedan bajar impuestos a sus ciudadanos. La izquierda más rancia que tenemos en Europa es la española, que sigue dividiendo al mundo en una clasificación absurda de ricos y pobres, alimentando la envidia y generando división.

Es curioso que ahora la izquierda quiera homogeneizar el impuesto, porque, cuando se debatió en el Congreso hace tiempo una proposición para eliminarlo, rápidamente, la izquierda y los independentistas votaron en contra de dicha propuesta alegando que va contra la autonomía fiscal -argumento de todos ellos- y que beneficia a los ricos y hace caer la recaudación -argumento adicional de la izquierda, especialmente-. Ahora, cambian de opinión y quieren ser lo más centralistas posible, salvo con sus socios independentistas, ante los que ceden en todo para seguir un tiempo más en el Gobierno.

Pues bien, ni va contra la autonomía financiera de las CCAA ni es una medida a favor de los ricos ni va en contra de la recaudación. En primer lugar, tanto que se quejan ahora los independentistas catalanes de que esto iría contra su autonomía financiera, y fueron ellos mismos los que renunciaron a ella el día en el que alargaron la mano para que el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) les cubriese todo su endeudamiento porque su nefasta gestión los tenía expulsados de los mercados, al estar sus cuentas al borde del colapso y su calificación crediticia ser la de bono basura. Yo no oí nunca entonces en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera –y estaba allí- quejarse a Cataluña, a Andalucía -en tiempos socialistas- o a Asturias del FLA; más bien, todo lo contrario: estaban encantados de desistir de sus obligaciones de política financiera, de su responsabilidad en la gestión, y ser rescatados por el Tesoro, mientras Madrid lograba financiarse gracias a la confianza que el mercado otorgaba a su gestión y a sus cuentas, pese a tener enfrente a casi todo el mundo desde el punto de vista político. Ésa es la realidad.

Además, con la eliminación del impuesto, las regiones no perderían nada, pues la Ley de Financiación Autonómica, en virtud del principio de lealtad institucional, recoge que si la Administración General del Estado suprime un impuesto cedido y merma, con ello, la capacidad de financiación regional, ha de compensarlo automáticamente.

Por otra parte, la eliminación del impuesto no beneficia a los ricos. Quienes tienen un patrimonio muy extenso, o bien pueden optar por otras fórmulas que permiten, legalmente, una transición menos agresiva en cuanto al gravamen fiscal, o bien pueden asumir sin problema el pago del impuesto, aun siendo igual de injusto que para quienes menos tienen. Yendo contra todos, a quien más daño hace es a la clase media, a las familias que heredan una casa, unos pequeños ahorros, un par de coches, unas acciones o, incluso, títulos de deuda pública que su familiar pudo suscribir en el pasado para, encima, ayudar a financiarse al Estado, y que ahora le devuelve el favor con una estocada fiscal después de muerto. Son miles las familias en España que han tenido que renunciar a la herencia por no poder pagar el impuesto, ya que el pago de éste era muy cuantioso y los bienes no eran tan líquidos como lo apremiante que era Hacienda. De esa manera, el sector público, en este caso el autonómico, se quedaba con todos los bienes, no sólo con el aberrante impuesto, dejando a muchas familias o absolutamente sin nada, o endeudadas hasta las cejas para poder pagar los tributos a la Administración.

Y, por último, no es cierto que se reduzca la recaudación. Madrid, que fue la que primero bonificó el ISyD al 99% para los familiares más cercanos, es la que más recauda junto con Cataluña, pese a tener un millón menos de población. Además, en los años en los que en ningún otro lugar existía dicha bonificación (hasta el año 2014), Madrid, con el impuesto más bajo de todas las regiones, era la que más recaudaba. De hecho, pese a tener Madrid entonces bonificado el impuesto al 99% y Cataluña no, Madrid llegó a recaudar 120 millones más al año que Cataluña.

Ahora, Díaz -y, probablemente, después, Sánchez y Montero- quiere imponer un mínimo común a todas las regiones. Esa medida, realmente, va directamente contra la Comunidad de Madrid, igual que la del Impuesto al Patrimonio bis o de las grandes fortunas-, ya que el intervencionismo no soporta mirarse al espejo madrileño que le demuestra que se pueden gestionar mejor gastando menos, dando los mejores servicios y con los menores impuestos de España.

Una vez más, la izquierda quiere meter la mano en el bolsillo de forma grosera e inmisericorde a los ciudadanos. El Gobierno de Sánchez, pese a que su partido tuvo que bonificar a rastras el ISyD en algunas regiones, como Andalucía (Montero se vio obligada a hacerlo), en su deriva hacia la extrema izquierda de Sumar y de Podemos, no sólo se niega a eliminar un impuesto que reduce la renta de los contribuyentes, que, con ello, hace disminuir el consumo y el ahorro y, con este último, la inversión, y que, con todo ello, hace caer la actividad económica, la recaudación y el empleo, al tiempo que grava infinitas veces a los ciudadanos por lo mismo a lo largo de su vida, siendo un impuesto injusto, letal y confiscatorio, sino que quiere acabar con los lugares donde está bonificado al 99%, como la Comunidad de Madrid. Un verdadero «atraco», una aberración de impuesto.

Si a la izquierda le molesta que la Comunidad de Madrid tenga los impuestos más bajos que sus regiones, ya saben qué tienen que hacer: bajarlos de la misma forma, porque tienen las mismas competencias que la Comunidad de Madrid. Si no lo hacen es porque quieren gastar cuanto más, mejor, mientras exprimen a los contribuyentes a base de más y más impuestos, y claro, para evitar que eso se note necesitan que Madrid no pueda demostrar que hay otra política económica posible. Esa medida que quiere imponer Díaz sí que pretende eliminar la autonomía financiera, al limitar la capacidad de decisión de las CCAA sobre los tributos cedidos y desincentivar la corresponsabilidad fiscal, al igual que han hecho con el Impuesto de Patrimonio. Un grave error que, de concretarse, sufriremos todos los ciudadanos, especialmente, los madrileños.