Fracaso de Yolanda Díaz: los funcionarios con un contrato temporal bajan sólo en 1.400 en todo 2023

Dos años después de que Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, aprobara la ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público el balance es irrisorio. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a cierre de 2023 la cifra de funcionarios que tenía un contrato temporal asciende a 1,062 millones, sólo 1.400 menos que un año antes.

Si extendemos el periodo a cierre de 2021, justo antes de la puesta en marcha por Yolanda Díaz de la contra reforma laboral y de la citada ley para reducir la temporalidad en el empleo público, el número de funcionarios con un contrato temporal ha bajado en menos de 14.000 personas. En diciembre de 2021 había en España -siempre según los datos del INE- un total de 1,076 millones de personas.

Y yendo aún más atrás en el periodo de tiempo, al segundo trimestre de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al poder tras una moción de censura a Mariano Rajoy que apoyó el PNV, la comparación es aún peor para este Gobierno. En junio de 2018, había en España 777.100 funcionarios con un contrato temporal, cifra muy inferior a la actual -1,062 millones-.

En porcentaje, el ratio de empleados públicos con un contrato temporal ha pasado del 24,9% cuando Sánchez llegó al poder, al 31% a cierre de 2021 y al 29,6% en diciembre de 2023.

Las cifras oficiales representan un fracaso para Yolanda Díaz, que se marcó como objetivo cuando aprobó la contra reforma laboral reducir la precariedad en el empleo. Los datos en la empresa privada sí han mejorado y ahora la temporalidad es del 14%, pero en la Administración pública sigue rozando el 30%.

Además, lo conseguido en el empleo privado se debe más a la obligación impuesta en la ley a los empresarios de hacer contratos fijos discontinuos para lo que antes eran trabajos temporales. Los contratos fijos discontinuos contabilizan como indefinidos en las estadísticas y no aparecen como parados. Esa imposición, junto con las limitaciones aprobadas en la norma para hacer contratos a tiempo parcial, ha reducido la temporalidad en la empresa privada del 30% al 14% en apenas dos años.

Pero Díaz no lo ha conseguido en las administraciones públicas, donde la reducción de la precariedad es mínima y en porcentaje se ha reducido del 31% al 29,6% en dos años ya de vigencia de la contra reforma laboral.

La ministra de Trabajo ha admitido públicamente en varias ocasiones que la reducción de la temporalidad en el empleo público es una de las asignaturas pendientes de su departamento. El 1 de mayo pasado, durante la manifestación por el Día del Trabajo, Díaz calificó de «indecentes» las cifras de temporalidad entre los funcionarios.

Sin embargo, de momento las leyes que ha aprobado no han servido para bajar del 30% el ratio de funcionarios con un empleo temporal.

Ahora, la ministra, líder de la coalición de partidos comunistas Sumar, vuelve a marcarse como objetivo reducir al 8% la temporalidad en el empleo público. El acuerdo de Gobierno firmado con el PSOE a finales de 2023, incluye un punto específicamente para este objetivo. «Culminaremos el proceso de estabilización de empleo temporal en las administraciones para consolidar un modelo de empleo público estable y de calidad, dando cumplimiento a la ley que establece un porcentaje máximo de temporalidad del 8% para el conjunto de los empleados de las Administraciones Públicas», señala el acuerdo.

Menos jornada laboral

Mientras Díaz fracasa hasta el momento con la estabilidad en el empleo público, se está centrando en imponer su agenda política en las relaciones entre los trabajadores y los empresarios. Ha impuesto ya sucesivas subidas del salario mínimo, que alcanzan el 50% desde que gobierna, y ahora el objetivo número uno es reducir la jornada laboral a 37,5 horas sin reducción del sueldo.

Lo primero lo ha impuesto a los empresarios y lo ha pactado sólo con los sindicatos. En cuanto a lo segundo, las negociaciones entre las tres partes acaban de empezar, pero ya ha advertido la ministra que la jornada se reducirá quieran o no los empresarios, estén o no estén éstos en el acuerdo final. Díaz ha llegado incluso a apoyarse en el Papa Francisco para justificar esa bajada de la jornada laboral, citando su Laudatio si para asegurar que las personas deben estar en el centro de las decisiones.