La crisis poselectoral hace fuertes a los golpistas

La ingobernabilidad de España comienza a dejar consecuencias. El delirio independentista se refuerza ante la debilidad de los partidos constitucionales, que siguen empeñados en mirarse de reojo ante la posibilidad de establecer un pacto de Gobierno que otorgue estabilidad al país. De todas las preocupaciones que se ciernen sobre nuestro horizonte más cercano, amén de la inversión internacional y el crédito, la acción de los golpistas catalanes es sin duda la más grave. Tras el acuerdo entre la CUP y Artur Mas, al otro lado del Ebro han recobrado la ilusión por poner en jaque la unidad de nuestra nación. Ahora más que nunca se hace necesaria la cohesión de las fuerzas constitucionales para, en el caso de que fuera necesario, formar un Gobierno de concentración que suspendiera la autonomía de Cataluña si Mas y sus secuaces intentaran aprovechar la crisis poselectoral para ubicarse en la total y absoluta desobediencia.

Junts pel Sí, con el objetivo de conseguir la investidura de Artur Mas, ha presentado una hoja de ruta a la CUP que parece el argumento delirante de una obra de Eugène Ionesco. En él, como si ya fueran una república independiente, el partido de estos chantajistas plantea la creación de un DNI y una tarjeta ciudadana de servicios que incluye sanidad, transportes o transacciones con la Administración. Una fantasía tanto en las formas como, sobre todo, en el fondo. Detrás de toda esta propaganda, está la realidad palmaria de los números: si los ciudadanos catalanes pueden demandar esos servicios fundamentales es gracias a la financiación del Fondo de Liquidez Autonómico que depende del Gobierno central. De lo contrario, y debido a los desmanes y corruptelas de los ‘padres de la patria catalana’, las personas que viven allí lo tendrían crudo para conseguir una mera aspirina.  

Junts pel Sí, protagonista de este vodevil sin gracia, va más allá y también pretende crear 15 nuevas ‘embajadas’ de la Generalitat, un servicio de espionaje así como acordar la titularidad y gestión del Archivo de la Corona de Aragón, además de instaurar un nuevo Ministerio de Exteriores catalán. No es un chiste de mal gusto, sino el dislate de estos locos estelados. Su plan, asentado en la demagogia más ponzoñosa, también promete un salario mínimo de 1.000 euros y la formación de funcionarios «para el nuevo Estado catalán». No tienen dinero ni para reponer pañales pero sí aspiraciones megalómanas de república bananera. De hecho, en un tic bolivariano que ni Maduro en Venezuela, Artur Mas, con tal de ser presidente, habría cedido ante Romeva y la CUP para expropiar a Acciona la concesión del agua por la que firmaron un acuerdo por 1.000 millones de euros de los que la empresa ya habría pagado 300. La compañía de José Manuel Entrecanales perdería tanto la cantidad abonada como los 5 millones en inversiones e infraestructura. Un desastre económico.

Los partidos constitucionales deben actuar rápido si no quieren que este problema adquiera categoría de realidad. Ahora mismo, y tras la fragmentación del voto, los golpistas catalanes han visto la fisura necesaria en el Estado para hacer de su nacionalismo un sayo y envolverse en una bandera de independencia que puede llevar a toda España a la ruina. Una España, y unos políticos nacionales, que deben reaccionar con responsabilidad a la hora de concretar pactos de Estado que, si fuera necesario, suspendieran la autonomía a unos personajes —lo de líderes políticos sería demasiado generoso— que sólo miran por sus intereses individuales aunque eso suponga la inanición de un pueblo catalán que carga con los desatinos de estos golpistas redomados.