Conde: sí pero a todos

La expeditiva detención de Mario Conde y otras seis personas más de su entorno de confianza por parte de la Guardia Civil debería servir de paradigma al respecto de cómo tendría que desarrollarse la actuación policial en otros casos de corrupción tanto o más graves que éste. Es incuestionable que un hombre acusado de ocho delitos contra la Hacienda Pública debe dar explicaciones lo antes posible ante la justicia. En ese sentido, la actuación de la Fiscalía Anticorrupción resulta impecable. Especialmente cuando, además, le atribuyen un blanqueo de 13 millones de euros desde el año 2000 y es reincidente. El expresidente de Banesto ha estado tres veces en prisión con anterioridad.

No obstante, sería deseable para la salud de nuestra sociedad que esa misma diligencia se pusiera en práctica en otros casos de flagrantes corruptelas. Algo que, por ejemplo, no ha sucedido con Rodrigo Rato, imputado por delitos fiscales, blanqueo y corrupción. El que fuera vicepresidente económico del Partido Popular fue detenido durante siete horas y después los agentes le permitieron regresar a su domicilio con la única privación de su pasaporte. Más sangrante aún es el caso de los Pujol. Los miembros del clan familiar cuyo rastro delictivo se extiende a lo largo y ancho de todo el mundo siguen en la calle.

Existe un reguero inagotable de nombres y cargos con los que el peso de la justicia no ha sido tan súbito ni tan absoluto en asuntos similares. Ahí está la antigua alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, parapetada tras su aforamiento, o el propio Alfonso Rus. El ex presidente de la Diputación de Valencia fue puesto en libertad provisional junto a sus más estrechos colaboradores después de que la Unidad del Crimen Organizado (UCO) y la Fiscalía Anticorrupción —los mismos que han denunciado a Conde— los calificaran como «organización criminal» por la financiación irregular del PP a través del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos y obras públicas.

Casos que, al igual que la excarcelación de Miguel Blesa, difieren bastante del modus operandi que han utilizado con Mario Conde, quien pasará 72 horas en prisión hasta que sea puesto a disposición judicial. Detenciones que también han afectado a sus vástagos Mario y Alejandra Conde Arroyo. Ésta última, que continúa encarcelada al igual que su marido, ha sido arrestada justo después de dejar a su hijo en el colegio, al que habían llevado a una sesión de radiología por sus problemas de cáncer. Recordemos que todo este caso está instruido por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Pedraz es el mismo hombre que se resiste a procesar al concejal podemita Guillermo Zapata, autor de los infames tuits donde se mofaba de las víctimas del nazismo y humillaba a Irene Villa y Marta del Castillo. Su obligación ahora es esclarecer si Conde y sus allegados han participado de la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y en España para traer de vuelta dinero apropiado de Banesto. Si así fuera, la justicia debería actuar con total contundencia. Sin embargo, las autoridades judiciales han de insistir en un trato igualitario para todos los casos. Única forma de hacer efectiva la regeneración sistémica que España necesita a todos los niveles.