Una comisión para las actas de ETA

Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Una máxima que debería justificar la apertura de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para arrojar luz sobre las concesiones del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero a la banda terrorista ETA, como reflejan las actas de negociación que ahora están viendo la luz.

El Ejecutivo actual —aún en funciones— es del mismo signo que entonces y bajo su mandato, tras las disolución de las anteriores Cortes y las elecciones del 28 de abril, se han producido dos hechos relevantes: la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior que gestionó el alto el fuego de ETA de marzo de 2006, con los secretos se ha podido llevar a la tumba, y la detención del jefe etarra Josu Ternera en Francia tras 17 años fugados de la Justicia. El primero ya descansa en paz, pero el segundo todavía tiene que responder a multitud de interrogantes. Ahora que está de moda que los presos desfilen por la Carrera de San Jerónimo, no habría inconveniente en que Ternera, una vez fuese entregado por las autoridades francesas, compareciese de manera presencial, como lo hizo Pablo Crespo —sin esposas— en la Comisión Bárcenas, o por videoconferencia desde la cárcel, como Francisco Correa.

¿Cómo fueron los encuentros clave entre el Gobierno de Zapatero y los emisarios de ETA? ¿Y entre la banda y los dirigentes del PNV? ¿Dónde están las armas empleadas que quedan por entregar? Las actas de aquella negociación entre el Ejecutivo y ETA, en poder de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, ya han dado pistas del nivel de miseria moral con que actuó el amigo de Maduro. Pero faltan equis por despejar.

La Administración Zapatero ofreció a ETA, por ejemplo, un “estatuto único” para País Vasco y Navarra, la legalización de Batasuna, no detener etarras, liberar a De Juana Chaos y otros presos enfermos, acabar con la ‘Doctrina Parot’ o solucionar el problema financiero de la banda terrorista a través de una organización internacional para que dejaran de enviar cartas de extorsión. E incluso Gorburu (nombre en clave de ZP) informó personalmente a un mediador de que Francia preparaba un golpe importante contra la banda tras la detención en 2005 de Ramón Sagarzazu, alias Alain, entonces jefe del aparato internacional de ETA.

Semejante deslealtad no merece estar recogida únicamente en las actas transcritas por quienes tienen las manos llenas de sangre como causantes de 858 muertes. La historia más negra del buenismo político ha de quedar recogida en el boletín oficial de la Cortes Generales, sede de la soberanía popular, y remitida a la Fiscalía, siendo la creación de una comisión de investigación la mejor fórmula para llegar a unas conclusiones al respecto lo más actualizadas y ajustadas a la realidad, posible.

Justo ahora en que el PNV chantajea a Pedro Sánchez con Navarra para que dé el gobierno a los nacionalistas y los proetarras, los mismos que ansían ese “estatuto único”, la apertura de dicha comisión, para la que es necesaria la firma de dos grupos parlamentarios o una quinta parte del hemiciclo, sería una muestra incontestable de la firmeza de los demócratas frente a los totalitarios. Y sobre todo, una renuncia al blanqueamiento y al olvido.